82 de mujeres.

En cuanto a porcentaje, las cárceles que presentan mayores problemas son Castro, que tiene un 200% de ocupación, Puerto Montt con un 150%, Osorno 120% y Ancud que aún está en un rango aceptable, pero que ya llega al 90% de ocupación de internos en calidad de imputados.

Solución

La directora regional de Gendarmería, coronel Angélica Briones, confirmó la problemática que afecta a los recintos penales.

"Efectivamente, en los últimos meses se ha registrado un importante aumento de ingresos de imputados a las unidades penales de la región, lo que ha provocado una situación de sobrepoblación. Es un fenómeno que se está viviendo en todo el país y del que nosotros no estamos ajenos", sostuvo.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuenzalida, en tanto, sostuvo que la dificultad se ha observado en tres cárceles de las cuatro existentes en la región.

"Estamos analizando las medidas que se pueden tomar, porque este no es un tema que sea de fácil solución y tampoco es una materia exclusiva de esta región, sino que es una situación país, tal como lo ha expresado el ministro (Luis) Cordero".

En ese sentido, "se están estudiando las mejores alternativas para buscar soluciones a esta problemática en el corto y largo plazo. Y eso significa considerar, por ejemplo, las opciones de traslados", anotó la autoridad.

Antecedentes

La situación ha llevado a que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt envíe diversos antecedentes al Ministerio de Justicia, para que se tomen medidas y evitar el hacinamiento, de acuerdo a lo observado por el ministro visitador en sus recorridos por los recintos penales, como el de Puerto Montt.

El vocero del tribunal de alzada, ministro Patricio Rondini, sostuvo que el presidente de la Corte de Apelaciones (ministro Jorge Pizarro) ha puesto especial cuidado en los problemas que genera la sobrepoblación penal y ello ha determinado que el tribunal pleno oficie al Ministerio de Justicia.

"En cuanto a las condiciones de hacinamiento observadas en los módulos 21 y 22 (Alto Bonito), situación comunicada días previos a la programación de la visita por parte del jefe (s) del establecimiento penal, se observa de la mayor preocupación y atención por parte del Estado de Chile y acogiendo la sugerencia del ministro visitador se acuerda remitir estos antecedentes al ministro de Justicia y Derechos Humanos (Luis Cordero) para los fines que correspondan".

Factores

Desde la Defensoría Penal Pública se han referido en varias ocasiones al excesivo uso de la prisión preventiva.

Al respecto, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, Boris Hrzic, comentó que "pese al trabajo permanente que como defensa realizamos para resguardar los derechos de las personas en el proceso penal, observamos, efectivamente, que los tribunales aumentaron el uso de la prisión preventiva como medida cautelar".

Para el abogado esta situación "podría estar originado en distintos factores, entre los cuales se cuenta una ponderación distinta por parte de la jurisdicción a la hora de revisar los requisitos para aplicar la privación de libertad a una persona que la ley obliga a presumir como inocente".

Hrzic recordó que durante 2022, a nivel nacional, 66 mil personas fueron declaradas inocentes o no condenados y de ellas, 1.782 estuvieron en prisión preventiva durante el proceso en su contra, pese a que después no recibieron ningún tipo de condena.

"Estos datos son coherentes con la observación que permanentemente realizamos como Defensoría, sobre el abuso de la prisión preventiva que siempre debe entenderse como una forma de asegurar los fines del procedimiento investigativo y no como una forma anticipada de aplicar una pena, más aún cuando los datos indican que muchas personas deben atravesar la prisión preventiva siendo inocentes", asegura.

"Se acuerda remitir estos antecedentes al Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Luis Cordero) para los fines que correspondan"

Ministro Patricio Rondini, vocero de la Corte de, Apelaciones de Puerto Montt

30 de junio de este año se contabilizaban en las cuatro cárceles de la región 692 imputados y el viernes 7 de julio se contabilizan 705.

200 por ciento es la población penal en el módulo de imputados en el recinto penal de Castro en Chiloé.

Los integrantes de la llamada banda criminal Los Gallegos, facción local del Tren de Aragua de Arica, son los cuatro imputados que motivaron un amplio operativo policial y de Gendarmería en el sector alto de Puerto Montt, para que el fiscal de la región del norte, Bruno Hernández, les tomara declaración.

El procedimiento llamó la atención de la comunidad, porque hubo un enorme despliegue de la PDI, que incluyó incluso el uso de un helicóptero a metros de los vehículos que transportaban a los internos del penal de Alto Bonito.

Los cuatro integrantes de la organización criminal llegaron trasladados desde el extremo norte a Puerto Montt por motivos de seguridad.

Prestaron declaración por alrededor de dos horas y media en el cuartel de la PDI, ubicado en el sector alto de la ciudad.

La directora regional de Gendarmería, coronel Angélica Briones, especificó que por instrucciones del fiscal que lleva adelante la investigación, Gendarmería trasladó, en un operativo desarrollado en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros, a cuatro imputados de nacionalidad venezolana al cuartel de la PDI para toma de declaración por la causa que están procesados.

"Los imputados, que llegaron al Complejo Penitenciario de Puerto Montt trasladados por motivos de seguridad, pertenecerían a una organización criminal", sostuvo la coronel Briones.

En la PDI no se refirieron al operativo que demandó gatos públicos.

Tren de aragua

Antecedentes que mantiene Gendarmería indican que el 75% de los extranjeros detenidos en los centros penitenciarios de la región están en calidad de imputados. Entre estos se consideran a los venezolanos que serían del Tren de Aragua.

En total, en el penal de Alto Bonito de Puerto Montt (de alta seguridad) hay ocho imputados por delitos cometidos por la organización criminal llamada Tren de Aragua.

Cuatro de ellos son por el ilícito de trata de personas, mujeres que traían desde Venezuela y otros países para ejercer la prostitución entre Temuco y Puerto Montt, más cuatro venezolanos pertenecientes a esta organización que fueron trasladados desde Arica al penal de Alto Bonito.

Estos últimos, están imputados por delitos relacionados con narcotráfico y sicariatos.