Viviana González

La Contraloría General de la República resolvió exculpar a la seremi de Energía, Liliana Alarcón y al ahora, ex subsecretario de la cartera, Julio Maturana, ante la existencia de eventuales irregularidades denunciadas en su contra por el presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, durante la crisis del pellet que se vivió en la zona durante el invierno de 2022.

La denuncia fue interpuesta ante el órgano fiscalizador por dirigentes de la Anef, el pasado viernes 13 de enero, acusando a las autoridades de Energía, específicamente a la seremi Liliana Alarcón (Ind), de falta de probidad al haber influenciado para conseguir pellet en pleno invierno para la familia del ahora ex subsecretario del ramo, Julio Maturana.

La resolución

En el informe, la Contraloría detalla en el punto de "análisis y conclusión" que revisaron los informes que les fueron solicitados a la Subsecretaría de Energía y la documentación, no advirtiendo que las autoridades cuestionadas hayan hecho valer su posición para influir en la adquisición del biocombustible y que, por lo tanto, no aprecian eventuales irregularidades.

Ante el pronunciamiento de la Contraloría, la denunciada, la seremi de Energía Liliana Alarcón, dijo estar tranquila y conforme con el resultado.

"Con esta resolución la Contraloría ratifica una cuestión muy importante: que las acciones realizadas en el año 2022 están en el marco de la función pública y de las tareas propias de esta cartera, labores que actualmente son nuevamente relevantes ya que el Gobierno está activamente trabajando para evitar problemas con la oferta de pellet", sostuvo -por escrito- la seremi de Energía, Liliana Alarcón.

La autoridad agregó que han trabajado en acciones concretas para evitar que se repitan episodios de desabastecimiento como ocurrió el año pasado y que, actualmente, la industria se encuentra produciendo con normalidad.

"insistiremos"

Por su parte, el presidente nacional de la Anef, José Pérez, quien ayer arribó a la capital regional, dijo que no estaban de acuerdo con la resolución de Contraloría, ya que -a su juicio- hay incongruencias y que no se va al fondo del asunto.

"La autoridad igual se saltó la fila, aquí la población hizo largas horas de espera, de las tres o cuatro de la mañana en adelante para que fueran atendidos por quienes venden el pellet; en cambio, la autoridad llegó y por una oportunidad pudo comprar -efectivamente con sus recursos- pero atrás habían personas que estaban esperando. Por lo tanto, eso entendemos nosotros que todavía no lo abordó completamente la Contraloría", explicó el dirigente gremial.

Ante dicha situación, José Pérez indicó que "nosotros insistiremos con nuevos antecedentes, para que se vea más allá de lo que ya sabemos de respuesta de estructura formal que tiene el órgano fiscalizador", sostuvo el presidente nacional de la Anef, detallando que entregarán más detalles a Contraloría.

A su vez, el directivo nacional remarcó que el hecho de que la Contraloría haya pedido informes a la Subsecretaría de Energía, "uno entiende que es juez y parte, que no es neutral; o sea, ellos hacen el análisis en base a los requerimientos que les hacemos como Anef y le preguntan al mismo ministerio cuáles son los antecedentes que versan sobre esta denuncia y nosotros entendemos que falta profundizar", puntualizó José Pérez.

El presidente de la Anef reiteró que "eso de saltarse la fila es grave, además la autoridad de aquí, esta seremi de Energía no llevó el pellet a un hogar de ancianos o a una población, lo llevó a familiares directos del ex subsecretario de Energía y eso nos llama la atención, porque eso va con lo que significa el tráfico de influencias y que tampoco lo aborda la respuesta de Contraloría".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de cuatro efectivos del Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) en retiro, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño, detención ilegal y aplicación de tormentos a 31 víctimas. Ilícitos perpetrados a contar del 11 de septiembre de 1973, en la ciudad de Puerto Montt.

En la resolución (causa rol 10.858), el ministro en visita sindicó, en calidad de autores de los delitos en carácter de lesa humanidad, a los detectives de la Policía de Investigaciones a la época de los hechos, Roberto Javier Díaz Moya y Javier Armando Olavarría Díaz; al entonces capitán de Ejército Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela y al teniente de Carabineros Carlos Segundo Tapia Galleguillos.

En la etapa de investigación, el ministro Mesa Latorre recopiló antecedentes suficientes para tener por acreditados los hechos. Es así como se precisa que "luego de consumado por las Fuerzas Armadas el derrocamiento del Gobierno, la Junta de Gobierno extrapoló desde la estructura interna de aquellas, la instauración de los 'Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior' (CAJSI), los que fueron emplazados en ciudades capitales de provincia y que estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, los que fueron liderados por el oficial más antiguo de ellas, siendo esa persona la autoridad máxima que ocupaba el cargo de jefe de Zona en Estado de Sitio".

Además, que "dentro de sus funciones principales destacaban los temas relacionados con la administración y seguridad interior del territorio bajo su jurisdicción, como lo fue el dictar Bandos, ordenar la investigación de situaciones o personas determinadas, disponer allanamientos, la detención de personas, detectar áreas de conflicto, coordinar patrullajes y diligencias operativas con participación de integrantes de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas".

En otro punto señala que "al igual que al resto de los organismos a nivel nacional, el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) con asiento en la ciudad de Puerto Montt, además de su propia inteligencia, se sirvió de todas las unidades de inteligencia de las diversas instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en la región", señala el documento que detalla a las 31 víctimas.