Con 109 a favor, 37 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma que habilita el segundo proceso constitucional y quedó lista para ser promulgada como ley por el Presidente Gabriel Boric. Esto debería ocurrir, según la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, durante la próxima semana, con lo que se echaría a andar el cronograma para la redacción de una nueva Carta Magna, luego del sonado fracaso de la primera propuesta el 4 de septiembre de 2022.

De promulgarse en los próximos días y si se sigue el itinerario fijado en la norma, el seis de marzo próximo debería comenzar el trabajo de la Comisión Experta que debe proponer un texto respetando las 12 bases constitucionales contenidas en el llamado "Acuerdo por Chile" firmado por los partidos políticos el 12 de diciembre pasado; el 7 de mayo será la votación para elegir a los Consejeros Constitucionales y el 17 de diciembre será el plebiscito de salida, donde se votará entre las opciones "A favor" o "En contra" del texto que resulte del proceso.

Uriarte valoró la votación de ayer y dijo que el Congreso "ha honrado el acuerdo al cual llegaron las fuerzas políticas transversalmente mayoritarias y señalar que vamos por un buen camino para habilitar este proceso constituyente que nos haga tener una nueva Constitución para Chile".

"Hay una minoría que debe ser respetada, pero que es eso, una minoría, y lo demuestra la votación que se acaba de producir", añadió sobre quienes no se sumaron.

Sujeto a la promulgación, está establecido que se creará una comisión Experta de 24 miembros que serán designados tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados en igualdad y debería estar constituida antes del 31 de enero.

Además, habrá un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 juristas con "destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica".

Los expertos comenzarán a trabajar el 6 de marzo y en tres meses tendrán que escribir un anteproyecto donde estarán los límites que debería seguir el Consejo Constitucional (equivalente a la antigua Convención Constitucional) en la etapa posterior.

Por otro lado, la elección de los consejeros se realizará el 7 de mayo y el voto será obligatorio. El órgano será con paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas según el porcentaje de votación y la elección se realizará con modelo senatorial.

La inscripción de candidaturas, según está previsto en el cronograma, será hasta el 14 de febrero.

En total, la ciudadanía escogerá 50 participantes, que comenzarán a ejercer sus funciones el 7 de junio en un proceso que puede demorar hasta cinco meses.

En cuanto al Comité Técnico de Admisibilidad, empezará el 6 de marzo y su objetivo es resguardar el respeto de las 12 bases institucionales que quedaron plasmadas en el acuerdo previo. Este órgano también será paritario.

En el caso de que existan controversias con respecto a un artículo propuesto o una recomendación, se realizará una comisión mixta entre consejeros y expertos para dirimir.

Este miércoles la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de "autopréstamo" que surgió dentro del Congreso.

La iniciativa tenía como objetivo que los cotizantes pudieran retirar dinero de sus cuentas de ahorro en las AFP, pero más tarde debían ser devueltos.

A pesar de que la idea surgió entre los parlamentarios, fue rechazada luego de que resultara con ocho votos en contra, dos a favor y dos abstenciones en la instancia, por lo que tendrá que volver a la Sala.

Este proyecto no contaba con el apoyo del Ejecutivo, y de hecho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que era un "retiro encubierto".

Además, en la reforma previsional propuesta por el Gobierno se incluye una idea similar, pero con mayores condiciones para quienes intenten sacar su dinero de sus ahorros de pensiones.

En la comisión estuvo presente la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien aseveró que "es muy distinto pensar en el 'autopréstamo' en este contexto de hoy día, que pensarlo en el marco de una reforma previsional".

"La reforma previsional, entre otras cosas, plantea un 'autopréstamo' en el marco de un aporte adicional del empleador del 6%, en el marco de un aumento de la Pensión Garantizada Universal si es que se aprueba la reforma tributaria. Entonces, estos efectos en la economía del país son distintos", complementó.

Por otro lado, la presidenta de la instancia, Karol Cariola, manifestó en una de sus intervenciones que "no logro entender por qué, si el Gobierno tiene una propuesta de 'autopréstamo', en una comisión lo apoyan y en esta comisión no lo apoyan", haciendo alusión a la reforma de pensiones que se discute en la comisión de Trabajo.

"Yo esperaría que si aquí se llega a aprobar este proyecto, podamos presentar una indicación similar en las condiciones que ha planteado el Gobierno, porque eso lo haría coherente. Si se llega a rechazar, esto llega a la Sala, y va a volver a esta comisión, y vamos a tener que tramitarlo igual si es que en la Sala se aprueba", prosiguió.

Cariola insistió en que "y si no, tal como varios parlamentarios aquí lo han vaticinado, habrá que esperar en abril, cuando el próximo presidente de la comisión de Constitución sí tenga las facultades para poder poner en tabla un proyecto de retiro, porque ya no va a correr el artículo 68".

Las principales diferencias entre el proyecto presentado por el Gobierno y las tres mociones parlamentarias que presentaron diputados como Rubén Oyarzo y René Alinco están en que dos de las propuestas del Congreso solo tenían como exigencia no tener otro "autopréstamo" vigente y podrían hacerlo por el 100%, implicando que podían retirar hasta US $166.000 millones de los fondos de pensiones.

En tanto, la restante era solo para trabajadores activos y el monto era del 15% del saldo acumulado. El máximo del retiro podía llegar hasta US$22.405 millones.