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nos señalados será puesta en conocimiento en conjunto de todos los ocupantes del inmueble, a fin que tomen cabal entendimiento de la misma, lo cual se materializará a través de la notificación por cédula de la presente sentencia, por receptor de turno, la cual será fijada en, al menos, tres sectores visibles de la propiedad".
El martes 30 de mayo, el receptor judicial procedió a notificar a cada una de las familias que se tomaron la propiedad privada.
"En caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes y según las circunstancias sociales existentes, el municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento, como también se implementen las medidas sociales necesarias".
Copia autorizada
El documento también ordena que se oficie al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, para que el desalojo, se realice sin incidentes.
Junto con ello se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que disponga la materialización del desalojo, sólo en caso que fuese necesario.
La misma determinación judicial faculta a Carabineros para llevar adelante esa desocupación.
"La sentencia, en copia autorizada y con constancia de su ejecutoriada, servirá de suficiente título con el objeto que sea debidamente cumplida por Carabineros de Chile dentro del plazo máximo de 30 días, transcurrido el término de 6 meses que se establece en este fallo, para cuyo efecto se presentará a la Prefectura de Carabineros competente".
Reproche
Uno de los puntos que causa controversia en el fallo tiene relación con el reproche que hace la Corte Suprema a la Fiscalía, tras la querella presentada por los afectados.
"Es responsabilidad de la recurrida (Ministerio Público) llevar a cabo múltiples acciones, tales como la investigación de un hecho punible, con amplias facultades, y velar de forma eficiente y eficaz por la protección y seguridad de las víctimas y del ejercicio de sus derechos fundamentales, tales como el de propiedad, correspondiéndole, en consecuencia ejecutar y disponer los medios para que dichas labores logren resultados, motivo por el cual, la acción constitucional debe ser acogida en este acápite también".
Desde comunicaciones de la Fiscalía, comentaron a este medio, que la próxima semana se van a referir al fallo de la Corte Suprema.
Proliferado
José Luis Andrés, abogado y querellante en la causa de ocupación ilegal del predio de Frutillar, sostuvo que la Fiscalía podría ordenar el desalojo, "pero no lo hace porque interpreta la ley de un modo restrictivo, que la Corte Suprema corrige en este fallo".
Explica Andrés que en "en estos casos la Fiscalía ordena identificar a los ocupantes y los requiere en procedimiento simplificado para imponerles una multa por tratarse de una ocupación no violenta, solicitando al tribunal, por supuesto, el desalojo".
Revela el abogado que "esta pena de multa, por su baja entidad, es lo que lleva a que la tendencia en la Fiscalía sea la pasividad, porque probablemente priorizan causas con penas privativas de libertad".
El querellante agrega que este fallo podría ser el punto que marque la diferencia.
"Por eso han proliferado las tomas en nuestro país, ya que los ocupantes no arriesgan mayor sanción y tampoco son desalojados de las propiedades que ocuparon", señala e insiste que "este fallo de la Corte Suprema es muy importante para un sinnúmero de personas cuya propiedad ha sido usurpada".
Problemática social
Uno de los puntos abordados por la Corte Suprema en el fallo tiene relación con instrucciones entregadas a organismos públicos para salvaguardar a las personas que viven en esa toma, entre ellas niños, mujeres y adultos mayores.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Fabián Nail, dijo que se coordinarán con la Municipalidad de Frutillar, porque es un tema a resolver en el plan de emergencia habitacional.
"Este fallo del máximo tribunal del Poder Judicial reafirma que los asentamientos ilegales en terrenos fiscales o privados vulneran las garantías constitucionales y establece a su vez que la necesidad habitacional debe resolverse a través de los procesos regulares, para no perjudicar el legítimo derecho a propiedad e igualdad de los propietarios de los terrenos afectados", asegura.
"También reconoce que este tipo de situaciones deben abordarse como una problemática social y territorial, de manera coordinada desde los gobiernos locales, para que los distintos organismos que estamos facultados para dar respuestas a las necesidades habitacionales podamos entregar alternativas dignas y pertinentes según la realidad de cada familia", manifestó.
El seremi Nail comentó que "como Minvu, valoramos este fallo y seguiremos disponibles para continuar con el trabajo que hemos venido desarrollando con el municipio de Frutillar en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, como así nos lo han mandatado nuestro ministro Carlos Montes y el Presidente Gabriel Boric", aseguró.
"Este fallo del máximo tribunal del Poder Judicial reafirma que los asentamientos ilegales en terrenos fiscales o privados vulneran las garantías constitucionales"
Fabián Nail,, seremi de Vivienda y Urbanismo.
"Esta pena de multa, por su baja entidad, es lo que lleva a que la tendencia en la Fiscalía sea la pasividad"
José Luis Andrés,, abogado querellante.
30 de mayo en la tarde las familias fueron notificadas del desalojo ordenado por la Corte Suprema, que acogió un recurso de protección.
2021 en febrero se llevó adelante la toma de terreno en el acceso oriente a Frutillar, donde varias familias levantaron sus casas.
20 inmuebles fueron construidos en dos años, de los cuales 11 estarían habitados, de acuerdo a las diligencias de la PDI.