Ex ministro de Justicia de Bolsonaro se entregó y fue detenido en Brasilia
BRASIL. En un registro que se realizó en su vivienda, a raíz del ataque bolsonarista a los tres poderes del Estado, se encontró un borrador de decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y "corregir" la estrecha derrota.
La policía federal de Brasil arrestó en Brasilia durante la jornada de ayer a Anderson Torres, exministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro. Su detención fue ordenada en el marco de la investigación por lo que es catalogado como un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido el domingo 8 de enero, informaron fuentes oficiales.
El ex ministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, según confirmaron sus abogados a la prensa.
Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia -cargo designado en el Gobierno de Bolsonaro- cuando miles de bolsonaristas radicales invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia. El avión en el que se trasladó el exministro llegó alrededor de las 7:30 hora local (10.30 GMT) al aeropuerto de Brasilia, donde Torres era esperado por la policía federal.
La orden de arresto contra el exfuncionario fue expedida el miércoles pasado por Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, por "presunta omisión", y confirmada en pleno por los miembros del máximo tribunal de justicia.
Torres asumió como Secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero y cinco días después se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en el país en el momento en el que se dieron los ataques de los seguidores radicales de Bolsonaro.
Al conocer la decisión del magistrado, el exministro anunció desde Estados Unidos que regresaría al país para ponerse en manos de la Justicia y demostrar su inocencia, pues alega que había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las marchas de los bolsonaristas.
"Siempre he basado mis acciones en la ética y la legalidad. Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro que la verdad prevalecerá", señaló en un mensaje publicado en las redes sociales.
La víspera, el ministro de Justicia, Flávio Dino, afirmó que si Torres no regresaba a Brasil máximo este lunes 16 de enero, el Gobierno solicitaría su extradición.
Además de la orden de arresto, el magistrado Moraes también dictó un registro en la residencia de Torres, donde la policía encontró el borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y "corregir" el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
El exministro de Bolsonaro alegó que "el citado documento fue incautado" cuando él no se encontraba en casa "y filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces" contra él.
"En mi casa había una pila de documentos para desechar, donde muy probablemente se encontró el material descrito en el artículo. Todo sería llevado para ser triturado en su momento en el Ministerio de Justicia. Dicho documento fue tomado cuando yo no estaba allí", sostuvo en Twitter.
"Y se filtró fuera de contexto, lo que ayudó a alimentar narrativas falaces en mi contra. Fuimos el primer ministerio en entregar informes de gestión para la transición. Respeto la democracia brasileña. Tengo la conciencia tranquila con respecto a mi papel como Ministro", aseguró.
A raíz de los ataques bolsonaristas fueron detenidas más de 1.800 personas y se abrió una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.
En este contexto, la situación para el ex Presidente se comienza a complicar, considerando que la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Fiscalía General investigarlo por su presunta participación como autor intelectual del ataque de sus simpatizantes en Brasilia, mientras que en Estados Unidos el oficialismo pidió al Gobierno de Joe Biden que le quite el visado diplomático y sea expulsado del país para que pueda ser investigado.