Erwin Schnaidt

El incendio y tala de bosque nativo en el sector Alto La Paloma de Puerto Montt, revelaron la Agrupación Cultural por los Humedales y Entornos Naturales "Gayi" y la Consultora Ambiente y Territorio Ambyter, que hicieron esta acusación ante la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Como explicó David Hinostroza, presidente de Gayi, el objetivo de la presentación es que la Conaf fiscalice el área individualizada en la denuncia de daño ambiental y que aplique medidas que les permitan sus competencias.

Especificó que el área afectada está localizada al final de la calle Ricardo García, donde también encontraron envases con aceite y combustible, lo que le hizo temer daño a los vecinos del sector, ante un potencial incendio forestal.

Recordó que el pasado jueves 29 de diciembre hubo un incendio forestal "en un punto que también habíamos denunciado. Ahí hay un centro de acopio de madera y leña que se extrae en ese punto. El mismo día verificamos presencia de envases de combustible alrededor. Presumo que Bomberos y Conaf se habrán dado cuenta de eso", manifestó.

Hinostroza expuso que el bosque afectado tiene varios propietarios, entre ellos tres inmobiliarias. "Dentro de estos predios ocurre tala ilegal. En cada uno de ellos hemos observado residuos de combustibles", reforzó el dirigente, quien sostuvo que tras el incendio del jueves "creemos que hay intencionalidad. Ahí hay un proyecto inmobiliario que se está desarrollando de forma oculta, fraccionando los proyectos. Entonces, nos genera esa duda".

Reveló que el área es zona de alerces, así como de bosque nativo, que contempla la presencia del gato güiña, del gato güiña moteado, zorro chilla y monito del monte. "Estas especies están amenazadas producto de incendios", añadió.

El presidente de Gayi consideró que el área es crítica y reclamó falta de fiscalización.

Riesgo inminente

El concejal Juan Carlos Cuitiño fue a la zona y verificó que "es un riesgo inminente para sectores como Valle Volcanes, La Vara y los alrededores".

Cuestionó que los dueños de los terrenos no hayan ejercido alguna acción judicial ni tampoco hayan cercado la zona ni bloqueado accesos. Añadió que le "llama la atención el excesivo de componentes químicos que hay en el lugar".

Asimismo, criticó que ante la evidencia que existe "las instituciones del Estado no están haciendo su labor. Si sucede algo grave, será su responsabilidad. Si ocurre algo que pueda afectar a las viviendas, nos vamos a querellar contra quienes resulten responsables".

Sobre la competencia de la Municipalidad, el edil Cuitiño aseveró que aunque pidió a Asesoría Jurídica que emprenda acciones legales por la tala ilegal de árboles, ello no se ha materializado.

Diputado en la pdi

Sobre el último incendio, el diputado Jaime Sáez acudió al cuartel de la PDI en Puerto Montt para formalizar una denuncia, ante los antecedentes de tala ilegal y la presencia de líquidos acelerantes en el área.

"Estampamos una denuncia por el incendio y robo de madera de bosque nativo. Vamos a pesquisar esta situación y darle seguimiento, porque este tipo de cuestiones son gravísimas. No sólo ponen en riesgo no sólo a los ecosistemas , sino que a la comunidad producto de los incendios", aseveró.

El parlamentario por el Distrito 26 anticipó que "vamos a hacernos parte de todas las acciones legales que corresponda, por la defensa de nuestros ecosistemas y la comunidad".

A la justicia

Consultado al respecto, el director regional de Conaf, Miguel Ángel Leiva, dijo que el jefe del Departamento de Incendios Forestales acudió al lugar junto a efectivos de Carabineros y anunció que "estamos próximos a presentar una querella en la Fiscalía" contra quienes resulten responsables.

Afirmó que los dueños de esos terrenos "tienen la responsabilidad de resguardarlos".

Especificó que sus atribuciones no les permiten entrar a predios privados sin autorización de sus dueños, ni paralizar faenas. No obstante, en la visita a terreno comprobaron "aparentemente, vestigios de cortas", lo que incluyó bosque nativo, aunque desechó que se trate de alerces. "Sabemos que hay ahí, pero la corta que ha existido es de árboles de bosque siempre verde, absolutamente de bosque nativo".

La autoridad regional de Conaf no descartó que el incendio del jueves último esté relacionado con esa tala. "Por lo mismo vamos a ejercer acciones ante el Ministerio Público y también ante el Consejo de Defensa del Estado, para hacer una demanda por daño ambiental, probablemente ante el Tribunal Ambiental de Valdivia".

Leiva argumentó que no cuentan con personal fiscalizador para cubrir toda la región. "Para que no existiesen cortas o algún tipo de daño, tendríamos que tener un ejército de fiscalizadores y tenerlos en punto fijo (...). Los fiscalizadores del Estado para temas forestales, no estamos para cuidar predios particulares. Tenemos dos millones 850 mil hectáreas de bosque nativo, pero tenemos entre 15 a 20 personas para fiscalizar", reconoció.

El director regional de Conaf añadió que en 2022 recibieron 20 denuncias en La Paloma, para las cuales hicieron visitas en 18 casos, que derivaron entre 6 a 7 citaciones a tribunales, que están en proceso. "Estamos evaluando una demanda nuestra, ojalá con apoyo del Consejo de Defensa del Estado, por daño ambiental".

Incumplimientos al Decreto Supremo 50 de 2016, que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, especialmente de usuarios de sillas de ruedas, detectó la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), durante una visita a las obras de mejoramiento de la calle Varas.

Jessica Droppelmann, directora regional del Senadis, estableció que acudieron a la cita convocada por la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional en su calidad de ente asesor, no como fiscalizadores.

Aún así, definió que la opinión técnica es que en calles transversales no se estaría cumpliendo con la ruta accesible de 1,20 metros de ancho. Hacia la calle deben estar ubicados postes y el ornamento urbano. "Encontramos algunos postes que no cumplían en al menos 20 a 30 centímetros. Para dar un giro en silla de ruedas se necesita de al menos 1,50 metros", apuntó.

Anunció que su opinión técnica para el cumplimiento de esa normativa, será enviada mediante un oficio a la Municipalidad, como gestora del proyecto, así como al Consejo Regional (Core), que aprobó recursos para su ejecución.

Mientras que en Varas, definida como de alto tráfico, esa ruta accesible debe ser de dos metros, y tener 40 centímetros de separación del local comercial. Ahí vieron ayer que la cubierta de la superficie no es lisa, sino que tiene piedras y tapas que sobresalen.

Otro tema que les preocupa como Senadis, es el de las rampas de acceso a algunos locales de calle Varas, donde las nuevas veredas quedaron a desnivel, estructuras que no estarían cumpliendo con la norma "y son peligrosas", dijo.

Droppelmann precisó que el municipio revisará caso a caso para realizar esa enmienda.

Cumplir con el ds 50

El presidente de la Comisión Infraestructura, Rodrigo Wainraihgt, opinó que las mediciones que hizo Senadis "nos da la razón y demuestran que no es un tema caprichoso ni arbitrario, sino que efectivamente no se cumple con el Decreto Supremo 50".

Especificó que en el caso de los postes, el inspector técnico de la obra (Ito) anunció que gestionarán su reubicación con la empresa Saesa.

Wainraihgt valoró que de esta manera "se busque soluciones. Porque lo que no puede suceder es que cuando entreguen la obra en junio de 2023, nos empecemos a dar cuenta de una serie de problemas y necesidades, y que otra vez se tenga que romper calles. Eso no puede suceder".

Diferencias normativas

Su colega César Negrón, core por la provincia de Llanquihue, aseveró que "nunca un proyecto de infraestructura se ejecuta tal como se presentó en el diseño. Siempre hay variables que se presentan a la hora de ejecutar un proyecto".

Especificó que en el desarrollo de estas obras hay diferencias en materia normativa, las que mediante la alerta que puso esa Comisión del Core "será posible subsanar esas falencias en la etapa de construcción y no después de haber recepcionado la obra", lo que además significa mayores costos para el Estado.

Admitió que existen "postes a una distancia inferior a lo que permite la norma. Senadis confirma que en las veredas de calle Varas no está el espacio de dos metros que exige la ley, lo mismo que en calles transversales. Esos detalles hay que subsanarlos", agregó.

Negrón informó que el avance de la obra es de un 45%, por lo que "tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto se termine de la mejor manera posible".