Recursos públicos e información
Aportar fondos estatales y administrarlos, aun cuando el beneficiario sea un privado, exige un margen mayor de transparencia.
Tal como se ha dicho reiteradamente desde que estalló el caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta y su conexión con un partido del bloque oficialista, al parecer se ha abierto una caja de pandora que seguirá arrojando novedades en los próximos días y semanas, remeciendo el ambiente político por las prioridades programáticas que tiene el Gobierno y la aprobación de la reforma tributaria, puesta en entredicho por la oposición por las dudas en torno a la eficiencia del gasto público. En un ambiente así, es imperativo que la transparencia reine en los actos de las instituciones del Estado que aprobaron los recursos (más tarde la Fiscalía y los tribunales tendrán que dilucidar la pertinencia legal, en los casos correspondientes), al igual que las fundaciones o instituciones de cualquier tipo que hayan sido receptoras de estos aportes, tanto públicas como privadas.
Como la atención de la opinión pública se dirigirá naturalmente a conocer el detalle de los proyectos aprobados, beneficiarios, montos, plazos de ejecución e impacto, será un deber de los organismos responsables en la tramitación de las iniciativas que transparenten oportunamente la información. Esto suena a algo natural y normal en un régimen democrático, pero quienes están a cargo de los entes estatales acostumbran (no todos) a manejarse en un incómodo secretismo que termina perjudicando el derecho a la información y la propia legitimidad de los actos realizados por los entes públicos.
Las instituciones particulares que reciben los dineros estatales, en tanto, han de comprender que aunque sean en esencia privadas, el sólo hecho de administrar platas estatales las obliga a renunciar a cierto margen de reserva para transparentar la gestión de esos fondos, su estado de avance o el informe final de su ejecución. Usar platas estatales conlleva obligaciones no sólo legales, sino que éticas y ante la ciudadanía, que es quien delega el mandato soberano en el Estado.
Por estos días, esto no ha fluido del todo correctamente en Puerto Montt. Las instituciones públicas y privadas involucradas en la transferencia de los recursos han refrenado la entrega de información y argumentado mil y una excusas. Las primeras perjudicadas son ciertamente ellas mismas y la formación de opinión pública.