Apartir del diagnóstico del abordaje de las instituciones de educación superior sobre la salud mental de sus estudiantes, realizado por los ministerios de Educación y Salud, algunas universidades del país han detallado cuál es el trabajo que están realizando al respecto y cómo desde 2019 a la fecha las consultas por esta temática han crecido al interior de las distintas entidades. El documento analiza la encuesta que respondieron 107 instituciones a nivel nacional, de las 134 que integran el sistema y que en total representan al 86,9% de la matrícula total de estudiantes de pregrado del país, incluyendo a los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.

Una parte importante de las instituciones de educación superior ha puesto en marcha unidades específicas encargadas de la salud mental y hay una preocupación mayor en torno a sensibilizar respecto de esta materia, lo que se refleja en que el 62,6% de las instituciones hizo campañas sobre esta materia. Una situación similar se observa en la elaboración de guías de actuación o protocolos de detección y/o respuesta a problemas de salud mental, ya que el 56,1% de las entidades declara contar con ellos. En este aspecto, sin embargo, se aprecia una brecha importante, ya que si bien un 89,1% de las universidades cuenta con unidades para abordar la salud mental estudiantil, sólo un 57,5% de las instituciones del subsistema de educación superior técnico profesional cuenta con ellas.

Gran parte de las consultas recibidas por las distintas unidades dedicadas a la atención de salud mental indican que las causas más comunes son las dificultades de adaptación, baja en el rendimiento académico, inestabilidad o afectación emocional, manifestaciones agudas de ansiedad, miedo e inseguridad y problemas de concentración, además de dificultades para dormir.

Las consultas son tan variadas como sus causas, por lo que no pueden ser atribuidas a un único factor y requieren estrategias combinadas para ser abordadas. En ese sentido, al trabajo que están realizando las instituciones educativas debería también sumarse la autoridad ministerial, que tras el diagnóstico anunció la elaboración de un plan de acción de salud mental para la educación superior.

Tras celebrarse el Día Mundial de la Infancia el pasado 20 de noviembre, quiero invitarlos a reflexionar respecto de cuánto estamos realmente invirtiendo en los niños y niñas de nuestro país, especialmente en aquellos más vulnerables y que, por lo tanto, son los que más han sufrido las consecuencias de las principales amenazas que nos afectan como sociedad, por ejemplo, la pandemia del covid-19. Se ha hablado largamente de los graves efectos de la suspensión de actividades y la interrupción de los procesos de aprendizaje en estos últimos años. Sin embargo, antes de 2020 la hoja de ruta de la infancia había ya establecido desafíos que quedaron rezagados frente a las urgencias de la pandemia, pero que precisan ser retomados.

Debemos volver a poner el foco en ampliar la cobertura con calidad, de manera de responder a la creciente demanda, especialmente en el tramo desde los 2 a los 4 años, donde nuestra brecha respecto de los países OCDE se ensancha. Hoy sólo 1 de cada 2 niños asiste a un jardín infantil, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio.

Desde 2019, está en el Congreso el proyecto de Ley Equidad en Educación Parvularia que crea una subvención inédita para los jardines infantiles, permitiendo el aumento de cobertura y garantizando los recursos para dar calidad en los niveles medios.

Su aprobación reducirá la desigualdad social y acortará las brechas educativas que existen en los hogares más vulnerables de Chile, permitiendo que los más de 200 mil niños que hoy no asisten a un jardín infantil de calidad puedan hacerlo dentro de los próximos años. Otras iniciativas que apuntan a esos mismos objetivos, como el kínder obligatorio y la sala cuna universal, también forman parte de la agenda legislativa de primera infancia que se debe retomar con urgencia.

Asimismo, se requiere dar continuidad con fuerza a los procesos de certificación de las salas cuna y jardines infantiles, de manera de otorgar a las familias las garantías necesarias de que sus niños asisten a establecimientos que cumplen con exigencias indispensables.

Al mejorar la cobertura, la calidad y la institucionalidad, lo que hacemos no es otra cosa que posicionar la educación inicial como la llave maestra de todo el sistema educativo. Situando a los niños y niñas primeros en la fila como protagonistas de sus aprendizajes, centrados en el juego y en el aprender haciendo, logramos construir sólidos cimientos futuros para ellos mismos, su entorno familiar y para la sociedad en su conjunto.

María Jesús Honorato, decana de la Facultad de

Educación de la Universidad de Las Américas

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