Piden soluciones por hacinamiento en el penal de Alto Bonito
CORTE DE APELACIONES. El Poder Judicial solicita que se revise la situación del hospital penal respecto de la ocupación para resguardar la seguridad de internos.
Una solución urgente está solicitando el Poder Judicial en Puerto Montt para terminar con el hacinamiento en varios módulos del penal de Alto Bonito. Las medidas que se solicitan son de carácter urgente. Ello después de que se conociera que en las cárceles de la región hay alrededor de 705 presos preventivos, en circunstancias que la capacidad máxima de imputados es de 480.
El ministro Patricio Rondini, vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, sostuvo que el objetivo es precaver la intensificación de los problemas y por ello la urgencia en adoptar todas las medidas que fuesen necesarias para resguardar la vida y seguridad de los funcionarios y de las personas privadas de libertad que alberga diariamente este recinto.
En este sentido, detalló que hay documentos que se han despachado desde el tribunal dirigidos a las autoridades de Justicia. "Se encomienda al ministro visitador efectuar las gestiones conducentes para abordar de manera pronta y eficaz la problemática observada", apuntó.
El ministro Rondini también hizo mención a la ocupación que actualmente se registra en el hospital penal.
"Considerando la actual ocupación que registra el Hospital Penal -ASA-, se acuerda conforme lo sugerido por el ministro visitador solicitar informe a su director sobre el número de pacientes que se mantienen hospitalizados y de ellos cuáles presentan condiciones médicas para permanecer en dicha sección", agregó.
Uso racional
Mauricio Maya, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), por su parte, explicó que solicitar y decretar prisión preventiva son atribuciones de la Fiscalía y de los tribunales de justicia y según los diferentes marcos legales, en el contexto de la persecución penal.
En este sentido, afirmó que la prisión preventiva tiene por objetivo garantizar las diligencias de la investigación ante un peligro para la sociedad o para las víctimas y riesgo de fuga.
Señala Maya que "el llamado que ha realizado el instituto en otras ocasiones es al uso racional de la prisión preventiva, considerarla como medida de última ratio y no abusar de ella".
Primera vez
Para Tabata Recabarren, abogada penitenciaria, el aumento de la delincuencia tiene estrecha relación con la falta de Estado en el país, lo que se acentúa en "la pobreza profunda, la desigualdad y la importación de formas delictivas unida al abandono de nuestras fronteras".
La penalista, con experiencia en esta materia, aseguró que la mayor cantidad de personas en recintos penitenciarios son condenados y las cárceles hacen girar su bajo presupuesto en base a este sector de la población penal. Sin embargo, sostuvo "que uno de los elementos de mayor preocupación en la política criminal debería ser poner foco y recursos en quienes delinquen por primera vez ya que en mi experiencia este sector de la población penal es el que tiene mayores posibilidades de rehabilitación y reinserción".
El otro punto observado por Recabarren tiene relación con el uso excesivo de la prisión preventiva. "En ningún caso esta puede constituir una pena anticipada como lamentablemente está ocurriendo en nuestro país. Las consecuencias del excesivo criterio de aplicación prisión preventiva en los primerizos generan consecuencias totalmente contrarias a los fines del proceso y de la pena".
Según puntualizó la abogada, los imputados sujetos a la prisión preventiva "se ven expuestos a un contagio criminológico en la que descubren nuevas formas de cometer delitos y de esta manera se exponen a ser víctimas de los vejámenes más atroces".
705 internos en calidad de imputados se mantienen en las cárceles de la región, con capacidad máxima de 480.