La Asociación de Isapres declaró que la ley corta que el Gobierno ingresó a trámite al Parlamento para dar curso al fallo de la Corte Suprema, que ordenó a las compañías ceñirse a la tabla de factores de 2019 y restituir los cobros en exceso desde entonces a sus afiliados, "es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".

"La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos". "Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión", añade el texto de la entidad que lidera Gonzalo Simon.

"cierre por secretaría"

Las aseguradoras dicen que "la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas".

"Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud", finalizan.

Durante la jornada previa, el Ejecutivo ingresó al Parlamento un texto a través del Senado que indica que las aseguradoras serán las que van a diseñar el plan de pago, teniendo seis meses para ello, detallando montos a devolver, contratos afectos a devolución, plazos y modalidades.

Ayer, la Superintendencia de Salud informó que se analizaron 1,8 millones de contratos y 725.878 se podrían ver favorecidos con una rebaja de cobros y devolución de excedentes, esto es el 39% de los contratos estudiados.

El monto total a devolver a los afiliados sería de 1.400 millones de dólares.

El proyecto, además, incluye una estrategia de fortalecimiento de Fonasa.

Una vez emanado el plan de pago de las isapres, la Superintendencia de Salud lo recibirá y lo depositará en un consejo especialmente conformado para este efecto, que tendrá otros seis meses para realizar sugerencias y la Superintendencia tendrá un mes más para aprobar o rechazar el plan.

Desglose por isapre

Según el análisis, que publicó ayer Emol, entre otros medios, Cruz Blanca es la isapre que más dinero debería devolver ($278.265.111.165). De 378.468 contratos estudiados, 163.996 (43%) recibirán en promedio $1.696.780, con un mínimo por afiliado de $288 y un máximo de $39.406.384.

Luego viene Colmena, con un monto $242.498.785.099, y 166.475 (38%) de los 432.477 contratos de salud analizados que recibirían devolución.

El promedio por usuario favorecido de Colmena sería de $1.456.668, con $1.635 mínimo $31.083.198 máximo.

Según el regulador, tercera está Banmédica, que deberá restituir $222.464.640.229, puesto que de 395.912 planes contratados que se evaluaron, el 37% (146.008) tendrá reembolso, con un promedio de $1.523.647: el más bajo es de $1.913 y el mayor, $60.597.702.

Sigue Consalud, con 35% (143.245) de los más de 400 mil contratos revisados que tendrán reembolso, con un monto promedio de $1.392.478 por afiliado ($719 mínimo y máximo de $31.605.103).

Nueva Masvida tendría 60.497 (35%) de los 173.123 contratos estudiados favorecidos, con un monto de devolución promedio de $1.472.605.

Vida Tres tuvo 84.215 contratos estudiados y 36.475 se verán favorecidos (43%), con un reintegro promedio por afiliado de $2.054.533.

La Superintendencia también proyectó cifras para isapres cerradas, como Fundación -ligada a BancoEstado-, Esencial o Isalud.

La municipalidad de Santiago ingresó el miércoles en la tarde una querella contra los tres tasadores de la ex clínica Sierra Bella, en cuya propiedad se buscaba instalar la primera clínica comunal del país, por los posibles delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.

La acción fue suscrita por la abogada Julia Panez, directora de la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio, y va dirigida contra María José Sepúlveda, Mylena Cárcamo y Patricio Gajardo, contratados a fines del 2022 para tasar el inmueble que ofrecía Inmobiliaria San Valentino.

La acción judicial se funda en las observaciones que hizo Contraloría a una cuestionada operación por más de ocho mil millones de pesos (cuatro veces su presunto valor) que, según San Valentino, encabezaba la alcaldesa Irací Hassler.

"De ser correcto lo señalado por la I. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes e hicieron pasar por informes de tasación documentos que lo eran sólo en apariencia" y no cumplían con el encargo que se había dado, dice el escrito, donde se agrega que lo anterior "ha significado un engaño por parte de los querellados, y que le ha generado un perjuicio a la I. Municipalidad de Santiago correspondiente a la supuesta contraprestación por la que fueron remunerados".

Hassler dijo que la querella es parte de las acciones judiciales necesarias para colaborar al "pronto esclarecimiento de los hechos que tan gravemente afectaron al proyecto que nos permitiría mejorar las condiciones de salud de los más de 37 mil vecinos del Cesfam Padre Orellana", publicó La Tercera.

La querella indica que "la Municipalidad habría incurrido en el error de considerar que se trataba de tasaciones legítimas y, por tanto, no solamente realizó el pagó por el supuesto trabajo pactado -configurando la disposición patrimonial-, sino que además estos antecedentes constituyeron un hecho esencial para cumplir con las exigencias legales que requería la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella bajo la modalidad de trato directo".