El domingo 7 de mayo se realizarán los comicios para elegir a los 50 consejeros que participarán en un nuevo proceso de elaboración de una Constitución, luego de que en la elección de septiembre pasado la ciudadanía rechazara por amplio margen la propuesta presentada por la Convención.

Ese día será feriado irrenunciable y el voto será obligatorio, por lo que hay poco más de 15 millones de ciudadanos habilitados para ir a las urnas. Ya en el plebiscito de salida de septiembre de 2022 se había implementado el voto obligatorio, y luego de la publicación de una ley, Chile ha retomado la inscripción automática en los registros electorales, con voto obligatorio en todos los procesos que se desarrollen.

En el calendario previo a la elección, precisamente ayer se difundió el listado de los vocales de mesa y los miembros de colegios escrutadores designados por las Juntas Electorales. Las excusas se podrán presentar entre el 17 y 19 de abril, y el listado definitivo se hará público el sábado siguiente, el 22 de abril.

Según datos publicados por el Servel, del total de habilitados para sufragar en mayo, 7.385.592 son hombres y 7.764.980 son mujeres. En cuanto a la principal concentración de electores por edad, hay 2,9 millones entre 30 y 39 años; 2,6 millones entre 20 y 29; y 2,5 millones entre 40 y 49 años.

Aun así, el panorama es complejo, pues pese a que faltan cuatro semanas, todavía no se aprecia un ambiente de campaña. Según la reciente encuesta Cadem, un 70% dice tener "poco o nada de interés" en las noticias relacionadas con el nuevo proceso destinado a redactar una nueva Constitución, a la vez que un 48% no sabe que se celebrarán dichos comicios. De acuerdo a los expertos, esto obedece a factores como una especie de "fatiga constitucional" de las personas con el tema, ante las altas expectativas que existieron con el proceso anterior y la desilusión generada posteriormente por su fracaso. También se suman a eso las múltiples prioridades que tiene hoy la población y que están enfocadas en temas que considera mucho más importantes, como es la inseguridad y la violencia delictual, con asesinatos diarios en las calles. Los candidatos tienen así una enorme tarea para darse a conocer, primero, y para conquistar el voto, luego.

La vorágine legislativa para aprobar la Ley 21.560, más conocida como "Nain-Retamal", fue la desesperada e improvisada respuesta política para salir del paso ante la enorme presión de la opinión pública por mayor protección y facultades para las policías, después de que en pocos días y en un escenario de delincuencia desatada, varios carabineros trágicamente perdieran la vida a manos de delincuentes fuertemente armados.

Durante su tramitación el aspecto central que abrió un álgido debate nacional fueron las reglas y límites que debe tener el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía, específicamente la utilización de sus armas de fuego. En simple: bajo qué circunstancias un carabinero puede "legalmente" disparar.

Al Gobierno, dogmáticamente incrédulo de la represión estatal, no le gustó nada el proyecto aprobado por los diputados que, a diferencia del texto que finalmente se convirtió en ley, sí ampliaba el amparo jurídico del policía que hace uso de su armamento, desde que autorizaba su utilización fuera de los estrictos márgenes de la legítima defensa, incluyendo hipótesis propias del ejercicio diario de la función policial, como evitar la comisión de determinados delitos.

Sin embargo, la exitosa negociación del Ejecutivo en el Senado, campaña "gatillo fácil" de por medio, logró frenar en seco el frenesí legislativo pro-Carabineros, retrotrayendo la autorización legal sólo a aquello que desde siempre ha estado permitido, incluso para cualquier persona: la legítima defensa. Por otra parte, la incorporación de la norma que los considera víctimas o testigos, "a menos que las diligencias permitan atribuirles participación punible", jurídicamente no altera la regla general que estaba vigente, pudiendo incluso tener efectos contraproducentes, como privar a un policía de sus derechos, como el de guardar silencio.

Nadie puede desconocer que la Ley Nain-Retamal incorporó avances en la protección jurídica de las policías, pero fue en otras materias y no, como se ha hecho creer a la opinión pública, en el empleo de sus armas de fuego, donde su aporte es más bien "cosmético".

Como señal política, eso sí, debiera llevar a los operadores del sistema de justicia a ser más cautelosos en sus decisiones.

Pero toda esta discusión, donde llama la atención la falta de posición de actores relevantes en el combate del delito, recién está comenzando. Recuerde que al poco andar de la promulgación de la ley, el Gobierno ingresó un proyecto de reglas del uso de la fuerza, cuyas disposiciones derechamente maniatan a las policías y consagran la doctrina del "gatillo imposible".

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