Suprema, Fiscalía y toma de Frutillar
El Ministerio Público debe tomar nota del reproche emitido por la Corte Suprema por su actuación en la usurpación de terrenos.
De capital importancia ha sido el fallo emitido por la Corte Suprema respecto de una toma ilegal de un terreno de Frutillar que se produjo en febrero de 2021 y donde a la fecha hay unas 20 construcciones finalizadas o en proceso, con 11 familias viviendo en el lugar. Yendo a contracorriente de un dictamen emitido por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el máximo tribunal del país acogió el recurso de protección de los dueños del terreno usurpado, ubicado al costado oriente de la Ruta 5 Sur, ordenando el desalojo y fijando una serie de medidas que deben adoptar los organismos gubernamentales, tanto para garantizar el derecho de propiedad de los recurrentes, como para cautelar la integridad de las familias que se asentaron en ese sitio.
Mientras la Corte de Apelaciones puertomontina optó por no acoger el recurso de los propietarios, la Corte Suprema dispuso todo lo contrario, en medio de cierta efervescencia que hay a nivel nacional en torno a las tomas ilegales y la respuesta que hay de parte del Gobierno para respetar el derecho de propiedad de quienes pudieran verse afectados. Es muy probable que el dictamen de la Suprema sirva de precedente para muchas situaciones similares que se están produciendo en todo el país, bajo el contexto, además, de la crónica falta de casas y la baja respuesta del Estado para responder a ella, junto a la desesperación que le asiste a muchísimas familias por la falta de vivienda. El Plan de Emergencia Habitacional en que se ha embarcado el Gobierno apunta precisamente a dar solución pronta a esta demanda creciente.
Quizás si el aspecto más llamativo de la resolución de la Suprema es el que le compete al Ministerio Público. En el texto, los magistrados le llaman la atención a la Fiscalía por no atender prontamente el reclamo de los dueños del terreno, cuya omisión permitió, por lo demás, que la ocupación del terreno se consolidara y, además, que los servicios gubernamentales no se hubieran visto compelidos a buscar una solución rápida y efectiva.
De todos los actores que algo tuvieron que ver en este caso de Frutillar, es la Fiscalía quien debe tomar una nota urgente. No es menor el reproche emitido desde la Corte Suprema a un órgano que se supone persigue los delitos.