Carlos Ilabaca

El escándalo que quedó al descubierto a raíz de las irregularidades por las cuales se investiga a la Fundación Democracia Viva, liderada por la pareja de una diputada en ejercicio, no sólo ha abierto una "caja de Pandora" que ha puesto en el ojo ciudadano el traspaso de fondos públicos a fundaciones, sino que también ha vuelto a traer a la palestra un tema recurrente: las contrataciones de las autoridades.

En la Región de Los Lagos, a raíz de una declaración emitida esta semana, el Consejo Regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) condenó los últimos hechos conocidos, en que autoridades del gobierno local se han visto vinculadas a conductas de "nepotismo y amiguismo", en el proceso de ingreso de personas a trabajar en el Estado.

Un caso públicamente conocido corresponde al hermano del diputado RD Jaime Sáez, quien fue contratado por la seremi de Educación, Daniela Carvacho (RD), para formar parte de su equipo de confianza en la secretaría regional, aduciendo sus capacidades profesionales.

Pero el caso más reciente apunta al diputado RN Mauro González, quien tiene contratados como parte de su personal de apoyo al consejero regional Rodrigo Wainraihgt (con una remuneración de $2.240.000) y a Katherine Ortlof (con un sueldo de $650.000), a quien se le atribuye una relación sentimental con el padre del parlamentario.

Consultado al respecto, el diputado por el distrito 26 contestó por escrito que, en cuanto a los dos casos mencionados, "no se contraviene norma alguna, y ello queda de manifiesto en el certificado de la Cámara de Diputados, que precisa que se rigen y ajustan a lo dispuesto en el artículo 3°A de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y su reglamento, así como las disposiciones de la Resolución N°8 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias".

En efecto, esta última resolución promulgada el 26 de agosto del año 2022, en su artículo 13 señala que: "Se prohíbe cualquier contrato celebrado con parlamentarios o personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de un parlamentario".

Pablo Oneto García, subsecretario administrativo de la Cámara de Diputados firmó el 4 de julio los certificados de Katherine Ortlof y Rodrigo Wainraihgt, en el que se aclara que según registros de la Unidad de Administración de las Asignaciones Parlamentarias, su contratación se rige y ajusta a los dispuesto en las normas anteriormente citadas.

Para mayor ahondamiento, Rodrigo Wainraihgt explicó a El Llanquihue la naturaleza de sus funciones como jefe de gabinete de la oficina parlamentaria del diputado Mauro González.

"Yo soy jefe de gabinete de Mauro (González), por el conocimiento político y territorial que tengo. Yo fui concejal de Puerto Montt, también fui seremi de Vivienda y Urbanismo. El cargo de consejero regional no es un cargo exclusivo, uno trabaja ciertos días de la semana, entonces uno puede convalidar lo que es ser jefe de gabinete con lo que es ser consejero", relató.

Licitaciones en Ancud

Otra situación que motivó consultas al parlamentario se relaciona con una publicación del portal radiolaisla.cl, que informó que la empresa Comercial Isla Grande SpA, cuyo gerente es Mauro González Carrillo, padre del parlamentario, se adjudicó un total de cuatro licitaciones entre el 6 de abril de 2022 y el 19 de abril de 2023, por parte de la Municipalidad de Ancud, por la suma total de $264.563.031.

Sobre el punto, el diputado afirmó que no hay irregularidad. "Todos los procesos que se abren a través de un concurso público para adjudicar algún trabajo deben ser revisados por las entidades y profesionales correspondientes, por ende, los parlamentarios no tenemos ninguna injerencia o vínculo con el proceso y resultados", dijo. Y enfatizó que "jamás he utilizado mi cargo para que algún familiar pueda obtener algún rédito económico, o privilegiar a una empresa".

Distrito 26. Legislador exhibió documentos de la Cámara de Diputados que certifican que la contratación de Katherine Ortlof y de Rodrigo Wainraihgt se ajustan a las normas vigentes. Además, descartó haber interferido en licitaciones públicas.

Rabindranath Quinteros presidió el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias cuando se aprobó y promulgó el reglamento que hoy rige para las contrataciones en el Congreso Nacional. En este contexto, el ex senador llamó a cuidar la transparencia en la función pública. "Tenemos que velar para que la opinión pública cambie la percepción que tiene del Parlamento y del servicio público en general, porque la gente piensa inmediatamente que aquí hay abuso de poder cuando se nombran a parientes, cuando a lo mejor hay otra gente que tiene mayores méritos. Por eso, insisto, cuando uno está en el servicio público no debe dar motivo para que se desprestigie la labor pública; al contrario, hay mucha gente que no se dedica al servicio público exclusivamente por lo desprestigiado que está esto. Entonces, uno debe cuidar la función pública y no debe dar argumentos para que te critiquen", reflexionó.

Cinco denuncias han formalizado a la fecha funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt en contra de la actual jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Carla Comicheo, por distintos hechos que califican como maltrato y exigieron mediante una carta remitida al alcalde Gervoy Paredes que se active el Protocolo de Acoso Laboral establecido en la Política de Recursos Humanos.

De acuerdo a lo informado por Miguel Ángel Gómez, dirigente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Puerto Montt, la situación ocurre desde hace varios meses y asegura que, además de los cinco trabajadores que decidieron formalizar sus quejas (sólo tres de ellos forman parte de la asociación), existen otros que tendrían miedo de seguir los canales formales de denuncia.

Según detalló Gómez, las situaciones que califican de acoso laboral van desde funcionarios que son cambiados de puesto de trabajo o departamento, hasta asignarles funciones que no les corresponden o los invisibilizan con jefaturas integradas por trabajadores a contrata o honorarios.

"No nos había pasado nunca, de tantos años que llevo de dirigente, que en una unidad tanta gente se sienta perseguida, con tanta gente que se siente amedrentada. Es algo lamentable", reflexionó.

Por su parte, la directora de Dideco descartó de plano cualquier situación de acoso laboral o malos tratos en la dirección que encabeza desde el 9 de enero de este año.

Si bien reconoció que se han producido cambios, como rotaciones de un departamento a otro, o cambios de funciones, no dudó en calificarlas de "ajustes" realizados de acuerdo a las facultades que ella ostenta como directora para armar equipos de trabajo.