Durante su participación en el seminario Clapes UC "Constitución, derechos humanos y libertad de expresión", el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Jaime Díaz, afirmó que sería un "retroceso histórico" que el Estado "dictamine sobre verdades oficiales".

La actividad, enmarcada en el análisis del nuevo proceso constituyente, se llevó a cabo en la Casa Central de la Universidad Católica y contó con la participación de la decana de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y el académico experto en derecho internacional y vicepresidente del Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constituyente, Claudio Grossman. Fue moderada por la directora de Docencia de la Facultad de Comunicaciones, Eliana Rozas.

En la oportunidad el presidente de la ANP advirtió que "pretender invocar al Estado para que nos dictamine sobre verdades oficiales, sobre cómo debemos entender la información, que influya en la manera en que la ciudadanía debe formar sus opiniones, solo implicará un retroceso histórico a lo que ha significado el constitucionalismo y la libertad garantizada en un sistema moderno de derechos humanos".

La primera exposición estuvo a cargo de Claudio Grossman, quien hizo un llamado a la moderación en la redacción del nuevo texto constituyente, a tener en cuenta la visión de otros, evitando legislar teniendo a la vista solo el presente, ya que "cuando una Constitución refleja el ideario de un solo grupo o tiempo, es susceptible de ser cambiada muchas veces -como la nuestra actual a la que se le han hecho más de 60 modificaciones-, y esos cambios constantes deterioran su legitimidad".

El abogado añadió que evitar los "entusiasmos del momento" pasa por la protección de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y por la protección que se acuerde para las minorías, de tal forma que una constitución pueda consagrar la posibilidad real de que las minorías políticas se puedan transformar en mayorías".

Deberes de medios

El ministro Cordero, quien hizo la advertencia de que hablaba como profesor de derecho público y no a nombre del Gobierno, se refirió a la libertad de expresión en la democracia chilena, para lo cual mencionó cuatro casos de sentencias judiciales, para graficar que "a 50 años del golpe de Estado la memoria y el respeto a las víctimas es una frontera inexpugnable para el debate político, un mínimo de decencia en la sociedad democrática, y respecto de lo cual los medios de comunicación siguen teniendo una responsabilidad y deberes activos".

Isabel Aninat, se refirió a que existen dos aproximaciones a la libertad de expresión: una procedimental, clásica de la democracia liberal, en que la libertad de expresión vale por sí misma, aunque no está exenta de límites. Y una concepción material, preocupante, de la cual un claro ejemplo se vio en el fallido proceso constitucional, "en que se hablaba de superar una concepción anticuada de la libertad de expresión que se reduce a un derecho a informar sin censura previa y a recibir información, para darle al Estado un rol más prominente, ya no solo limitado a no censurar sino a tener competencias y atribuciones en materia de libertad de expresión".

Añadió que subyace a esta tensión "una pregunta fundamental para la democracia y que es cómo nos vamos a aproximar a la libertad de expresión en las próximas décadas".