Los cilindros de gas y la democracia
En su reciente "cuenta pública", el Presidente Gabriel Boric tenía poco que "contar", a pesar de los esfuerzos que realizó en las casi cuatro horas que duró su discurso. La pobreza de la gestión presidencial se debe, como se sabe, a la incapacidad del Gobierno para llegar a acuerdos con la oposición, algo a lo que, hay que reconocer, hizo mención declarando la voluntad del Gobierno al diálogo y el acuerdo en relación con sus proyectos emblemáticos: la reforma tributaria y el sistema de pensiones. Es de desearle suerte en esa tarea, aunque ella se explica por la ambivalencia del propio Ejecutivo, sostenido por dos alas que, aunque intenten disimularlo, son contradictorias entre sí y tienden a dificultar, cuando no a paralizar, posibles acuerdos con sus adversarios políticos.
En medio de ese desierto, sin embargo, el Gobierno tenía la oportunidad de adornarse con una realización que no debía pasar por el Congreso. Que no necesitaba negociación ni acuerdos. Y se trataba de una realización que brillaba por su carácter "popular". Porque, ¿qué más popular que llevar cilindros de gas barato a poblaciones de personas vulnerables? Se podía demostrar con un solo acto la preocupación de los jóvenes gobernantes por esos sectores, a la vez que demostrar la maldad intrínseca del empresariado que pudiendo vender el gas más barato -el precio del gas gubernamental demostraría esa posibilidad-, se resistía a ello.
Y pusieron manos a la obra. Voces dentro del propio Gobierno advirtieron entonces que antes de proceder era necesario hacer el costeo completo de la operación y no sólo de la producción; que había que contemplar también el pago de seguros, el almacenamiento y la distribución, entre otros costos que los expertos conocen y las entusiastas autoridades, preocupadas de los sectores vulnerables y de la maldad empresarial, ignoraban. En ese debate interno venció el entusiasmo populista y vindicativo, aunque se aceptó como concesión iniciar la medida con un "plan piloto".
Carencias
Lo del "plan piloto" careció de importancia real, porque el 22 de julio del año pasado se inauguró la operación con bombos y platillos como si fuera el proyecto definitivo. Dos de los ministros más representativos del entusiasmo juvenil, Giorgio Jackson, entonces en Segpres, y Claudio Huepe, entonces en Energía, concurrieron a entregar personalmente los cilindros, de un llamativo color rosado y con la nada discreta inscripción "Gas a precio justo", a familias de la comuna de Chiguayante; y junto con ello se realizó una ceremonia en el Parque Ribera Biobío que incluyó a vecinos, alcaldes y a todas las autoridades que quisieron salir en la foto.
El entonces gerente general de Enap, Julio Aranis, uno de los que salió en la foto, declaró que esa empresa, que había sido la encargada de producir el gas "a precio justo", demostraba así estar "cercana y disponible para abordar los problemas reales de las personas, sin perder nuestro compromiso con la eficiencia y el cuidado de nuestro patrimonio, pues esta es una empresa de todos los chilenos".
Pero bastaron unos pocos meses de aplicación del "plan piloto" y la indagación de la prensa, para demostrar que la empresa ni era eficiente, ni cuidaba su patrimonio, que las entusiastas autoridades que impulsaban el proyecto sólo valoraban sus propias ideas y que la realidad les importaba un pepino. Y lo que esa realidad demostró fue que cada uno de los seis mil cilindros que consideró el plan tuvo un costo de $117.469 (IVA incluido), valor bastante superior a los $23 mil promedio al que se comercializa hoy el mismo cilindro y muy superior a los $15.200 que las autoridades (sí, esas a las que la realidad les importa un pepino), decidieron fijar como "precio justo". En consecuencia, desde que se comenzó a vender el "gas del Gobierno", las chilenas y chilenos hemos estado subsidiando el capricho gubernamental de vender su propio gas a los sectores vulnerables.
La explicación es la misma que, quienes sí sabían, les dieron de inicio a los caprichosos justicieros que querían reparar la "injusticia" cometida por los empresarios: no considerar gastos como los seguros y el acopio y distribución de los rosados cilindros. Y esa era la única medida que el Gobierno podía emprender sin pasar por la aprobación del Congreso.
Caprichos y realidad
¿Se pueden imaginar, en consecuencia, que ocurriría en un régimen político en el que no existieran los equilibrios y la vigilancia entre poderes del Estado que es propia de la democracia? ¿Uno en que el Gobierno pudiera decidir y hacer todo lo que quisiera? Yo, sí puedo.
Lamentablemente, la decisión de seguir adelante con su "plan piloto", orientados exclusivamente por su ideología populista y vindicativa, y probablemente por la noción de que esa ideología los convierte en seres humanos superiores al resto (recuerden a Giorgio Jackson), no puede sino traer a la memoria a regímenes autoritarios. Cómo no recordar el capricho de Fidel Castro de producir diez millones de toneladas de azúcar en 1970, que costó a la economía cubana el sacrificio de miles de trabajadores de otros sectores productivos, de estudiantes, de maestros, de las fuerzas armadas y finalmente de brigadistas internacionales que se trasladaron a la isla desde todo el mundo para que el comandante satisficiera su capricho.
Un capricho, sí, porque la realidad demostró que el objetivo era imposible de realizar y sólo correspondía a la voluntad del autócrata. Y no fue el único proyecto emanado exclusivamente de la voluntad y la ideología del dictador. Podemos recordar la cruza de las razas Cebú y Holstein para crear un ganado tropical y productor de leche; o el "cinturón cítrico de La Habana", que permitiría el autoabastecimiento de la isla. Proyectos todos que significaron enormes cantidades de recursos desperdiciados luego de mostrarse inviables y que fueron rápidamente olvidados para dar lugar a otros proyectos que, originados sólo en la cabeza de quien mandaba sin contrapesos democráticos, podían ser realizados sin que nadie los fiscalizara.
Afortunadamente eso no ocurre en Chile, en donde las instituciones democráticas permiten desvelar las consecuencias de malas decisiones, como ocurrió en el caso de los cilindros. Y en donde también un Presidente, como Gabriel Boric, puede tomar nota de sus errores y proponer públicamente el diálogo y el acuerdo con sus adversarios como vía para la aprobación de sus proyectos.