la Agenda de Probidad. ¿Lo que está hoy en el Congreso está en el camino correcto?

-Bueno, para Chile Transparente, que su agenda es esta, siempre vamos a pensar que se puede más, pero entendemos que en el fondo la agenda legislativa tiene muchas temáticas, no es exclusiva de las materias de integridad. Pero sí hay temas que en el fondo están hace un buen tiempo en el Congreso, que hace mucho tiempo se están empujando, que incluso vienen de gobiernos anteriores y que por lo tanto nosotros esperamos que tomen un sentido de mayor urgencia. Está la ley de transparencia 2.0 que viene a actualizar una ley que ha sido buena, pero es del año 2009, en un momento en que las tecnologías de la información eran otras. Lo que hoy en día existe es como el "desde". Ese proyecto de ley que es del Gobierno anterior, contiene una propuesta para regular la transparencia de organizaciones de la sociedad civil que reciban recursos públicos. Entonces, quizás mucha de esta información la podríamos haber tenido con mejor certeza o esa norma podría haber inhibido ciertas conductas, porque cuando tú vas a publicar cierta información, lo que se espera de la transparencia también es que inhiba conductas que pueden ser consideradas incorrectas. Según cifras de Consejo de Defensa del Estado, del año pasado, al menos el 52% de los municipios tenía investigaciones por casos de corrupción. No significa que todos esos casos van a llegar a sanción, pero sí significa que las investigaciones por estos casos han aumentado y eso nos indica que ya hay un tema potente. Pero hay varios temas más en que se puede avanzar y que están pendientes hace mucho tiempo.

-¿Estuvo la clase política a la altura en su reacción por el caso Democracia Viva?

-Falta tiempo todavía para saberlo, ya que todavía estamos conociendo antecedentes, todavía no tenemos la distancia suficiente para saberlo. Pero acá hay dos cosas importantes. A mi juicio todos los países tienen casos de corrupción y lo que marca la diferencia es lo que uno espera de la clase política, que es investigación y sanción. Pero también perfeccionamiento y personal. O sea, nosotros no sacamos nada con solo sancionar. Por ejemplo, el caso de Perú, tenemos a todos los expresidentes investigados, la mayoría tienen casos de financiamiento a la política, pero se están persiguiendo e investigando muy lentamente. Son casos complejos, pero en general la reforma institucional no se ha hecho, entonces nada obsta para que en un par de años más vuelva a ocurrir. Tampoco podemos quedarnos solo en las agendas de probidad, tenemos que dar la señal clara de que estos hechos son graves y que se van a sancionar de acuerdo a la gravedad que tiene. Hasta antes del 2018 las sanciones que teníamos por casos de corrupción eran bastante bajas, por eso se ha generado también una percepción ciudadana de que delitos de corrupción o de cuello y corbata no tienen la misma sanción que lo que tienen otro tipo de delitos. Y la corrupción es muy grave, independientemente del monto que involucre, porque el impacto que tiene en la confianza ciudadana, en la democracia, en las instituciones políticas, es brutal. Mira lo que estamos hablando ahora: se está poniendo la sospecha en muchas organizaciones que quizá no tienen nada que ver con toda esta situación. Además, ya sabemos que cuando alguien se queda con esos recursos son las personas más vulnerables las que se ven afectadas, porque esos recursos no llegan a ellas.

-Pero los partidos finalmente reaccionan dependiendo del color del vinculado. Al rival se le da con todo y al correligionario se le perdona.

-Lo que uno siempre esperaría efectivamente es eso es que la reacción tanto de los partidos frente a estas investigaciones, como también frente a la sentencia, porque también muchas veces, pues tenemos sentencia o condenas respecto a esto, es que no, no importa de qué color sea políticamente la persona, sino que siempre en el fondo va a ser grave y se va a reprochar y se va a sancionar. Creo que los partidos algo han avanzado. Luego de los casos de financiamiento ilegal de la política, hoy en día la mayoría de ellos en sus estatutos tienen la suspensión de militantes cuando hay investigaciones en curso. Pero sin duda que las señales son muy relevantes. Acá efectivamente todas las personas tienen por supuesto el derecho a la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa, y por lo tanto hay que esperar a ver qué dice la justicia, pero eso no quita que las señales que se den es que efectivamente esto da igual quién lo haga, no importa de dónde vengas, en mis filas o de la otra.

-¿En, en este caso de Democracia Viva, usted ve delito o hay solamente infracciones, irregularidades?

-A mí lo que no me cabe duda es que acá hubo un conflicto de interés y eso es una irregularidad, una infracción administrativa al principio de la probidad. O sea, eso yo creo que la Contraloría lo va a decir sí o sí. No es solo una imprudencia, un error político, como se mencionó al inicio, sino que acá un conflicto de interés potente y se vulneró el principio de probidad, porque al final no había la imparcialidad necesaria para tomar la decisión. Pero en segundo lugar yo creo que hay potencialmente delito. Obviamente, eso lo va a ver la investigación, pero yo creo que podría haber delito de tráfico de influencia y habrá que ver si además hay malversación de caudales públicos.

-Hay otros nombres de fundaciones que han aparecido. ¿Cree que esto es algo generalizado?

-Es posible que surjan otros casos similares al de Democracia Viva, en el sentido que se trata de una organización que se adjudica unos fondos para ejecutar un proyecto para el cual no tenía experiencia previa y además tenía vínculos políticos y personales con quienes les adjudican esos fondos. Pero también puede haber casos distintos, con organizaciones que sí tienen trayectoria previa y ahí las instituciones como Contraloría y el Ministerio Público deberán determinar si hubo irregularidades de otro tipo, como conflictos de interés. De la información que se ha conocido, entiendo que el seremi, en el caso de Urbanismo Social, se habría inhabilitado para tomar la decisión, pero hay que ver si igual trató de influir de algún modo o hay alguna otra falla ahí en el sistema. En el caso de la Fundación para la Superación de la Pobreza, también entiendo que es por un tema de una contratación, entonces tampoco son casos idénticos. Creo que hay que tener una cosa clara, por mucho que no nos guste el sistema de transferencia de montos de asignación directa, no podemos decir que toda asignación directa es corrupción per se. Yo creo que no es así. Claramente, el sistema que nació en 2003 hoy no cumple con las necesidades de transparencia y rendición de cuentas de hoy en día, 20 años después. Este sistema debería ser mucho más similar al de compras públicas, es decir, las asignaciones directas debieran ser excepcionales cuando haya condiciones excepcionales que lo ameriten, pero en general esto debiera ser con fondos concursables, pero no debiera cortarse la colaboración público-privada. Hay un sector de la sociedad civil que logra movilizar recursos que muchas veces vienen de donaciones del sector privado que complementan al del presupuesto público. Entonces, cumplen un rol clave.

-¿En qué otras áreas ustedes han diagnosticado que también hay una opacidad que podría permitir la corrupción?

-En todo espacio donde haya mucho flujo de recursos públicos hay áreas de riesgo de corrupción. En Recursos Humanos, por ejemplo, o en las áreas de contratación. Todo lo que tenga ver con contratación, compras públicas, asignación de recursos. Esas siempre son áreas de riesgo bastante grandes y por eso se han tratado de establecer reglas que permitan una mayor transparencia. Sin embargo, muchas de esas todavía están al debe. Por ejemplo, el sistema de empleo público nuestro país ha demostrado que está absolutamente al debe. Solo el 30% de los trabajadores del Estado está de planta. Entonces la mayoría pueden ser personas que son nombradas a discrecionalidad o removidas a discrecionalidad. Tenemos que tener personas que sean funcionarias del Estado y no del gobierno de turno.

-Tampoco se saca mucho generando leyes si no hay fiscalización. Históricamente el Estado ha tenido pocos fiscalizadores.

-Sí, pero también el fiscalizador no va a poder estar en todos lados, no va a poder estar en todas las situaciones, por eso nosotros también tenemos que ayudar a que la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil, sean fiscalizadores, y para eso la transparencia es clave. Nosotros tenemos que potenciar la institucionalidad y actualizarla.

"Es posible que surjan otros casos similares al de Democracia Viva, en el sentido que se trata de una organización que se adjudica unos fondos para ejecutar un proyecto para el cual no tenía experiencia".

Todos somos corruptos

Hace décadas, la izquierda clasicista -aquella que piensa fría y no apasionadamente- acuñó la expresión "extremismo verbal" para referirse a todas aquellas alocuciones altisonantes, a menudo vacías, que no hacían más que exacerbar las diferencias y desconfianzas, no solo con los adversarios, sino especialmente con quienes pudieran haberse sumado a su causa transformadora.

Es un poco lo que sucede ahora con el moralismo de las Juventudes Neoizquierdistas. Los maduros de la tribu -"sabios", sería mucho decir-les enrostran algo parecido. No exactamente, pero lo que está detrás de esa lección de los padrastros concertacionistas podría resumirse en lo siguiente: del mismo modo como el poeta Percy B. Shelley proclamó "Todos somos griegos", lo que ellos, a su vez, susurran es "Todos somos corruptos". Esta observación es muy correcta. En cierto sentido, la vida se trata de irse corrompiendo. Sin embargo, ¿podemos transformar esa descripción de lo que inevitablemente nos sucede en una especie de principio cínico?

-Mira, chiquillo, la firme es que al fin y al cabo todos somos corruptos, así que no me señales tanto con el dedo, ni escupas tan seguido al cielo, pues te puede empapar un frente de mal tiempo.

Y bien. Es preferible un moralista ridículo, a quien la vida juega una mala pasada, a un cínico convencido al cual no le entran balas, por haberla asumido tal cual es. Porque, al primero, al menos podemos señalarle la alta vara que ha puesto a los otros y exigirle: cumple tu parte. En cambio, del segundo, ¿cómo nos podemos defender? Solamente azuzando en su contra al primero.

Lo que más enoja a los incumbentes lo explicita Molière contra su célebre hipócrita Tartufo: "Escandaliza ver a un desconocido hacerse dueño de la casa propia. Mucho enfada que un pordiosero que no traía ni zapatos cuando vino, y toda cuya ropa no valía seis dineros, llegue a olvidar quién es y procure contrariarlo todo y obrar como señor".

Es la repetida y vieja querella entre hipócritas y cínicos, una disputa demasiado pretérita e imperfecta para que la estemos reviviendo en pleno siglo XXI, aunque, a decir verdad, la historia demuestra que los siglos no mejoran como el vino ni empeoran como las frutas y verduras.

No es verdad que la vida sea pura corrupción, pero tampoco que sea posible en ella la máxima expresión de la pureza. Tampoco que podamos deshacernos de las varas con las cuales nos juzgamos mutuamente y en las que resumimos ideales, conductas que preferiríamos observar.

El moralismo es malo cuando se impone como presunción de decencia.

-Este espécimen es más joven, lozano e idealista, por lo tanto, todo lo que intente será mejor de lo que efectivamente logre este viejo, agrietado y, para su propia conveniencia, realista.

La vieja advertencia contra el "extremismo verbal" viene muy al caso. En efecto, todas estas disquisiciones proliferan a propósito de esas palabras categóricas y contundentes disparadas como balas. Las exageraciones en el campo de las palabras despiertan enredos filosóficos y religiosos, en los que nos hemos visto ahora mezclados, por supuesto, sin haberlo querido, sí buscado.

Es preferible un moralista ridículo, a quien la vida juega una mala pasada, a un cínico convencido.