Redacción

La Corte Suprema definió que Erika Maira completará la quina de postulantes a fiscal nacional en una nueva repetición del proceso luego de que el Senado rechazara a las dos primeras elecciones del Presidente Gabriel Boric: José Morales y Marta Herrera.

El nombre de Maira, gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, se suma a los de Juan Agustín Meléndez, Ángel Valencia, Nayalet Mansilla y Carlos Palma. Entre ellos el Mandatario deberá elegir un nuevo candidato a asumir la jefatura del Ministerio Público y tras ello su propuesta será sometida a votación del Senado.

Para convertirse en fiscal nacional, dicho postulante debe obtener dos tercios de los votos (33), que no consiguieron Morales (31) ni Herrera (26).

Conocida la nueva quina, fueron reflotados antiguos tuits de Maira. En julio de 2013 cuestionó la postulación presidencial de la actual alcaldesa de Providencia como rival de Michelle Bachelet: "Alianza por favor no hagan el loco con Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso". En agosto de 2016 defendió la labor de la fiscal Ximena Chong ante los cuestionamientos de la UDI: "La acusan por llevar bien la causa de Orpis. ¿No les da vergüenza?".

Pero no solo concentró críticas en la actual oposición: en enero de 2019 cuestionó al actual Presidente de la República, entonces diputado, por el episodio de la polera con la imagen de Jaime Guzmán con un disparo en la cabeza: "Chocante lo de la polera de Boric. Macabro".

Ante estas expresiones, el senador Manuel José Ossandón (RN) fue tajante. "Si esos tuits son verdaderos, ella no tiene ninguna posibilidad, porque claramente tiene una posición política marcada y extrema", afirmó a La Segunda.

"No hay vetos"

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, aseguró que "todos los candidatos que están en la quina tienen las competencias para desempeñar este rol, porque la Corte Suprema ha hecho un proceso de selección. No existe ningún veto a ninguna candidata por parte nuestro ni a ningún candidato por parte del Gobierno tampoco".

La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, comentó que "sinceramente, no la conozco, no tengo antecedentes y por lo tanto haremos un estudio de los antecedentes. A los otros cuatro candidatos ya los conocemos, así que vamos a seguir con el proceso como corresponde".

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó por unanimidad ayer en general el proyecto de reforma constitucional para dar inicio a un nuevo proceso constituyente.

Tras ello se fijó para hoy a partir de las 9.30 de la mañana la sesión en la que serán revisadas en particular cada una de las cerca de 140 indicaciones que fueron ingresadas para su consideración en la tramitación, aunque varias podrían quedar agrupadas por tratar la misma materia.

La instancia está sesionando de manera excepcional durante la semana regional, pues la idea es despachar esta reforma en el plazo óptimo que permita contar con un itinerario electoral que faculte al Servel a tener los tiempos necesarios para la implementación del proceso.

Una de las enmiendas ingresadas adelanta para el 7 de mayo la fecha de la elección de consejeros constitucionales, luego de que en la jornada previa los gremios del comercio y gastronomía hicieran notar que la fecha original, 14 de mayo, se celebra el Día de la Madre. Y postergarlo una semana es inviable ya que el 21 de mayo es feriado.

Sin embargo, el Servel informó que adelantar la fecha una semana solo sería posible si la reforma es despachada íntegramente del Congreso 120 días antes de la votación, es decir, el 7 de enero (próximo sábado), lo que acorta mucho los plazos.

"Se está conversando un itinerario que permita cumplir con el compromiso de que el proceso constituyente esté concluido a más tardar a fines del próximo año", dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.

Una tesis sobre la pedofilia ha causado revuelo en el mundo universitario, al extremo que la máxima autoridad de la universidad en la que la tesis fue presentada, acaba de anunciar una investigación ética a fin de determinar si ella debió o no llevarse a cabo y publicarse.

¿Cómo resolver ese problema?

Uno de los principios básicos de la vida intelectual que se desenvuelve en las universidades, es lo que desde antiguo se llama el principio de la libre investigación científica. En conformidad a él, y en principio, no hay tema o asunto que no pueda ser objeto de examen o de análisis al interior de la comunidad universitaria. Y es fácil comprender por qué. La universidad anhela el saber y por eso rechazar algún tema como objeto de la investigación parece ir contra ese propósito que la universidad persigue.

En el caso que aquí se analiza, sin embargo, hay antecedentes adicionales que impiden que el caso caiga bajo el principio de la libre investigación.

Los académicos distinguen, desde antiguo, entre describir un fenómeno o un hecho, por una parte, o valorarlo o estimarlo, por la otra; entre constatar la existencia de algo, por un lado, y proclamar su valor o disvalor por el otro. Y ahí parece estar la pista para resolver este problema.

La pedofilia (como otras filias y parafilias) puede ser objeto de investigación, a fin de comprender sus causas y el oculto mecanismo que la desata. Si por temor a ella se la dejara en la oscuridad y la ignorancia, el resultado sería peor: ella subsistiría en las sombras, más allá de todo reproche o control. De esta manera puede concluirse que no hay nada de reprochable en una tesis sobre la pedofilia si ella se ocupa de dilucidarla, describirla o explicarla.

Otra cosa ocurre, en cambio, si con ocasión de estudiarla o a pretexto de hacerlo, se la ensalza, se la normaliza y se la promueve, porque en ese caso ya no es la libre investigación la que se ejerce. Y esto es lo que, al parecer, ocurre con la tesis que ha desatado una multitud de críticas y ha motivado la reacción de la autoridad universitaria.

Se dirá, sin embargo, que mantener un punto de vista acerca de qué es normal y qué no en la vida sexual, es una facultad que asiste a las personas y a los ciudadanos y que esa situación no cambia porque esa opinión se vierta en una tesis universitaria. Esto fue, más o menos, lo que habría explicado la Facultad directamente involucrada: la tesis es un discurso y no un hecho, la emisión de palabras y no un acto, habla de pedofilia pero ello no es equivalente a practicarla.

¿Es correcta esa argumentación?

No del todo, porque el discurso puede carecer de límites legales (como en efecto ocurre en la medida que no existen medidas ex ante destinadas a impedirlo); pero cuenta con obvios límites éticos que son, justamente, los que la universidad ha decidido indagar. Y el principal de esos límites éticos -incluso en esta época descreída- está dado por los derechos humanos que indican que niños, niñas y adolescentes, tienen derechos insalvables entre ellos la indemnidad sexual en sentido fuerte.