Marcelo Galindo

Una manifestación rechazando el traslado de dos internos mapuches desde la cárcel de Angol, fue protagonizada ayer en la mañana por adherentes a la causa mapuche en el frontis del centro penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, el que no arrojó incidentes.

A través de publicaciones en redes sociales, los adherentes al movimiento de los indígenas indicaron que el objetivo es volver a protestar afuera a la cárcel puertomontina. Además, indicaron que los internos iniciaron una huelga de hambre.

"El traslado es ilegal y arbitrario. Alejó a los prisioneros políticos mapuche Freddy Marileo Marileo, Joaquín Huenchullán Queipul, Máximo Queipul, Patricio Queipul, Antillanca Quidel y Fabián Llanca a casi 500 kilómetros de distancia de sus familias y comunidades".

Indican que los 6 presos mapuches, más otros 11 de la cárcel de Angol, se encuentran en huelga de hambre desde el lunes exigiendo su retorno a Angol.

"El gobierno, a pesar de la gravedad de la situación y con la conflictividad en escalada, aún no se pronuncia al respecto, siendo responsables del traslado, Gendarmería y su autoridad política, el Ministerio de Justicia".

Homicidio

Los internos trasladados al penal Alto Bonito quedaron en distintos módulos, tras su presunta participación en un motín y un supuesto secuestro de gendarmes en el penal de Angol, Región de La Araucanía, hecho ocurrido el domingo.

El imputado Huenchullán Queipul permanece en el módulo 21 por el delito homicidio frustrado de Carabineros, tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Mientras que Marileo Marileo está condenado por el delito de homicidio de dos comuneros mapuches, pertenecientes a una comunidad distinta a la suya.

Ambos llegaron el lunes al Complejo Penitenciario de Puerto Montt, trasladados desde Angol.

Los internos cuenta con defensoría privada. El lunes, tras el arribo al penal de Alto Bonito, fueron visitados por representantes de la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Mauricio Maya, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), anotó que lo que se hace al Complejo Penitenciario son visitas regulares.

"De lo que podemos informar, se encuentran en buenas condiciones, separados en módulos distintos según su calidad procesal", adujo escuetamente.

La coronel Angélica Briones, directora regional de Gendarmería, sostuvo que desde el lunes se encuentran en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt dos comuneros mapuches que llegaron trasladados desde Angol, por motivos de seguridad institucional.

"Se trata de un condenado y un imputado, quienes se encuentran en buen estado de salud y fueron segmentados, de acuerdo a su condición judicial".

Mala noticia

Quien se pronuncio ayer en contra de estos traslados por un tema de seguridad para los funcionarios de Gendarmería y por los reclamos de los vecinos del entorno del penal de Alto Bonito, fue el diputado RN Mauro González.

"Estamos hablando que es una mala noticia para los funcionarios, para los vecinos, cuyas residencias están cerca de la cárcel de Puerto Montt, y es una mala noticia para los internos. ¿Hasta cuándo los altos mandos de Gendarmería y también del Ministerio de Justicia van a continuar con esto?", se preguntó González.

A entender del legislador, el Ministerio de Justicia "no ha escuchado nuestras peticiones de seguridad para evitar pelotazos (con droga) a la cárcel y entregar mejores condiciones laborales para los funcionarios, quienes se dedican a trasladar a reos peligrosos hasta Puerto Montt".

María Eugenia, vecina del barrio Bosquemar, cuya casa está emplazada en la parte posterior a la cárcel, reveló que entre el lunes y martes se escuchaban gritos desde el penal. "Pensamos que eran estas personas que llegan a lanzar droga por los muros, pero no vimos a nadie, y tampoco vehículos rondando este lugar. Ahí supimos de la llegada de reos".

2 internos llegaron al centro penitenciario de Puerto Montt desde la cárcel de Angol el lunes pasado, tras un motín en Angol.

15 años es la condena dictaminada contra uno de los internos, por el homicidio de dos comuneros en La Araucanía.

A través de la Cámara de Diputados, Mauro González, parlamentario por el distrito 26, hizo llegar un oficio a la Dirección Nacional de Gendarmería y al Ministerio de Justicia. Pide que se informe "acerca de los fundamentos que llevaron a tomar esta decisión, más aun estando en conocimiento de los serios problemas de infraestructura, condiciones laborales de los funcionarios y el constante lanzamiento de droga y otros elementos desde el exterior por medio de "pelotazos"; lo que se agrega a los problemas que conlleva para los vecinos del recinto". Solicita que "se reconsidere la medida adoptada teniendo a la vista las consecuencias antes citadas y lo negativo de ella, cuyos efectos ya se observan con el rayado de mensajes en el acceso al penal".