Redacción

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, enfrenta un difícil escenario luego de que la es seremi de su cartera en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, desvinculada la semana pasada, anunciara una querella en su contra, a lo que se suma que diputados del Partido Republicano abrieran la posibilidad de interponer una acusación constitucional para destituirlo.

La polémica se inició el miércoles 30 de noviembre, cuando el Gobierno informó la salida de la entonces secretaria regional ministerial. En esa fecha aún no se conocían los motivos, pero en entrevista con Radio Biobío Hidalgo aseguró que La Moneda decidió que dejara su cargo al no acatar instrucciones sobre cómo votar proyectos que ella no quería aprobar.

Sin embargo, la versión dada después por Jackson levantó una gran controversia: según lo que expuso primero el ministerio y luego el titular de la cartera, Hidalgo fue desvinculada de sus funciones por pérdida de confianza, dado que no habría presentado una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para personas en situación de calle.

"Lo que ocurrió es que como las personas involucradas en el presunto delito habían egresado de los programas calle, es decir, ya no estaban en la residencia cuando se les fue a ver, ella (Hidalgo) se desentendió del tema formalmente", explicó el secretario de Estado.

En CNN Chile, Hidalgo no solo desmintió esta versión, sino que además afirmó que presentaría una querella contra el ministro Jackson. Junto con ello afirmó que el centro en el que se había producido el hecho no dependía de la seremi, sino directamente del ministerio.

"En un primer comunicado lo que le pedí fueron las disculpas públicas. Me maltrató públicamente y expuso situaciones que no son reales. Creo que no está en sus intenciones y creo que no va a decir que cometió un error conmigo, soy la única que puede defender mi honra", dijo la exseremi.

"Me voy a querellar contra el ministro porque él enloda mi carrera. Soy sicóloga, soy mamá, he sido vicepresidenta de la mujer del PPD, esto va en contra de lo que ha sido mi vida. Derechamente hay una falsedad", añadió.

La exautoridad afirmó que entendía que si había diferencias políticas en cuanto a su actuación frente a proyectos en los que tenía que votar se le sacara de su cargo, pero no permitirá que se le impute un delito.

Posible destitución

Paralelamente, la bancada del Partido Republicano estudia una posible acusación constitucional en contra del ministro por "las graves acusaciones sobre irregularidades, errores administrativos y presiones políticas al interior del ministerio, subsecretarías y servicios dependientes", además de las presiones denunciadas por Hidalgo.

"Iniciaremos la recolección de firmas para interpelar al ministro Giorgio Jackson y en las próximas semanas estudiaremos los antecedentes para llegar a la conclusión" respecto de una posible acusación, sentencia.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó ayer que el Gobierno evalúa entregar nuevas ayudas sociales ante la evolución económica en caso de que la situación del país empeore.

"Tenemos que focalizarnos en ver qué puede ser más necesario, para qué grupo, para qué sector, en este momento. Y eso es lo que estamos trabajando ahora", dijo el secretario de Estado en entrevista con el Diario Financiero.

"Nuestro referente no son los retiros, sino que son las necesidades que pueda tener la ciudadanía. Entonces, a principios de 2023 todavía vamos a tener una situación de mayor fragilidad, en el sentido de que habrá una inflación relativamente alta y la actividad todavía va a estar esperando para iniciar su recuperación", añadió Marcel.

"Más detalles no puedo dar, porque es un tema que se está trabajando dentro del Gobierno. Estamos trabajando en algunas cosas nuevas que van a ser interesantes", subrayó.

Finalmente el ministro señaló que el foco de las ayudas estará puesto en la idea de que "llegue donde se necesita y que, sobre todo, sea oportuno".

Críticas por reajuste

En otro tema que tiene que ver con el ministerio de Hacienda, ayer surgieron críticas al acuerdo que el Gobierno firmó con la Mesa del Sector Público, en el que se contempla un reajuste salarial del 12%, proyecto que entrará al Congreso el próximo lunes 12 de diciembre.

El diputado Ricardo Cifuentes (DC) afirmó que "el 12% hace perder 'algo así como un 5% real' en el poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos".

Frank Sauerbaum (RN), planteó que "vamos a tener que estudiar bien las cifras para conocer exactamente cuántos recursos efectivamente van a llegar a la economía, cuántos van a aumentar la liquidez y cuántos van a aumentar el proceso inflacionario que estamos viviendo".

El superintendente de Salud, Víctor Torres, descartó que como ente regulador el organismo que encabeza vaya a impulsar un plan de rescate a favor de las isapres, a la hora de abordar de qué manera buscará dar cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre de 2019- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementar la adecuación.

Para eliminar cualquier posibilidad de que se piense en un "salvataje", la autoridad afirmó en radio Cooperativa que "en ningún caso tenemos un margen de incumplimiento del fallo. Esa salida no es algo que nosotros podamos observar y tampoco tenemos potestad legislativa. No es una materia que a la Superintendencia le corresponda; sí podemos hacerlo -o tratar de hacerlo- de una forma que impacte de menor manera al sistema y que resguarde, obviamente, a los afiliados y que les permita mantener sus coberturas, que es lo que más nos importa".

"Esas son situaciones que pudieran darse de la mesa que lidera el Ministerio (de Salud), pero entiendo que no existe ninguna situación que se haya concordado en ese sentido", indicó el exdiputado de la Democracia Cristiana.

Consultado por el impacto financiero del denominado "supremazo" a las isapres, Torres sostuvo que, "al tener efecto retroactivo, puede permitir o establecer algún grado de afectación a una industria que ha tenido pérdidas en los últimos meses, sin embargo, cabe recordar que también les favorece a las personas, sobre todo a aquellas que han tenido cobros por sobre lo que se hubiera calculado con el uso de la tabla de factores del año 2020".

El superintendente añadió que "Las isapres han planteado que tiene un impacto fuerte. Nosotros les pedimos ese informe a cada una de las isapres y no hemos recibido, al menos hasta el viernes, ningún informe para poder cuantificar realmente la magnitud del problema y con nuestros equipos estamos también haciendo esos estudios".

Hasta el próximo 10 de diciembre se desarrolla la colecta online de la Fundación Coanil. Denominada "Comprometidos por la inclusión", está enfocada en conseguir aportes para ejecutar los distintos programas de protección y educación en favor de los niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de discapacidad intelectual.

"Con esta colecta Coanil quiere seguir sensibilizando a la sociedad respecto a los apoyos que requieren las personas en situación de discapacidad intelectual. Desde Coanil buscamos ser un sustento y acompañarlos durante todo su ciclo de vida favoreciendo su protección, educación e inclusión laboral", aseguró Nicolás Fehlandt, gerente general de la fundación.

El objetivo de la campaña es seguir entregando los servicios de apoyo e influir en el cambio social para que los jóvenes en situación de discapacidad adquieran las herramientas necesarias para abrirse un espacio al interior de la sociedad, ya sea insertándose al mundo laboral, descubriendo sus pasiones o desarrollando sus talentos deportivos.

Para realizar un aporte basta con donar en las alcancías de sus voluntarios digitales, a través de sus redes sociales o ingresando a la web www.coanil.cl.