Indagan a notarías ligadas a traspasos de los autos robados en "portonazos"
EN PUERTO MONTT. La falsificación de documentos es una de las aristas que analiza la Fiscalía.
Una arista relacionada con las notarías que certificaban documentos de transferencia de vehículos de alta gama es la que investigará la Fiscalía, a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), tras el procedimiento que desbarató la semana pasada una banda dedicada a la venta de automóviles de alta gama, robados en Santiago, varios de ellos por medio de los llamados "portonazos" y "encerronas".
Fue el fiscal jefe de Sacfi, Rodrigo Oyarzún, quien confirmó a El Llanquihue que este flanco será indagado, además de entregar detalles respecto a la participación de cada uno de los 10 integrantes de la organización criminal.
"Una notaría debe certificar que quienes concurren a realizar el trámite por la transferencia son las personas que realmente corresponden", sostuvo el persecutor penal.
El fiscal Oyarzún, al entregar detalles de la investigación, dijo que tres de los imputados formalizados actuaban como líderes de la organización y eran los encargados de coordinar el traslado de los vehículos robados a Los Lagos.
"El resto de la banda -detalló- tenía diversas funciones, algunos de ellos estaban coordinados para contactar a las víctimas (compradores) y generar esta puesta en escena, la venta de vehículos a través de redes sociales y su exhibición".
En las últimas horas, Carabineros reportó el aumento a 24 del número de autos recuperados por robo. Se trata de dos: un Audi y una camioneta marca Mitsubishi. Así las cosas, el valor de lo recuperado supera los $500 millones.
Falsificada
De acuerdo con el abogado, otros miembros de la banda se dedicaban a concurrir a la notaría elegida, con papeles y documentación falsificada que permitía a las víctimas tener la certeza que estaban "comprando vehículos en buena ley, y otras personas facilitaban sus cuentas".
Comentó el fiscal de Sacfi que una de las transferencias se hacía a una de las mujeres imputadas "y otra mujer, que es la cónyuge del líder, contra quien se decretó la prisión preventiva, guardaba el dinero en el domicilio de sus padres".
Parte de pago
Un punto importante de la indagatoria, según el persecutor penal, tiene relación con las víctimas que compraban un vehículo de alta gama.
Ellos daban sus vehículos en parte de pago, y la organización se hacía de un vehículo legal. Además, los compradores pagaban dinero en efectivo. Así las cosas, la ecuación era la siguiente: la víctima entregaba su camioneta o automóvil en parte de pago, y hasta $20 millones para completar la transacción.
A juicio de Oyarzún, la forma de operar de la banda "hacía pensar a las víctimas que estaban comprando un vehículo en buenas condiciones y en un buen precio".
Señala que "todo venía adulterado, por lo que es complicado advertir a la gente cómo darse cuenta". Dada la sofisticación de la operación, el abogado llamó a comprar en lugares habilitados.
Otros negocios
La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer valoró la reserva y el sigilo de las diligencias, lo que fue "clave para el éxito de la investigación". Para Wittwer es importante que el 90% de los detenidos quedaran en prisión preventiva.
"Se formalizó por varios delitos. En primer lugar, la receptación de vehículos robados y el lavado de activos, porque estas personas con la venta de estos vehículos hacían otros negocios, y con ello blanqueaban o lavaban el dinero; asociación ilícita, porque había toda una estructura de organización criminal que fue desbaratada", aseguró.
En la audiencia de formulación de los cargos, la jueza de garantía, Lorena Fresard, decretó la prisión preventiva para nueve de los 10 detenidos.
Se trata de César Antonio Rebolledo Chávez, Francisco Esteban Subiabre Almonacid, Luis Alejandro Pérez Rogel, Patricio Alejandro Igor Cárcamo, Felipe Gonzalo Andrés Orellana Fernández, Cintia Abigail Troncoso Venegas, Christian Marcelo Rodríguez Lopetegui, Carlos Francisco Orellana Orellana y Javiera Paz Ulloa Paredes. También se dispuso de una medida cautelar de arresto domiciliario total para Andrea del Pilar Sanhueza Sanhueza.
El detonante de esta larga indagatoria fue la recuperación de un automóvil robado en 2022, lo que permitió dar con la hebra para desarticular a la organización criminal dedicada a la venta ilegal de vehículos robados desde la Región Metropolitana y que tenía su centro de operaciones en Puerto Montt.
90 días es el plazo para cerrar la investigación, de acuerdo a lo manifestado por la jueza de garantía de Puerto Montt, Lorena Fresard.
$500 millones fueron avaluados los vehículos decomisados en la región, los cuales fueron robados en la zona central del país.