Marcelo Galindo

Sí es factibles que las autoridades denuncien las amenazas que presuntos traficantes de droga han realizado en contra de los trabajadores que ejecutan las obras de remodelación de calle Antonio Varas.

De acuerdo a abogados penalistas consultados por este Diario, existen los medios y las formas para que estos hechos sean investigados. Incluso el Código Penal sanciona la omisión de denuncia.

Todo esto producto de la polémica que cumple dos semanas, respecto a que los trabajadores amenazados no han querido llevar adelante las denuncias por temor a represalias, lo que motivó a los representante de la constructora solicitar a las autoridades un mayor resguardo.

El abogado penalista José Luis Andrés observa que en este caso hay serias omisiones de funcionarios públicos.

"Todos los funcionarios públicos tienen la obligación legal de denunciar los delitos que conozcan en el desempeño de sus cargos", sostiene Andrés, y agrega que "en este caso es evidente que, sea directamente de parte de los trabajadores amenazados, o por la información comunicada por la prensa, los funcionarios relacionados con la obra vial están al tanto de los ilícitos que se están produciendo en contra de los contratistas y deben denunciar esas conductas al Ministerio Público para que inicie una investigación penal".

Revela que el Código Penal sanciona la omisión de denuncia de delitos por parte de funcionarios públicos.

De oficio

El penalista hace una observación respecto de la posibilidad que el Ministerio Público tiene para indagar un suceso, sin denuncia previa.

Para Andrés, "es inaceptable que una obra pública se vea obstaculizada por delincuentes callejeros".

En el mismo sentido, el abogado indica que "los fiscales tienen la obligación de iniciar de oficio las investigaciones penales necesarias para investigar los delitos que tomen conocimiento".

Anota que "en Puerto Montt estos hechos son públicos, por lo que la Fiscalía debe investigar estos delitos, aún sin existir denuncias de los afectados, quienes justificadamente pueden sentir temor de actuar".

Concluye que "existen mecanismos de protección legal a los testigos y víctimas de los delitos que investigue la Fiscalía, en caso que los afectados teman represalias".

Enfatiza el penalista que "las herramientas legales están y nada justifica la inacción del Estado en este caso en que los delincuentes pretenden imponer sus términos", finalizó.

Pena de multa

El ex fiscal Naín Lamas explica por su parte que el artículo 175 del Código Procesal Penal establece que los policías, fiscales, funcionarios públicos, directores de colegios, directores de hospitales y clínicas, jefes de puertos y aeropuertos, capitanes de naves o aeronaves, entre otros, "están obligados a efectuar denuncia criminal en el plazo de 24 horas desde que toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, y si no lo hacen incurren en una falta que implica pena de multa".

Observa Lamas que "ello es aplicable sólo a delitos de acción penal pública, como hurtos, robos, tráfico de drogas, estafas, lesiones graves, homicidios y delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, entre otros".

Querellas

El abogado y ex intendente de la Región de Los Lagos, Nofal Abud, explica que en casos de hechos que generen grave conmoción pública, generalmente se otorgan facultades (a las autoridades), "cual no sería el caso a mí entender", sostiene.

Refuerza Abud que la posición de la Delegación Presidencial en este caso parece ser la correcta desde el punto de vista legal, "dado que el artículo 54 del Código Procesal Penal exige la previa denuncia de los afectados en determinados delitos para poder activar la persecución penal, cual es el caso de las amenazas, lesiones leves y menos graves que parecen ser los hechos relacionados con el actual conflicto de calle Antonio Varas".

Explica el penalista que "lo anterior exige por tanto que las víctimas de esos hechos denuncien ante Carabineros, PDI o tribunales directamente para que Fiscalía pueda intervenir, sin perjuicio de la posibilidad de interponer querellas en forma adicional".

Pese a ello, el abogado puertomontino hace la observación respecto de la participación de las autoridades como intervinientes en las acciones penales, especialmente en materia de seguridad y prevención.

"No obsta a que en forma paralela los organismos públicos involucrados y las empresas a cargo de las obras desarrollen planes o acciones tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores que allí laboran, con intervención policial preventiva en los sectores mas complejos".

Un informe del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) revela que los robos con violencia en el centro de la ciudad registran un alza.

16 de septiembre está contemplado que se entregue la remodelada calle Antonio Varas en sus casi 2 kilómetros de extensión.

90 por ciento del pavimento de las calzadas y veredas peatonales están pavimentados de acuerdo a la constructora.