Agencias

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó ayer que un posible adelanto de elecciones en su país "está cerrado" y cumplirá el mandato, para el que fue electa como vicepresidenta con la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio de 2026.

"Este tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al estado de derecho, a la democracia y a la Constitución, hasta julio de 2026", dijo.

Boluarte hizo esta declaración, la primera en la que se pronuncia de manera tajante sobre el tema, tras la celebración de una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno de Lima.

En anteriores ocasiones, la mandataria había afirmado que el posible adelanto de elecciones en su país estaba en manos del Congreso, que ha rechazado esa posibilidad hasta en cinco ocasiones en los últimos meses posteriores a la crisis.

El adelanto electoral fue uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país andino en diciembre pasado, con un saldo de decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes también exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

En un intento de terminar con ese escenario de crisis, que comenzó tras la destitución de Castillo el pasado 7 de diciembre por intentar dar un golpe de Estado, el gobierno de Boluarte envió un proyecto de ley para adelantar las elecciones mientras que el Legislativo también presentó una serie de propuestas en ese sentido.

Sin embargo, tanto la Comisión de Constitución como el pleno del Congreso rechazaron hasta marzo pasado por lo menos cinco intentos de adelantar los comicios para diciembre de este año.

Mientras que las bancadas de izquierda condicionaron su apoyo al adelanto electoral a que se incluya la consulta sobre una Asamblea Constituyente, los legisladores de derecha, que dominan el Congreso unicameral peruano, aseguraron que primero se debía discutir e implementar una serie de reformas constitucionales, entre ellas el regreso a un Parlamento con las cámaras de Senadores y Diputados.

"¿Cuántas muertes más?"

El pronunciamiento de la gobernante se produjo mientras organizaciones sociales y civiles del sur del país anuncian que el 19 de junio llegarán hasta la capital peruana para participar en una manifestación denominada como la "Toma de Lima".

La Policía Nacional de Perú (PNP) anunció ayer que desplegará unos 8.000 agentes para esta protesta (ver recuadro).

Durante las movilizaciones antigubernamentales entre diciembre y marzo se reportaron 77 muertos, 49 de ellos en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Boluarte criticó ayer la convocatoria a las nuevas protestas y se preguntó: "¿Cuántas muertes más quieren?", respecto a los manifestantes.

"Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la 'tercera toma de Lima' o la 'nueva toma del Perú', ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas manifestaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno", clamó Boluarte.

Agregó que estas muertes solo han beneficiado a quienes pedían su renuncia y que su Gobierno "está trabajando sin robar al pueblo", es respetuoso con las instituciones y la Constitución y no les van "a dar el gusto" a los que les acusan de ser "un gobierno cívico-militar".

La Policía Nacional de Perú (PNP) desplegará cerca de 8.000 agentes en las calles de la capital de cara a una nueva convocatoria de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte para el próximo lunes, informó el general de la PNP Víctor Zanabria a la Radio RPP. "Los indicadores de cómo se van a llevar a cabo estas nuevas movilizaciones presumen lo mismo: poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia", explicó Zanabria, quien aseguró que tienen capacidad para controlar a 20.000 o 30.000 manifestantes. La PNP estimó que la marcha cuente con cerca de 5.000 manifestantes en lo que sería "el escenario más problemático", dijo el general y subrayó la capacitación en el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos que han recibido los efectivos tras las denuncias hechas por organizaciones internacionales y el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el "uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" por parte de la policía en la represión de las protestas.

Un juez argentino pidió la captura internacional de cuatro libaneses sospechosos de tener vínculos con el atentado contra la sede en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó 85 muertos y sigue impune, confirmaron a Efe fuentes jurídicas.

El magistrado federal Daniel Rafecas solicitó la detención de Samuel Salman El Reda, también presuntamente vinculado con el ataque de 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina, en el que murieron 29 personas, y otros tres sospechosos.

Hace un año, el mismo juez renovó la solicitud a Interpol para que se mantengan vigentes, por cinco años más, las alertas rojas con el objetivo de lograr la detención de cinco iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

Tanto la comunidad judía en Argentina como la Justicia responsabilizan del ataque a la AMIA, el mayor atentado cometido en suelo argentino, a miembros del Gobierno iraní de ese entonces y del partido libanés Hizbulá.

Poco después del atentado a la mutua, dedicada a promover el bienestar social de la comunidad judía en el país, el juez y los fiscales del caso establecieron que fue cometido con una camioneta Trafic y establecieron como responsables a la República Islámica de Irán y a Hizbulá, con apoyo de una "conexión local".

Sin embargo, el caso ha estado desde el origen lleno de irregularidades: en 2001, comenzó un juicio que concluyó en 2004 con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías argentinos imputados, a quienes se había acusado de integrar esa "conexión local".

En 2006, la Justicia declaró prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani -fallecido en enero de 2017-, a quienes acusa de complicidad en el atentado.

Pero ese país nunca colaboró para extraditarlos.

El 18 de enero de 2015, el fiscal especial encargado del caso AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto con un tiro en la cabeza -en circunstancias que aún se investigan- solo cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, de haber intentado encubrir a los imputados a través de un acuerdo con Irán firmado en 2013.

La actual vicepresidenta insiste en que ese acuerdo solo buscaba instaurar una investigación conjunta bilateral.

La coalición gobernante de Argentina, liderada por la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, decidió cambiar su nombre de cara al proceso electoral de este año, que concluirá con los comicios presidenciales de octubre próximo.

La coalición, que hasta ahora se denominaba Frente de Todos y está integrada mayoritariamente por diversas corrientes del peronismo, pasó a llamarse Unión por la Patria (UP).

Así se inscribió el frente ante la Justicia electoral el miércoles a la medianoche, cuando venció el plazo para inscribir alianzas electorales con miras a las elecciones primarias de agosto próximo, comicios en los que se definirán qué candidatos quedan habilitados para participar en las elecciones generales de octubre.

De acuerdo a un comunicado publicado en las redes sociales por el frente oficialista, la modificación del nombre se debe a que Argentina está frente a una "encrucijada histórica" y existe una "oportunidad única" para el "crecimiento económico con inclusión social".

Desde Unión por la Patria consideran que las propuestas de la oposición significarían un ajuste mayor, que también incluiría a la clase media. "Frente a esa disyuntiva tenemos la responsabilidad histórica de ampliar nuestro espacio político: no solo para frenar esa amenaza, para defender a nuestra patria", agregaron.