Surge oposición regional a nuevo proyecto que regulará el cabotaje
ANÁLISIS. Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados iniciativa con indicaciones que no dejaron satisfechos a representantes locales de la actividad marítima naviera, así como a legisladores que integran la Comisión que recepcionó mensaje presidencial.
En su primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, ingresó a la Cámara de Diputados el mensaje presidencial que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo.
La iniciativa, incorporada en la Agenda de Productividad del Ejecutivo, busca potenciar la competencia del comercio naviero, mediante la facilitación para que naves de bandera extranjera ingresen a la actividad del cabotaje nacional.
Entre las indicaciones presentadas, se propone crear una nueva excepción para que embarcaciones que provengan del extranjero descarguen en un puerto nacional y que puedan hacer cabotaje a continuación de dicha labor, exclusivamente en su ruta de salida.
Además, define un waiver (permiso temporal) de un año para operar si no hay servicios regulares de cabotaje.
También modifica la definición de cabotaje, lo que permitiría redestinar a otro puerto nacional la carga de naves extranjeras, si se produce el cierre del puerto de destino.
Impacto negativo
Héctor Henríquez, presidente de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (Armasur), aseveró que de implementarse la iniciativa "tendrá un impacto negativo, en especial en la mantención de servicios regulares de conectividad, difícil de dimensionar, imposible de recuperar, tal cual lo demuestra la experiencia en países que han seguido este camino".
El también vocero de Armasur mencionó que aunque las indicaciones apuntan a que el cabotaje queda reservado para naves nacionales "en la práctica pasa a ser una mera declaración de buenas intenciones, ya que por la vía de las excepciones se promueve que naves extranjeras, con armadores desconocidos extranjeros y dotación extranjera, realicen cabotaje, reemplazando naves y dotaciones chilenas".
En cuanto al aumento de la competencia, Henríquez advirtió que hay una distorsión, ya que se propicia "dentro del territorio donde a los locales se les aplica la ley nacional, como corresponde, pero para los extranjeros regirán las regulaciones laborales y tributarias de la bandera" de esa nave.
El líder gremial recomendó un análisis más detallado "antes de promover un proyecto que, en particular, para el sur austral, puede resultar muy dañino para mantener los servicios de conectividad e integración territorial, afectando no sólo a los trabajadores y armadores locales, sino que a todos aquellos que viven con mucho esfuerzo en las zonas más aisladas de nuestro país".
No está dispuesto
De su lado, el diputado por el Distrito 26, Jaime Sáez (RD), planteó que "el gobierno del Presidente Boric ha entendido que esta es una materia trascendente para el mercado marítimo de nuestro país", en cuanto a propiciar una mayor competencia. Y añadió que el desarrollo marítimo-portuario "requiere de un mayor grado de competitividad entre las distintas empresas que operan en el sistema".
No obstante, admitió que organizaciones gremiales presentaron aprensiones, como a la reputación de naves y que operen tripulantes extranjeros.
Sobre estas situaciones, Sáez, quien integra la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a la que ingresó el proyecto, sostuvo que "he sido muy tajante en que no estoy dispuesto a acep-