Una huelga a nivel nacional convocada ayer por la Unión Traviarios Automotor (UTA) paralizó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye capital y periferia) y otras seis provincias argentinas.

El paro, que comenzó a las 00.00 horas locales del viernes, y que se estimaba concluyera a medianoche, se llevó a cabo porque las empresas de transporte "no cumplen con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores representados por la UTA", según el sindicato.

Esta "retención de tareas", como la denominó la organización, se realizó en el AMBA, La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán.

El comunicado aseguró que el transporte estaba "garantizado y será normal" en el resto de provincias del país, en las que se cumplió "el pago del aumento salarial verificado", afirmó.

"Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento desde las 00 horas", concluyó el documento.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, acusó a las empresas de transporte de usar como "rehenes" tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte colectivo.

"No vamos a permitir que nos tengan de rehenes, porque este puñado de empresarios del transporte nos quieren tener de rehenes a trabajadores y a los usuarios. Somos rehenes de sus intereses sectoriales", manifestó al canal de televisión Todo Noticias (TN).

Fernández pidió a los pasajeros que puedan verse afectados por el corte del servicio que entiendan a los trabajadores porque quieren "cobrar el sueldo acordado meses atrás".

Gobierno

Por su parte, el Ministerio del Trabajo, Raquel Olmos, definió la medida de fuerza como un "lockout patronal" con "intencionalidad política".

"El Estado transfirió los subsidios correspondientes a ese pago de salarios. Los empresarios, en algunos casos, lo liquidaron correctamente, y en un caso mayoritario en el AMBA hicieron una retención indebida de recursos que tienen por destino el pago de los salarios", aseguró en Twitter.

Asimismo, el ministro de Economía y precandidato presidencial argentino, Sergio Massa, acusó ayer a las empresas de transporte de forzar la huelga general y las calificó de "parásitos del Estado que pretenden extorsionar" en busca de "rentabilidad" de sus ganancias.

"Es un paro que forzaron los empresarios, el Estado les transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron la plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle", dijo el ministro.

El Gobierno ayer analizaba la posibilidad de multar a las compañías y denunciarlas por "retención indebida de haberes".

En la última reunión paritaria -que regula en Argentina los ajustes salariales, normalmente por debajo de la inflación-, las autoridades nacionales concedieron el incremento salarial reclamado por el sindicato, pero las empresas de transporte no aceptaron el convenio alegando falta de recursos económicos y reclamaron un aumento del subsidio estatal.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el Estado debe subsidios por valor de 38.000 millones de pesos (unos US$150 millones al tipo de cambio oficial actual).

Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) convocaron a países garantes y a acompañantes permanentes a La Habana para tratar de firmar en próximos días la letra pequeña del cese al fuego y la participación de la sociedad civil en el proceso de paz.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron a Efe que en estos días están viajando a La Habana los integrantes de ambas delegaciones para ultimar detalles de los protocolos que deben describir lo suscrito en junio en los Acuerdos de Cuba.

Además, se han comenzado a congregar en La Habana representantes de los países garantes (Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México) y de los acompañantes permanentes del proceso de paz (ONU e iglesia).

La reunión presencial, que no es un ciclo de diálogos en sí mismo, estaba inicialmente prevista en los Acuerdos de Cuba entre el 10 y el 17 de julio, aunque estas fechas podrían adelantarse ligeramente o reducirse.

Los protocolos del cese al fuego y la participación de la sociedad civil en el proceso de paz podrían firmarse o esperar al inicio del próximo ciclo, previsto en agosto -con el cese al fuego ya plenamente vigente- y suscribirse en Venezuela.

Los Acuerdos de Cuba, firmados el 9 de junio en La Habana, preveían un "cese al fuego bilateral, nacional y temporal" y el inicio de los mecanismos para la participación social. Sin embargo, el texto no entraba en detalle en ciertas cuestiones complejas.

Desde el 20 de junio y hasta el jueves debía sesionar en La Habana una comisión con representantes del Gobierno colombiano y el ELN para redactar el protocolo del cese al fuego. De forma paralela, otra comisión tenía el fin de preparar en Bogotá la composición del Comité Nacional de la Participación, "encargado de dinamizar el diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz", según un comunicado de ambas partes.

Latinoamérica es una "región prioritaria" para la Unión Europea, según el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, quien viaja a Colombia para participar en la Cumbre Amazónica, y anunciar una contribución de 20 millones de euros que reforzará ese pulmón verde frente al cambio climático.

"Es una región prioritaria con la que tenemos una larga relación", dijo Sinkevicius a Efe.

El político lituano participará en la Cumbre Amazónica de Leticia, junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, y al brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y los ministros de Medioambiente de Bolivia, Ecuador, Perú, y Venezuela, entre otros.

El objetivo es abordar políticas para revertir el deterioro de la Amazonía, además de tratar sobre deforestación, pueblos indígenas o crímenes medioambientales, junto a otros temas.

El comisario oficializará el anuncio de Amazonía +, con una contribución de 20 millones de euros para "fortalecer la capacidad de los países de la Cuenca Amazónica para mitigar las emisiones de CO2 y adaptarse a los efectos del cambio climático" en los próximos 5 años.

Los fondos irán destinados a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela, y forma parte de la iniciativa europea "Amazon Basin", que cuenta con un total de 35 millones de euros para contribuir a la preservación de ese pulmón verde latinoamericano.

El programa busca, entre otras cosas, impulsar espacios y metodologías de participación para incluir a pueblos indígenas y a comunidades locales en el desarrollo e implementación de políticas y mecanismos de gobernanza ambiental y forestal.

La cita será una oportunidad para debatir la nueva legislación comunitaria para evitar que importaciones en la UE de ciertas materias primas, causen deforestación en terceros países.