El veredicto del juicio que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por presunta corrupción cometida durante sus períodos como mandataria (2007-2015) se conocerá el 6 de diciembre, anunció ayer el tribunal que lleva el caso.

Tras escuchar las palabras finales de Fernández, que los tildó de "pelotón de fusilamiento", los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del Tribunal Oral Federal 2, detallaron que el próximo martes deliberarán para emitir su sentencia.

Esta no es la única causa que afronta Cristina Fernández en la Justicia, pero se encendió la polémica el año pasado porque en tres causas -"Dólar Futuro", "Memorando con Irán" y "Hotesur y Los Sauces"- logró su sobreseimiento antes de que comenzaran las audiencias orales, aunque los tres expedientes están en revisión en tribunales superiores.

En tanto, la causa conocida como los "cuadernos de la corrupción" todavía no ha sido elevada a juicio.

Ataque

En este caso, que tiene 13 imputados, se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, apoyó este martes a su vicepresidenta en su cuenta de Twitter: "Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana".

En 2019, a días de asumir como vicepresidenta, cuando fue citada a declarar, pero no respondió preguntas, Cristina Fernández había acusado a los jueces de ser "un tribunal del 'lawfare' (guerra jurídica)" y de tener "la condena escrita", pero que a ella la "absolvió la historia" y, en cambio, a los jueces "seguramente les va a condenar la historia".

Ayer retomó sus palabras para indicar que en esa ocasión fue "muy generosa" y que, después de todo lo que le ha tocado vivir, en relación a la acusación y al fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre, por el que hay tres detenidos, el tribunal "en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento".

Por una videoconferencia desde su despacho del Senado, Cámara de la que es titular, Fernández dijo que todo se inició a "partir de la increíble diatriba" de los fiscales que "se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho", sino como editorialistas de los principales diarios del país; y anticipó que iba a publicar en sus redes sociales las "veinte mentiras de la causa vialidad".

La vicepresidenta está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

El 1 de septiembre pasado, la exmandataria salió ilesa de un ataque perpetrado frente a la puerta del edificio de Buenos Aires en el que vive, durante una manifestación de seguidores que le transmitían su apoyo después de que fiscal solicitara la condena por presunta corrupción.

"estigmatización"

La vicepresidenta identificó la causa con un fusilamiento porque "los fiscales no pudieron responder a ninguno de los hechos" y "no pudieron replicar ni desmentir ninguno de los hechos" que relató la querella y ella en las presentaciones.

Previó que esta causa será estudiada como "ejemplo" de cómo los juzgados pasaron a "convertirse en partidos políticos".

"Esta estigmatización, sin prueba y en violación abierta de la constitución, para dar carácter de asociación ilícita a tres gobiernos elegidos democráticamente, veremos si, realmente, como pienso, la historia también los va a condenar", dijo al tribunal.

En tanto, volvió a contrastar su situación con la del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), hoy opositor, porque no tiene "ningún problema" y está en Qatar, presenciando el Mundial de Fútbol, pese a haber endeudado al país con el FMI por 45 mil millones de dólares que no se sabe "dónde están", dijo.

"¿En serio que creen que nuestro Gobierno cometió un fraude a la administración pública?", les preguntó, al mencionar que su gestión entregó un Estado desendeudado, que la de Néstor Kirchner pagó la deuda con el FMI y que las condiciones de vida de la gente eran superiores a las actuales.

En septiembre pasado, la democracia constitucional chilena se manifestó en las urnas a través del derecho a sufragio. Como sabemos, el pueblo como poder constituyente originario advirtió que el mecanismo y el contenido del texto constitucional que se propuso importan. Nadie puede arrogarse la soberanía ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, pero se puede deducir del proceso constituyente que vivió el país durante este período que las formas y el contenido de la Carta Fundamental importan.

Por ende, la idea de la hoja en blanco quedó derrotada y se visualizó que conforme a la tradición constitucional chilena que la propuesta que se presentó pareció inadecuada. Así, aún parece latente la pregunta sobre cómo avanzar en las demandas sociales y en la solución de ellas.

Ese problema, aún sin resolver, nos conduce a una cuestión vital en la tradición constitucional de los pueblos. Nos conduce al problema de la legitimidad democrática y de sí jurídicamente existe una sola forma de crear, modificar, o derogar una Constitución. Normalmente, el asunto se explica desde el ejercicio legítimo del poder constituyente, ya originario, ya derivado o en una fórmula mixta según la decisión político-jurídica que adopten quienes detentan el poder político en virtud de la democracia constitucional representativa.

Ese poder reside en la nación y se ejerce por el pueblo mediante mecanismos de democracia directa o representativa indistintamente con legitimidad democrática, así lo advierte la tradición constitucional chilena desde 1818 hasta hoy. Por ello, la idea de poder constituyente originario no resulta contraria al poder constituyente derivado, sino que se complementan al servicio de un acuerdo en lo fundamental conforme al bien común.

A mayor abundamiento, el acuerdo constitucional descansa esencialmente en la democracia representativa, pues la legitimidad democrática de los partidos políticos deriva de la ficción jurídica de la representación emanada del derecho a sufragio que los constituyó en actores del proceso conforme al ideario y al pluralismo político que encarnan. Dicho de otro modo, sin la representación democrática de los partidos el poder constituyente derivado no podría siquiera ser creado porque los servidores públicos representan a su electorado. Por ende, el acuerdo constitucional supone legitimar la democracia representativa como mecanismo de solución de los problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa el país.

En ese contexto, el Parlamento es el órgano constitucional deliberativo y representativo con plena legitimidad democrática para abordar la cuestión constitucional. Sin democracia representativa el acuerdo se diluye en un continente sin contenido pues las fuerzas políticas son expresión de la diversidad social, religiosa, cultural, geográfica y de pensamiento que existe en la nación. Por ende, la democracia representativa es la expresión de la institucionalidad y legitimidad democrática del Congreso que en ejercicio del poder constituyente derivado puede establecer los mecanismos para la elaboración de una nueva constitución, o establecer enmiendas constitucionales con absoluto pluralismo y legitimidad democrática.

La política no lo puede todo ni está en todo, pero con sentido común se aprecia que el acuerdo constitucional debe ser reflejo de la democracia representativa que constituye a Chile en una república democrática. La interpretación contraria, fue rechazada en septiembre por el pueblo chileno, lo cual refleja que el poder constituyente derivado podría ser la vía de que democracia y acuerdo constitucional operen como una solución integrada a través del Congreso y de los poderes instituidos para responder a las demandas sociales aún pendientes.

Por último, la tradición constitucional chilena ha operado a través de ese tránsito constitucional en múltiples ocasiones porque un órgano electo no asegura como condición sine qua non que el asunto constitucional sea superado.

"El Parlamento es el órgano constitucional deliberativo y representativo con plena legitimidad democrática para abordar la cuestión constitucional. Sin democracia representativa el acuerdo se diluye en un continente sin contenido".

*Profesora de Derecho Constitucional e Investigadora de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.