En forma unánime, la Corte d Apelaciones de Puerto Montt decidió acoger el recurso de protección en favor de la dueña del fundo Línea Pantanosa, en Frutillar, y ordenó a la delegada presidencial, Giovanna Moreira (PL), tomar una serie de medidas para resguardar la seguridad en el lugar.

Esto ocurre luego que el 30 de julio un grupo de personas de la comunidad indígena Weichan Mapu llegó al predio de más de 90 hectáreas, con la intención de tomarse el lugar como una forma de reivindicar terrenos ancestrales.

La propietaria del fundo denunció el hecho a Carabineros, por lo que la toma del terreno no se pudo concretar, quedando los miembros de la comunidad en el deslinde de los terrenos.

La dueña del predio, Jaqueline Pohl, recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones contra la delegada presidencial, quien había sostenido una reunión con los integrantes de la comunidad, y no así con los propietarios de las tierras, según consigna la acción legal.

El requerimiento fue acogido por los ministros de la Corte de Apelaciones por tres votos a cero (Jorge Pizarro, Patricio Rondini y la abogada integrante Margarita Campillay).

"hostigamiento y amenazas"

La acción de protección fue presentada por el abogado Juan Cristóbal Grünwald, e indica que las personas señaladas, junto a otros miembros no individualizados de la comunidad, se "han mantenido constante y permanentemente en el deslinde del predio, hostigando y amenazando a la actora (dueña del fundo) y miembros de su familia respecto de la citada propiedad, lo que ha derivado en nuevas denuncias y acciones penales".

El documento agrega que "la recurrida (delegada presidencial) ha sostenido reuniones con líderes de la comunidad indígena Weichan Mapu, dando señales equívocas en el sentido de no resguardar el estado de derecho y la protección de las víctimas, derivando lo anterior en los hechos de violencia señalados".

Se indica "que dichas reuniones se llevaron a cabo sin la presencia de la recurrente, alcanzado acuerdos que disponen de la entrada a terrenos de su dominio, sin haberse siquiera consultado a su parte, lo cual se constituye como una amenaza real, cierta y grave de las garantías que la Constitución establece en relación con la actora".

Solución pacífica

La abogada Mariana Rehbein, en representación de la delegada presidencial, argumentó en su respuesta al recurso que la autoridad "se ha reunido con todas las partes involucradas en los hechos descritos, y no solo con la comunidad indicada, las cuales han sido efectuadas por convocatoria del alcalde de Frutillar y en dependencias de dicho municipio, en donde la autoridad ha tenido una actitud dialogante y de acompañamiento para la búsqueda de una solución pacífica a la situación que afecta a la recurrente con la comunidad Weichan Mapu, por cierto en un predio de propiedad particular, factor determinante a la hora de dilucidar qué

"La dictación de este fallo nos transforma a nosotros en parte interesada, por ende nos haremos parte apelando"

Orietta Llauca, abogada de la comunidad

Opinión política Orietta Llauca, la abogada que representa a la comunidad Weichan Mapu, dijo que el fallo de la Corte de Apelaciones raya en "la ilegalidad". Según Llauca, "el fallo que ha dictado la Corte de Apelaciones de Puerto Montt nos parece que raya en la ilegalidad, y sin duda alguna extralimita sus facultades y competencias".

Recuerda que entre los distintos poderes del Estado de Chile existe independencia, "y el fallo de la Corte de Apelaciones, además de ser una opinión política, se inmiscuye en las políticas públicas. Es un fallo que vulnera la independencia de los poderes del Estado, pero lo más grave, es que es un fallo que faculta solapadamente de manera indeterminada y arbitrariamente a la delegada presidencial para operar en futuros hechos similares, y ello claramente es ilegal". De acuerdo a la abogada "la dictación de este fallo nos transforma a nosotros en parte interesada, por ende nos haremos parte apelando (a la Corte Suprema) e impugnando esta decisión ilegal".