Sellado el acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, que tras 99 días fue firmado por 14 partidos políticos y tres movimientos, todos con representación parlamentaria, el foco pasó a la creación del comité de 24 expertos que acompañarán a los 50 integrantes del Consejo Constitucional que serán elegidos en votación popular: ayer se lanzaron los primeros nombres y también se discutió si deben ser remunerados, lo que generó gran polémica.

Según el documento, este grupo debe estar formado por "24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica", respetando la paridad de género y cuyos miembros serán elegidos en el mismo número por la Cámara de Diputados y el Senado, 12 cada corporación.

El acuerdo establece además que estas personas estarán encargadas de redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, como una "idea matriz" del mismo, y que no será vinculante. También deberán tomar sus decisiones por un quórum de 3/5 e iniciarán su trabajo en enero de 2023. Una vez lista la propuesta, los expertos entregarán un informe con propuestas para mejorar el texto y sus normas.

Danza de nombres

Inmediatamente ayer comenzó el debate sobre quiénes deben integrar el Comité de Expertos y desde diferentes partidos han hecho propuestas.

La UDI ha sido prolífica en proponer nombres. El diputado Guillermo Ramírez nombró a Máximo Pavez (exsubsecretario de Segpres de Sebastián Piñera) y a Gloria de la Fuente (exdirectora del Consejo para la Transparencia), entre varios otros. El senador Iván Moreira mencionó al exministro Hernán Larraín. En el gremialismo también fueron mencionados el exsubsecretario de Desarrollo Regional Miguel Flores y el exembajador en Estados Unidos Arturo Fermandois.

RN planteó la opción del excanciller Teodoro Ribera, el director de IES, Claudio Alvarado, el exdiputado Germán Becker y el exembajador en España Sergio Romero, entre otros nombres, mientras que Evópoli se la juega por el exministro de Hacienda Ignacio Briones.

La DC está proponiendo entre sus posibles expertos al exministro Jorge Correa Sutil, el abogado constitucionalista Tomás Jordán y el académico Claudio Troncoso; y desde el oficialismo el PS menciona a los abogados Claudia Sarmiento, Sebastián Salazar y Gabriel Osorio, además del exministro José Antonio Viera-Gallo. El PPD apunta al exdiputado Jorge Insunza.

Finalmente, dirigentes de RD nombraron como cartas a la cientista política Claudia Heiss y al académico Domingo Lovera; y Ximena Rincón, de Demócratas, buscará que los expresidentes Bachelet, Lagos, Frei y Piñera se sumen al comité.

¿No remunerado?

La gran controversia de la jornada, sin embargo, se relaciona con el anuncio del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, de que "estos expertos no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia".

Distintas voces argumentaron que esto discriminará y marginará de antemano a quienes no pueden estar varios meses sin un trabajo remunerado.

El cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, expresó que "suena bonito que trabajen por 'amor a la patria', pero esto generará que solo quienes tienen altísima solvencia económica puedan participar".

La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, dijo que la decisión "restringe a académicos, filántropos u operadores políticos financiados por partidos".

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, dijo ayer que el plazo establecido por los partidos políticos en el acuerdo que abrirá un nuevo proceso constituyente para elegir consejeros constitucionales y el plebiscito de salida, debiera ser postergado en un mes.

Tagle indicó que el pacto suscrito "es un acuerdo grueso y faltan quizás cientos de detalles que hay que legislar. La vez anterior, entre el acuerdo y la reforma constitucional hubo, un plazo de casi mes y medio. Si se repite mes y medio, sobre todo con la complicación de las fiestas de fin de año. Puede ser lento".

"En ese caso, puede que no se llegue a abril por los plazos, pero no le veo mayor problema de que en el calendario sea en mayo la elección de los consejeros y diciembre, en que normalmente hemos hecho elecciones, las presidenciales de segunda vuelta, el plebiscito, así que no hay mayor drama", aseguró la autoridad electoral.

Y en cuanto a los plazos anunciados en el texto, el director del Servel planteó que cumplirlos "lo vemos un poco difícil por los tiempos, porque confeccionar el padrón requiere tiempo, porque hay procesos relevantes como la auditoria al padrón y el derecho a reclamo, que eso dura un mes cada uno".

"Suprimir esos procesos les puede costar la deslegitimación a las elecciones, porque los padrones no tienen todas las garantías que hoy están en ese periodo de 120 días. Nosotros vamos a acelerar la actualización del registro para generar un padrón y a tratar de tener lo más actualizado posible, pero necesitamos tiempo", recalcó.

También subrayó que "correrlo un mes sería bien razonable, además que el 30 de abril es problemático como fecha, porque está el 1 de mayo feriado. Los plazos complicados son dos: uno el cierre del registro para confeccionar el padrón y hacer el proceso de auditoría y reclamos, y segundo, la declaración de candidaturas".