Traspasos a fundaciones
En este debate, lo aconsejable es escuchar la mayor cantidad de voces posible, en aras de la transparencia y el escrutinio de lo público.
Ya van varias semanas desde que el escándalo del traspaso a fundaciones estallara en Antofagasta, y lejos de terminar o amainar, cada día se van conociendo nuevas denuncias, con el ingreso a escena del Ministerio Público y la Contraloría General de la República para determinar si en los episodios que se han ventilado, ha habido delitos penales o faltas administrativas. En lo que son las responsabilidades políticas, ya se ha configurado la renuncia de autoridades y el debate político sigue enzarzado en los pasos que se deben dar a continuación.
Si bien la mayoría de los casos de traspasos hacia fundaciones que están bajo la lupa de la Fiscalía corresponden a reparticiones del gobierno nacional (ministerio de Vivienda y de Desarrollo Social), las esquirlas han llegado también a las gobernaciones regionales, entre ellas la de Los Lagos, donde el Ministerio Público abrió una investigación para dilucidar si hubo o no irregularidades en las millonarias transferencias a tres organizaciones: Corporación Participa y las fundaciones Kimün y Chinquihue, a las cuales se les encargó el desarrollo de programas de variada índole. Como se recordará, este tipo de traspasos fue visado por el Consejo Regional en los últimos meses del año pasado, cuando, de acuerdo a lo que se ha señalado desde la Gobernación, resultaba más o menos evidente que las constructoras estaban en problemas, decidiendo actuar bajo la lógica de ir más allá de los habituales proyectos de "fierro y cemento".
En lo que corresponde a la materia penal, es el turno ahora de la Fiscalía para determinar la eventual comisión de delitos. Si los hubo, se perseguirán responsabilidades, y si no, habrá de comunicarse pronta y oportunamente que todo estuvo en regla.
No obstante, habrá de advertirse que este capítulo ya no se agota en esta dimensión, pues hay otra, la de las actuaciones políticas, que debiese ameritar una reflexión serena acerca de la discrecionalidad en la entrega de recursos a fundaciones o corporaciones, sin licitaciones de por medio y, de acuerdo a lo que revelaron algunos consejeros regionales, con poca información y premura en la votación.
Para que la región siga consolidando su autonomía, el manejo de los recursos públicos exige la mayor de las transparencias y escrutinios posibles, y ninguna reflexión puede desmerecerse ni menospreciarse.