transitan a diario por el centro de Puerto Montt. "La verdad es que denuncias o querellas del Gobierno, por sí solas, no solucionan el problema. Sabemos perfectamente que lo que abunda no daña y en ese sentido una acción de este tipo sería una herramienta más, pero creemos que el Ejecutivo, en conjunto con las policías, debe concentrarse en resguardar la seguridad e investigar las denuncias que hemos conocido en los últimos días", señala Moreira.

"La ciudadanía quiere hechos concretos en materia de seguridad y, ciertamente, reforzar la presencia policial genera una mayor sensación de resguardo, junto con velar que esta obra tan importante para Puerto Montt pueda materializarse en los plazos que se han mencionado", añadió.

Jaime Sáez diputado (RD) dijo que las denuncias son importantes, por ejemplo, para articular una querella.

"Como hay temor de realizar esas denuncias las investigaciones policiales se están llevando adelante en el centro de la ciudad y el Ministerio del Interior, a través de la Delegación Presidencial han desarrollado amplios operativos policiales de manera sostenida, lo que ha permitido una baja significativa en los delitos de mayor connotación social, superior al 35% y en torno al 41% han disminuido las incivilidades en la misma zona", adujo.

Acciones

El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, sostuvo que es importante que las autoridades hagan sentir que están con la gente y los trabajadores, especialmente en este tipo de situaciones y en materia de seguridad. "No es suficiente con escudarse en la denuncia que debe ser realizada por los afectados, cuando existe clara evidencia del temor de las víctimas por llevarlas adelante. Por eso, las autoridades encargadas por velar por la seguridad deben llevar adelante las acciones que corresponden y existen las herramientas legales para ello".

Alejandro Bernales, diputado liberal, dijo que "primero que todo me parece insólito que el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial tengan que estar dando la cara por una promesa incumplida por el municipio", señala y añade que "en lo personal he estado recorriendo calle Antonio Varas junto a vecinos y con la misma delegada presidencial, Giovanna Moreira, a quien se le reconoce un trabajo en seguridad en el sector".

Según Bernales, "estoy seguro que ante cualquier tipo de denuncia la Delegación se hará parte y cumplirá con el rol que ha ejercido en materia de seguridad".

Sistema chileno

Fue en la reunión de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional (Core), presidida por Rodrigo Wainraihgt (RN), la instancia donde se ratificaron las denuncias de los trabajadores por amenazas recibidas en su contra, pero expresaron que había temor de judicializarlas por represalias.

Wainraihgt, core y abogado, insiste en que existe un error o desconocimiento, pero que hay un análisis respecto de lo que ocurre en Antonio Varas, respecto a las amenazas por quienes estarían traficando drogas en esta zona.

"Se pone en riesgo la integridad física, psíquica y la vida de los trabajadores, comerciantes y transeúntes que están en el lugar. No es suficiente con decir que no hay denuncia, porque la delegada (presidencial) debe buscar las causas de por qué esas denuncias no se han efectuado".

Remarcó que "los trabajadores no denuncian porque tienen miedo a represalias y en el sistema chileno la víctima no tiene un abogado que los represente, pero sí el delincuente tiene un abogado que lo defienda. Frente a ello, la delegación presidencial tiene un departamento jurídico y podría presentar querella en favor de los trabajadores del sector".

Penalistas

De acuerdo al presidente de la Comisión de Infraestructura del core, ha planteando al gobernador Patricio Vallespín "que contemos con un programa innovador desde el Gobierno Regional para financiar a una fundación que esté constituida por abogados penalistas que tengan por objeto la persecución de todos los delitos de connotación pública y que puedan prestar una asistencia a las víctimas, lo que no ocurre en la actualidad", anota.

Cuestiona, además, la tardanza del Gobierno en entregar soluciones, "producto de ello seguimos con un Gobierno de buenas intenciones donde no existe nada en concreto y nada se materializa, a pesar de lo que ocurre", manifestó.

Sostuvo que "la respuesta de la autoridad, no puede ser qué aquí no ha habido denuncia. No puede existir una pasividad por parte de la delegación presidencial o del Gobierno, sino que al contrario se tiene que contar con una asistencia legal. Aquí nada tienen que ver las formaciones de mesa de trabajo", anotó Wainraihgt.

"Lamentablemente nuestra ciudad no es una excepción al precario control laboral de la protección de los trabajadores"

Tabata Recabarren, abogada

"Creemos que el Gobierno, en conjunto con las policías, debe concentrarse en resguardar la seguridad e investigar las denuncias"

Iván Moreira, senador UDI

1.800 metros consideran los trabajados entre la avenida Salvador Allende y calle Chillán.

56 robos en lugar no habitado se habían registrado hasta esta fecha en el 2022 y en lo que va corrido de este año han ocurrido 63.

6 robos en lugar habitado se habían registrado hasta junio del año pasado en el centro y en la actualidad ya van 13.

Para la abogada Tabata Recabarren, es necesaria la denuncia y la querella. "En este caso no solo corresponde denuncia o querella por delitos de amenazas o lesiones según corresponda, puesto que los trabajadores tienen el derecho a exigir a su empleador que les otorgue las garantías necesarias para el resguardo de su integridad y para ello pueden recurrir a los tribunales laborales y ejercer acciones específicas que la ley establece en las cuales es el empleador quien debe resguardar su seguridad al momento de realizar la labor para la que son contratados. Inclusive sin son terceros ajenos a la empresa como en este caso".

Según Recabarren, esta situación es doblemente grave desde el punto de vista laboral, "ya que en este Gobierno, fundamentalmente el Estado debe ser aún más proactivo cuando se trata del respeto de los trabajadores y del cumplimiento de la legislación laboral. Lamentablemente, nuestra ciudad no es una excepción al precario control laboral de la protección de los trabajadores", sostiene, y remata que "el Ejecutivo tiene todas las facultades para asistir a los trabajadores vulnerados en particular preventivamente".