Redacción

Ruido causaron en Chile Vamos los dichos de Francisco Chahuán, senador y presidente de Renovación Nacional (RN), quien abrió desde la oposición la posibilidad de crear un órgano estatal que se encargue de pagar las pensiones.

En radio Cooperativa, y en el contexto de las discusiones entre el Gobierno y oposición por la reforma en esta materia, Chahuán informó sobre la presentación desde Chile Vamos "de una propuesta muy sustantiva que dice relación con aumentos de competencia en la administración de los fondos de pensiones", y "que dice relación, incluso con la posibilidad de un órgano estatal que sea justamente el que pague las pensiones".

Chahuán aseguró que ha mantenido positivas conversaciones al respecto con la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, y que la propuesta cuenta con el apoyo de Chile Vamos.

Se desmarcan

Sin embargo, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se desmarcó rápidamente, señalando que "la UDI no está dispuesta a la administración estatal de los ahorros de los trabajadores en cualquier etapa".

En la misma línea opinó la secretaria general del partido, María José Hoffmann. "Entregarle el monopolio a un ente público es una idea que no compartimos y nos parece que va en contra del interés y derecho a elegir, eso para la UDI es un principio intransable", dijo.

Por otro lado, el fundador del Partido Republicano y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, entró en el tema a través de una encuesta en Twitter que tituló: "¿Están de acuerdo con la propuesta de Chile Vamos de que los ahorros de los chilenos sean administrados por el Estado?".

Chile Vamos le respondió acusándolo de difundir "mentiras" y "fake news".

"No esperaba una bajeza así de quien aspira a ser Presidente. Una cosa es competir, otra el aprovechamiento político y el todo vale. Sabes que no existe tal propuesta de Chile Vamos. Es tan falso como que estás en contra de las mujeres. No le des la razón a quienes te acusan de ser el rey de las fake news", escribió Hoffmann.

"Qué pena caer en la mentira. Esa propuesta no existe", señaló Macaya.

Tras la intervención de Kast y el caos que reinaba en la oposición, Chahuán salió a explicar sus dichos sobre la propuesta de pensiones: "No creemos en un monopolio estatal para administrar los fondos de pensiones. Creemos que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, son heredables y tienen derecho a elegir quiénes se los administran, ya sea una entidad pública o privada".

La Asociación de Isapres calificó de "inviable" la eventual fórmula que buscaría implementar el Gobierno para ejecutar el fallo de la Corte Suprema respecto a las devoluciones que las aseguradoras de salud deben realizar a los usuarios, y que alcanzarían los US$ 1.400 millones.

A través de un comunicado, las isapres criticaron la esperada ley corta que impulsaría el Gobierno para ejecutar el "supremazo", asegurando que llevaría a un "colapso" del sistema de salud privado.

"Hemos conocido la decisión del Gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo", dice el comunicado.

"Es inviable e incumple con la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten", señala el texto.

Según las isapres, estimando los costos futuros, "la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades".

En esa línea, recuerdan que "la propia Corte Suprema, tras fijar este nuevo criterio de operación (basado en aplicar la nueva tabla de factores), ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado".

"Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia", insiste la Asociación de Isapres.

Luego de que el Juzgado de Garantía ordenara revelar a la contraparte la identidad de los cinco testigos protegidos de la Fiscalía en el juicio oral contra Héctor Llaitul, que comienza mañana, el ministro de Justicia, Luis Cordero, desdramatizó la situación y señalando que es algo "habitual" que exista esa "tensión".

En radio Duna, Cordero indicó que "lo que subyace a esta discusión es el derecho de la defensa a conocer quién está declarando y qué está declarando en su contra. Probablemente lo que hizo la defensa de Llaitul en este caso fue conocer la identidad de esas personas para hacer efectiva su teoría del caso, para ver si esas personas tienen algún nivel de compromiso, lo clásico que puede estar detrás de un litigio".

El secretario de Estado admitió que es "habitual" que exista "tensión entre la eficacia del sistema de enjuiciamiento criminal y los derechos de la defensa en una contienda electoral".

En tanto, desde la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibañez, presidente del gremio, calificó la decisión de "grave", ya que "pone en riesgo la integridad física de personas inocentes que quieren colaborar con la Justicia" y que "favorece la impunidad".