Ex fiscal y ex intendente coinciden que Vallespín equivocó el camino
ENTREGA DE DOCUMENTOS. Para el abogado Naín Lamas "es el fiscal quien determina qué diligencia, declaración o documento es útil para la investigación". Ayer el Ministerio Público aseguró que son tres las fundaciones indagadas desde el 28 de junio
Es el fiscal quien debe requerir la información en una investigación, de acuerdo al ex fiscal Naín Lamas y el ex intendente y ex defensor penal público, Nofal Abud, al referirse a la frustrada entrega de documentos al Ministerio Público de parte del gobernador Patricio Vallespín, como una forma de colaborar en la indagatoria por los recursos traspasados desde el Gobierno Regional hacia las fundaciones Chinquihue, Participa y Kimun.
El incidente no pasó desapercibido, porque se hizo público a través de un punto de prensa y la fallida entrega de 69 cajas con documentación a la Fiscalía, que volvieron al Gobierno Regional.
Junto con ello, ayer el Ministerio Público aclaró que son tres las fundaciones consideradas en esta investigación: Chinquihue, Participa y Kimun, de acuerdo a un documento que dio a conocer la indagatoria de oficio el miércoles 28 de junio. El fiscal que lleva la causa, Marco Muñoz, ya ha enviado oficios al Gobierno Regional requiriendo información.
Diligencias
Para Naín Lamas, ex fiscal jefe de Puerto Montt, Puerto Varas y Sacfi, lo primero que se debe señalar es que por mandato constitucional y legal, quien dirige la investigación es el fiscal.
Explica que el artículo 180 del Código Procesal Penal señala: "Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideraren conducentes al esclarecimiento de los hechos", afirma y agrega que "los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley".
Según Lamas producto de lo que señala la legislación en materia penal, es el "fiscal quien determina qué diligencia, declaración o documento es útil para la investigación, y conforme el desarrollo de la indagatoria establece el momento oportuno para solicitarlo, ya sea de manera voluntaria o en otros casos incluso mediante diligencias de entrada, registro e incautación, cuando aparezca como necesario".
Profundiza que "si durante la investigación el imputado, la víctima u otro interviniente estiman necesario que se decrete alguna diligencia, por ejemplo, declaraciones de testigos, peritajes, requerimientos de información, debe solicitarlo formalmente, y es el fiscal quien determina si esas diligencias son pertinentes y útiles, decisión de la cual se puede reclamar ante el fiscal regional".
Decenas de cajas
Puntualiza el abogado que un interviniente o un tercero no puede llegar a la Fiscalía "con 20 personas para que se les tome declaración en el acto -por más que sean útiles- tampoco puede llegar con decenas de cajas con objetos para que se pericien o miles de documentos para que se revisen sólo porque él o su abogado estiman de buena fe que van a ser útiles al fiscal".
Explica que en cualquier investigación por delitos funcionarios o de corrupción basta con que los servicios públicos requeridos de información cumplan con entregar de manera expedita los documentos o evidencias materiales que se le soliciten, "siendo útil en mi experiencia, la designación de un funcionario de enlace que recibe y prioriza los requerimientos y respuestas".
Para el penalista, a la luz de la información aparecida en los medios de prensa "no dudo que la voluntad del señor gobernador (Patricio Vallespín) es cooperar con la Fiscalía para un pronto esclarecimiento de los hechos, y probablemente algunos de los documentos llevados en las cajas sí pueden ser muy útiles, pero en mi concepto es el fiscal a cargo de la investigación quien determinará cuándo y cuáles son los documentos que requerirá".
Plataforma
Recordó el ex fiscal que el ente persecutor cuenta con un sistema de atención de usuarios, llamado Fiscalía en Línea, donde todo interviniente se puede acreditar formalmente, pedir entrevistas, hacer solicitudes o proponer diligencias de investigación.
"En esa misma plataforma quienes somos abogados querellantes o defensores presentamos documentos digitalizados y ofrecemos la entrega material de evidencias cuando corresponde, lo que luego se ejecuta, ya sea con el custodio de la Fiscalía o a través de la policía, quienes las levantan con cadena de custodia, procedimiento que lógicamente es desconocido para quienes no interactúan habitualmente en el sistema penal".
Respaldada
Nofal Abud, ex defensor penal público, es coincidente con Lamas, y señala que si bien cualquier persona investigada tiene derecho de aportar antecedentes a la investigación lo normal es que se haga a través del sistema informático que hoy en día tiene implementada la Fiscalía con un espacio habilitado especialmente para ello.
"Si bien ello soporta una cierta cantidad de peso que es limitada y cuando uno quiere aportar una mayor cantidad de antecedentes tiene que coordinar esa entrega de antecedentes previamente con la Fiscalía para que se pueda recibir, de todos modos es altamente probable que exijan que la información vaya respaldada a través de un sistema de escaneo, porque hoy la Fiscalía ya no maneja carpetas de papel, sino que básicamente todos los antecedentes, salvo la evidencia material, es digitalizada y se incorpora a una carpeta digital y de allí la dificultad de la Fiscalía para recibir la gran cantidad de antecedentes que intentó aportar el gobernador regional el lunes", sostuvo.
De acuerdo al ex intendente regional, lo que habría ocurrido es un problema de coordinación "antes que una negativa injustificada por parte de la Fiscalía". En todo caso reconoció que el Código Procesal Penal no regula esta materia.
69 cajas con documentos de la entrega de recursos a las 3 fundaciones investigadas pretendía entregar el gobernador en la Fiscalía.
3 son las fundaciones investigadas por el Ministerio Público hace una semana: Chinquihue, Participa y Kimun.