Combate al robo de madera
La legislación recientemente promulgada pretende entregar mayores herramientas para enfrentar un delito que ya se considera como de crimen organizado. Se estima que anualmente se produce el robo de más de 5.000 hectáreas de bosques por parte del crimen organizado.
El 27 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.488, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, habilitando nuevas formas de investigación. En general, se creó un título especial dedicado al robo y hurto de madera, con figuras y normas que dan cuenta de las particularidades de estas conductas. De igual forma, considerando que gran parte de estos ilícitos se cometen en el seno de organizaciones delictuales complejas, se modificó el Código Procesal Penal, con el objeto de permitir el uso de técnicas especiales de investigación y persecución.
Según las estimaciones de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), en el año 2021 el "negocio" llegó a 92,4 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 50 mil camiones anuales circulando con madera robada por las carreteras. El diputado Eric Aedo, que encabezó la comisión especial investigadora sobre criminalidad y robo de la madera en la macrozona sur, que se constituyó en la Cámara, detalló que este delito mueve cifras millonarias y que se ha creado una especie de "industria" que se dedica al robo y tráfico de madera. Asimismo, descartó que en ello estén involucradas las comunidades mapuche. Esa comisión investigadora recibió testimonios de Carabineros, PDI, Fiscalía Especial, empresas forestales y la Agencia Nacional de Informaciones.
En esa comisión investigadora se estableció que ese crimen organizado roba al año más de 5.000 hectáreas de bosques, y en esas operaciones participan quienes cortan la madera, los que la transportan y los que la comercializan. Pero también con ese dinero se compra armamento de alto calibre, fusiles y armas automáticas, con las que estos grupos más radicalizados logran el control territorial en un área, donde el Estado no ingresa y en que se genera el robo de madera a una escala industrial. Se calcula que cada una de esas talas ilegales requiere de un capital inicial de $1.000 millones, entre la maquinaria que se utiliza para cortar el bosque, los camiones, camionetas para el transporte y la mano de obra que se requiere para hacer esa tala. Es sin duda un delito de proporciones que requiere una respuesta ágil y moderna de parte del Estado.