A once días de que el Presidente Gabriel Boric indultara a un ex frentista y 12 detenidos en las manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019, al menos cinco de ellos condenados antes por diversos delitos, lo que el propio Mandatario reconoció como una "desprolijidad". Ante esto, ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó que "si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta". La oposición cuestionó cómo llega la información al Jefe de Estado.

Vallejo explicó que para otorgar los indultos se usaron dos criterios: "Que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ello estuviesen condenados. Esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo" de Presidente.

Y, en segundo lugar, "se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido y ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas", admitió la autoridad y aludió al ahora ex jefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía, y la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, quienes renunciaron el fin de semana.

"Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta", afirmó la ministra secretaria general de Gobierno, junto con destacar que "no es posible (revocar los indultos), por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, con el principio in dubio pro reo, (...) no hay vicio jurídico".

Buscan revertir decreto

Diputados de la UDI fueron a Contraloría para solicitar "revertir los decretos (de indulto), y para eso depende del Gobierno presentar un mecanismo que permita echar pie atrás", señaló Juan Antonio Coloma.

El legislador también se refirió a las palabras de Vallejo, quien, a su juicio, "dio los argumentos de la acusación constitucional: reconocer las desprolijidades y que con todos lo antecedentes sobre la mesa estas personas no hubieran sido indultadas, por tanto, no basta con reconocer desprolijidades".

La jefa de bancada de senadores RN, Paulina Núñez, cuestionó además que "el haber tenido todos los antecedentes sobre la mesa dependía, ni más ni menos, que del propio Presidente", por lo que "me produce una inseguridad total que el Presidente esté firmando documentos, algunos tan complejos como los indultos, sin tener todos los antecedentes a la vista".

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo ayer en Tele 13 Radio que "lo dijimos, el momento de la decisión de los indultos probablemente iba a traer un efecto político como este. El Presidente estaba en la convicción personal de tomar esta decisión más allá de los efectos que podía producir y a mí no me asombra", ya que "la sensación (negativa) de la ciudadanía en seguridad es muy extendida".

El presidente de la Cámara de Diputados, (PL) Vlado Mirosevic, afirmó que "el indulto del señor (Luis) Castillo es claramente un error. (...) No es un luchador social, es un delincuente lamentablemente, y no está en el propósito original del Gobierno haberlo indultado".

Según el diputado Andrés Longton (RN), uno de los que firmó la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, uno de los motivos de la acción es que "entre el grupo de indultados se encuentran al menos siete casos que constituyen una infracción a la ley, en distinta medida", que corresponderían a los que se buscarán invalidar.

"Me produce inseguridad que el Presidente firme documentos sin tener antecedentes a la vista".

Paulina Núñez,, senadora RN.

El reconocimiento de "desprolijidades" en los indultos presidenciales produjo este fin de semana la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe del gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía. Ayer Chile Vamos interpuso una acusación constitucional contra la ahora ex secretaria de Estado, donde la comisión revisora quedó con mayoría opositora. En tanto, La Moneda informó el nombramiento de un nuevo jefe de gabinete para Gabriel Boric, el académico Carlos Durán.

Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Benjamín Moreno (Partido Republicano), Henry Leal (UDI) y Álvaro Carter (independiente ex UDI) analizarán los antecedentes del requerimiento contra la ex titular de Justicia, antes de que pase la Sala de la Cámara de Diputados para ser votado, en los próximos días.

El documento señala que Ríos habría infringido "el artículo 6 de la Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, al otorgar indulto a (el ex frentista) Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado 'estallido social'".

La acusación constitucional pide que la ex autoridad explique "cómo es que la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del 'estallido social' de 2019, se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte del Presidente, su gabinete ministerial y en general por la coalición oficialista".

Robos, saqueos, amenazas e incluso el intento de homicidio contra un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) aparecen en los antecedentes de al menos cinco de los indultados, señaló El Mercurio: Luis Castillo (36), Bastián Campos (22), Jordano Santander (37), Claudio Romero (20) y Sebastián Rojas (21).

El beneficio presidencial se puede otorgar a quien "no hubiere cumplido a lo menos dos tercios de la pena en los caso de reincidentes, de condenados por dos o más delitos que merezcan pena aflictiva y por los delitos de parricidio, homicidio calificado, infanticidio, robo con homicidio previsto en el artículo 411 quáter del Código Penal y elaboración o tráfico de estupefacientes", indica la atribución especial de la Ley que, en este caso, no fue invocada.

Ríos, además, será cuestionada por "falta de control jerárquico (...) en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería a ciertos presos de la Macrozona Sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico", alusión al conflicto en La Araucanía.

Nuevo jefe de gabinete

El sociólogo Carlos Durán es el nuevo jefe de gabinete de Boric, quien hasta ayer lideraba la división de estudios en el segundo piso de La Moneda, luego de haber trabajado en la campaña presidencial de 2021.

El militante del partido del Mandatario, CS, es doctor en investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y máster en C. Sociales por Flacso México, ha hecho clases en varias universidades.