El muro de la vergüenza
El muro Lautaro se desplomó hace un año y dos meses en la población Alerce y aún los residentes conviven con el peligro.
El 24 de marzo de 2022 se provocó el derrumbe de parte de un muro de cuatro metros de altura en la calle Lautaro, de la población Alerce en Puerto Montt. El desplome se produjo luego del incendio de una de las casas del sector y en esa ocasión, afortunadamente, no hubo que lamentar la ocurrencia de desgracias humanas; el único dañado fue un automóvil que quedó aplastado e inutilizado bajo los bloques de cemento. Las fotos de tal emergencia fueron elocuentes en su momento: daban cuenta del gracioso azar que evitó que algún peatón estuviese caminando por el sector, como también que las viviendas aledañas al muro se sumaran al derrumbe y terminaran, con sus eventuales ocupantes dentro, tal cual le ocurrió al solitario automovil.
La lógica debiera indicar que a un año y dos meses de aquel evento, el muro ya fue reparado y que los 35 habitantes de las diez casas que colindan con el muro Lautaro recuperaron rápidamente la tranquilidad perdida desde el día del siniestro. Mal que mal, esa es una obra que tiene un claro responsable, con una adecuada provisión de recursos para tales fines -sobre todo cuando se trata de garantizar la vida de las personas- y que en un caso de tal magnitud, las diferentes reparticiones involucradas habrían actuado con total celeridad.
Pero Puerto Montt a veces no resulta ser lógico. Con todo el riesgo que implica el eventual desplome de diez viviendas en algún día de mal tiempo (algo totalmente probable en esta parte del sur de Chile), los departamentos municipales implicados en esta situación, tanto la Secretaría de Planificación como la Dirección de Obras, parecen no haber comprendido el sentido de urgencia y la burocracia ha contaminado una decisión que debía ser certera y eficiente. Se ha argumentado que los costos se han incrementado, que los permisos deben pasar por los órganos de control y que cada documento debe tener su correspondiente timbre. ¿Es que acaso la supervivencia de las personas enfrentadas a un peligro diario amerita la espera de un timbre?
Si el Estado impone sus tiempos, pues los organismos públicos debieran entonces correr desde el día uno para evitar tales dilaciones que ya son temerarias.