Consejeros hicieron "mea culpa" por los traspasos a fundaciones
PLENARIO. Francisco Cárcamo criticó selección de fundaciones, Andrea Iturriaga dijo que votaron apurados y Patricia Rada pidió terminar con asignaciones directas.
Una verdadera catarsis se suscitó este miércoles en la 13° sesión plenaria del Consejo Regional (Core) de Los Lagos, la primera tras destaparse la polémica por los traspasos directos por cerca de $30 mil millones desde el Gobierno Regional a 17 fundaciones, 10 corporaciones y ONG, cuatro centros de investigación y desarrollo, además de cinco universidades.
En medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía Regional del Ministerio Público, para esclarecer eventuales irregularidades en la entrega de fondos públicos a las fundaciones Chinquihue, Participa y la Corporación Kimün, los consejeros regionales realizaron un "mea culpa" que abarcó desde recriminaciones por falta de rigurosidad en la selección de las fundaciones hasta solicitudes para conformar una comisión investigadora o fiscalizadora en el Core.
El primero en abrir los fuegos fue el presidente del Consejo Regional, Patricio Vallespín, quien volvió a realizar una férrea defensa de la estrategia adoptada durante 2022 para realizar una adecuada ejecución presupuestaria. "Nosotros hemos obrado con lo que la ley de Gobierno Regional permite y lo que la Ley de Presupuesto permite. Lo aprobamos en su minuto, dijimos que podían presentarse ciertos inconvenientes en el desarrollo de esto, pero es parte de lo que pasa cuando se quiere innovar o hacer las cosas distintas. Acá fuimos todos responsables en señalar y estar conscientes que el FNDR y los recursos regionales no pueden ser sólo fierro y cemento", apuntó.
Acto seguido, entregó la palabra a la administradora regional, Viviana Godoy, quien junto con reiterar las acciones realizadas desde la administración para cautelar la entrega de recursos y refrendar asimismo que toda la información fue puesta en conocimiento de la Contraloría, informó que el lunes de esta semana comenzó su trabajo la recién creada Comisión Transitoria de Seguimiento de los Programas, que contará con personal de las unidades de Control y Auditoría, y que tendrá la misión de realizar reportes periódicos de los estados de avance de los distintos programas al Gobierno Regional y también al Core. Esta comisión funcionará hasta el 31 de diciembre de 2023.
Faltó autocrítica
El primer consejero en tomar la palabra fue Alexis Casanova (RN), quien cuestionó la falta de autocrítica del Gobierno Regional. "En la cuenta me preocupa que no haya autocrítica a la labor nuestra en general, es una acción reactiva frente a todo lo que está ocurriendo. (…) Faltó ser más exhaustivo, más riguroso en la selección de las fundaciones. (…) Ojalá la jefa de la División de Fomento hubiese sido más rigurosa en los procedimientos, porque hoy día estamos en todos los portales y en todos los medios gracias a la falta de rigurosidad en la selección de las fundaciones", planteó el core.
Una mirada similar expuso Rodrigo Wainraihgt (RN), quien recordó que "este fue un acuerdo que tuvimos los 20 consejeros con el gobernador respecto de innovar en políticas sociales que no podían ser abordadas muchas veces por organismos el Estado, por el Gobierno, por las Municipalidades, fue un riesgo que asumimos todos (…) y yo aseguro que lo más probable aquí no hay ningún ilícito y que son programas que tienen un tremendo impacto social".
Sin embargo, planteó además una queja compartida entre los cores: "No tenemos un equipo técnico en el cual apoyarnos. Nosotros hacemos la revisión de los antecedentes que nos llegan y por lo tanto ahí hace falta la autocrítica de la administradora o de los jefes de servicio que estuvieron a cargo de esto y debían llegar a resolver nuestras dudas", argumentó el representante de Llanquihue, quien además solicitó la creación de una comisión fiscalizadora en el Core.
En tanto, la consejera Andrea Iturriaga (UDI) dijo que los cores actuaron con exceso de confianza. "Entiendo la preocupación de la ciudadanía por la excesiva transparencia dada la situación ocurrida en Antofagasta. (…) Creo que actuamos con un exceso de confianza. Estábamos de acuerdo en que las iniciativas eran muy buenas, los programas eran positivos para la sociedad, por lo tanto a la hora de votar encontraba que estábamos haciendo un acercamiento a las brechas que efectivamente existen en esta región. Pero parece que la situación nos hizo votar un poquito apurados y debiéramos haber tenido más tiempo para tomar esta decisión con más información de las consultoras y fundaciones que se nos recomendaron", expresó.
La consejera Patricia Rada (CS) también puso el énfasis en la incapacidad que tiene el Consejo Regional para cumplir con su función más importante: la fiscalización. "Tiene que ver con falta de recursos humanos, recursos incluso materiales, cuando hay una poca coordinación con el Ejecutivo y nos enteramos de los nombres de las fundaciones la noche antes de tener que votar, con ninguna capacidad humana de poder revisar. La premura hizo que esto fuera un tema que pudimos haber hecho de manera diferente", cuestionó.
En este contexto, insistió en una petición que ya realizó el 11 de abril del año pasado, cuando solicitó terminar con las asignaciones directas, "entendiendo como cualquier forma de entrega de recursos que no dé lugar a un concurso público. Toda la distribución de fondos debiera ser con total transparencia y abierta a la participación de cualquier institución que cumpla los requisitos de lo que se quiera realizar", dijo.
3 de julio de 2023 comenzó a funcionar la Comisión Transitoria de Seguimiento de Programas que le reportará al gobernador.
2 años de antigüedad se les exigió como requisito mínimo a las fundaciones para postular a programas del Gobierno Regional.