El ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció ayer que el plan "Gas a precio justo" o "Gas para Chile", donde cada balón terminó costando $117 mil para que los beneficiados pagaran $15 mil, "no fue particularmente exitoso porque se cambio el formato, pero los aprendizajes del piloto exceden eso".

El programa se aplicó en tres comunas, donde la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) vendió gas licuado. Ante las críticas por el alto porcentaje del valor financiado por el Ejecutivo, el secretario de Estado señaló ayer en Canal 13 que "decidimos no perseverar en un piloto de estas características porque era contradictorio con nuestra estrategia regulatoria".

"Estamos trabajando en un proyecto de ley que tiene un calendario, acordado con la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para abordar regulatoriamente el mercado del gas licuado", de manera "desintegrada, siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica de 2021", explicó el ministro, "entonces para mí no hacía sentido perseguir una estrategia normativa hacia la desintegración y, al mismo tiempo, una estrategia piloto integradora".

"Yo tomé la decisión de no perseverar en un piloto de estas características, y ENAP también tomó una decisión comercial que tiene hoy, donde solo trabaja en el ámbito mayorista", afirmó la autoridad.

"La decisión de retrasar el cumplimiento de esa meta, políticamente me corresponde a mí", dijo Pardow. "La decisión inicial de no perseverar con escalar el piloto tal como estaba, con 100.000 cilindros, fue del propio directorio de ENAP: dijeron que no estaba dispuesto a hacerlo de esta manera, porque había que esperar a que el piloto que estaba entre agosto y diciembre se realizara, y sobre la base de esa evidencia tomar una decisión".

"Si uno enjuicia el éxito de un piloto porque la siguiente fase replique exactamente el formato del piloto", entonces "este no fue particularmente exitoso porque se cambió el formato, pero los aprendizajes del piloto exceden eso", destacó Pardow.

Sobre el proyecto de Ley para regular el mercado del gas, el ministro dijo que "los procesos en materia de energía han sido muy lentos" y, "hasta el momento, hay sólo hay un borrador que se ha tenido que corregir".

Congreso

Las cifras que se conocieron la semana pasada, según el secretario de Estado, fueron enviadas en marzo al Congreso, razón por la que le llamó la atención el "timing" de la noticia.

Esta información llevó a la comisión de Minería y Energía de la Cámara a citar para este miércoles a Pardow, sus pares de Desarrollo Social y Hacienda, Giorgio Jackson y Mario Marcel, junto a la presidenta del directorio de ENAP, Gloria Maldonado.

Pardow ayer agregó que tiene una "opinión distinta" con su antecesor, Claudio Huepe, quien, junto a Jackson, inauguraron el plan en julio del año pasado: "El Ministerio anterior tenía una lógica desintegrada y después, conmigo, cambió", afirmó el actual titular que asumió en septiembre.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen, dijo en TVN que el mercado del gas "es bastante masivo en Chile, así que a mí el objetivo me parece correcto, la forma yo creo que demuestra muchas veces que el Estado no tiene la capacidad".

La encuesta Pulso Ciudadano de la segunda quincena de mayo preguntó por la crisis del sistema privado de salud, frente a la que el 75,1% -de un total de 1.024 consultados en 156 comunas -dijo no confiar en las Instituciones de Salud Previsional (isapres).

Esta negativa se da marcada por el debate tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a devolver US$1.400 millones a los afiliados, a causa de cobros indebidos por tabla de factores.

Sólo un 5,6% declaró confiar en las isapres, mientras el 58,5% de los encuestrados afirmó que las instituciones "deben devolver el monto adeudado, tal como lo indica el fallo de la Suprema, independiente que puedan quebrar o no", mientras que el 23,4% optó por "buscar otra fórmula de solución para que las isapres no quiebren y puedan seguir brindando sus servidos a sus afiliados".

Ley corta

El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de Ley corta para que las compañías puedan repactar la deuda, así como la creación de un seguro complementario en Fonasa con pago adicional, orientado a quienes están migrando al sistema público de salud.

En este escenario, el 55,4% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con la Ley corta, 32,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 12,1% en desacuerdo.

El mayor respaldo a la iniciativa legal se registró en los grupos socioeconómicos C2 y C3, con 67,7% y 61,4%.

La oposición, en paralelo, envió una iniciativa paralela al Legislativo donde insta a subir los precios de los planes de base de las aseguradoras, para que así puedan bajar los de la tabla de factores y, por ende, el monto a devolver para cumplir la sentencia.

El proyecto ya fue aprobado por la comisión de Constitución del Senado y, en la encuesta Pulso Ciudadano, el 48,7% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo, 35% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 16,3% de acuerdo. El mayor apoyo se registró en el grupo C1, con 21,9%.