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Relevancia de salmonicultura
La mayoría de las personas que llevan algunos años viviendo en la zona saben lo relevante que es la industria salmonera en la economía local. Pero para los nuevos residentes y los que viven en otras zonas, no debe ser tan evidente la relevancia de la industria.
La producción de salmón atlántico y salmón plateado en centros de cultivo de la región ha representado el 46% de la producción total en los últimos cinco años, alcanzando las 400 mil toneladas por año. Se traduce en ingresos de divisas para la región superiores a los 4 mil millones de dólares al año. En 2022, las exportaciones de salmón de Los Lagos totalizaron casi 5.600 millones de dólares, y en los primeros tres meses de este año suman más de US$1.500 millones, un alza de 5,7% con respecto a 2022.
Los envíos de salmón representan más del 80% del total de exportaciones de Los Lagos. Los beneficios de dicha industria van mucho más allá de las divisas. Al ser una industria intensiva en el uso de recursos humanos, sobre todo en el procesamiento del salmón, genera mucho empleo. No sólo empleo directo en la cadena de producción, sino que mucho empleo indirecto. Esto ha generado que las tasas de desocupación en la Patagonia chilena sean bastantes más bajas que en el resto del país.
Ciudades con importante presencia de centros salmoneros han crecido exponencialmente de la mano de la industria salmonera. No sólo crecimiento demográfico, sino también desarrollo de mejores servicios y mayor provisión de bienes de consumo que han mejorado la calidad de vida.
Limitar el desarrollo de la industria, en vez de exigir estándares medioambientales más estrictos, tendrá graves consecuencias no sólo para los trabajadores de la industria y los de aquellas que les prestan servicios a los salmoneros, sino para todas las comunidades donde los centros salmoneros funcionan. Basta recordar lo que pasó en la zona durante la crisis del virus ISA entre 2007 y 2010.
Querer minimizar el potencial impacto de una política que limita la actividad salmonera, demuestra la poca prolijidad con la cual se proponen las regulaciones al no estimar bien los potenciales costos o un cierto terraplanismo de quienes proponen y aprueban dichas medidas en La Moneda y el Congreso. Para que una política pública sea eficiente desde un punto de vista económico y social, los beneficios deben ser mayores que sus costos. Sería bueno que el Gobierno muestre los estudios en los que se sustenta su postura y explique cómo los beneficios de prohibir la actividad salmonera son mayores a los costos.
Luis Faúndez, economista
"Litio y salmones"
Hace unas semanas, el Gobierno anunció su Política Nacional del Litio, generando una serie de comentarios y críticas por el rol preponderante que tendría el Estado. A partir de eso, mucho se ha hablado de la importancia de aprovechar las ventajas competitivas de este producto, que se transformó en el segundo más exportado de Chile.
Por otro lado en el sur del país, la salmonicultura exportó el año pasado US$ 6.600 millones y el Gobierno anunció su intención de avanzar con una Ley de Acuicultura, con el objetivo de trabajar en una industria salmonicultora moderna y sostenible, y para seguir siendo el polo de desarrollo que está presente en seis regiones del sur de Chile, y que abastece a más de 100 mercados en el mundo.
Hoy, con sorpresa vemos que en etapas decisivas del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), proyecto que valoramos, se propone una indicación a la Ley General de Pesca y Acuicultura que apunta en una dirección totalmente opuesta, limitando cualquier posibilidad de regularizar y generar un ordenamiento territorial futuro que apunte a la sostenibilidad de esta industria. En la otra cara de la moneda, Noruega ha definido -en su plan estratégico desarrollado por el gobierno- quintuplicar su producción de salmones a 2050.
En la actualidad, Chile tiene el 35% del mercado global y el país escandinavo el 45%. Si se aprueba lo que se está discutiendo, a 2050, Noruega alcanzará el 82% del mercado y el de Chile se verá reducido al 11%.
Como tercera exportación chilena y que representa a más de 70 mil trabajadores y 4 mil pymes, nos merecemos saber qué planes tiene el Gobierno para el futuro desarrollo de la salmonicultura en el país, y que de una vez por todas brinde certeza, estabilidad y claridad a quienes componen esta gran cadena de valor.
Tomás Monge, director territorial de SalmonChile
Frente Amplio y salmonicultura
La Ley SBAP es un gran ejemplo de la desconexión del frenteamplismo con lo que pasa en las calles.
Ernesto Molina
"Estado emprendedor"
El gasto fiscal que desembolsará el Estado para financiar el proyecto Gas de Chile es ilógico, debido al costo excesivo de cada cilindro de gas de 15 kilos, el cual es de $117.000 por unidad, en comparación a los $22.000 que cuesta en el mercado cualquier otra opción producida por empresas privadas. Esta comparación deja en evidencia nuevamente el mito del "Estado emprendedor", en donde se busca que el Estado pueda competir con los privados, ofreciéndole más opciones a los consumidores. Pero la evidencia histórica demuestra todo lo contrario.
Esto no sólo sucede en el rubro del gas, también sucede con Codelco y su deuda de US$18.000 millones. Esto es, que cada chileno pague alrededor de mil dólares para sacar a la empresa estatal de su mora, y nada nos indica que con el litio no pase exactamente lo mismo. A esto le podemos sumar LAN y la Iansa, que debieron ser privatizadas.
Para terminar esta reflexión, quisiera dedicar esta frase de Albert Einstein a todos los políticos estatistas de Chile que siguen con esta idea latiente en sus discursos: "Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo".
Felipe Jara S.