UDI anuncia querella y parlamentarios piden indagar posibles nexos políticos
CASO FUNDACIONES. Gobernador regional calificó de "especulaciones" los vínculos entre funcionarios de confianza con Fundación Participa y el PPD, y reiteró que "no existió ninguna instrucción para buscar fundaciones o corporaciones". Diputado Héctor Ulloa consideró grave esta nueva arista.
Una querella contra quienes resulten responsables por eventuales delitos que pudieran derivarse de los traspasos de recursos realizados desde el Gobierno Regional de Los Lagos a fundaciones y corporaciones, presentará en los próximos días ante la Fiscalía Regional un equipo de abogados de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Así lo confirmó ayer el abogado Carlos Oyarzún, quien junto a los profesionales Teresita Santa Cruz y Pablo Toloza, han liderado presentaciones similares ante las fiscalías de Antofagasta y Biobío, y trabajan en otras querellas que se interpondrán en las regiones del Maule, Arica y Metropolitana. Todo esto, en relación al escándalo que tuvo su origen en la millonaria asignación de recursos a Democracia Viva, hecho que destapó una serie de investigaciones por traspasos de cuantiosos montos a fundaciones vía asignación directa.
El 29 de junio la Fiscalía Regional anunció la apertura de una investigación de oficio y desformalizada, en específico para determinar eventuales irregularidades en las transferencias de recursos desde el Gore Los Lagos por $2.020 millones a la Fundación Chinquihue, $1.200 millones a la Fundación Participa, y de $1.200 millones a la Corporación Kimün.
Según detalló Oyarzún, en el "caso de Los Lagos hay particularmente dos situaciones que ameritan una investigación por parte de la Fiscalía: la fundación Participa y la fundación Kimün. Estamos hablando de contratos por $1.200 millones para saneamiento de títulos de dominio en distintas comunas de la región, de fundaciones que no tenían giro o que no tenían expertiz".
El giro de Participa
En el caso de Participa, el abogado detalló que al momento de aprobarse el convenio con el Gobierno Regional el giro de la fundación -declarado ante el Servicio de Impuestos Internos- era de investigación científica, "pero cuando estalla el caso de Antofagasta, esta fundación amplía su giro al que debió haber tenido al momento de celebrar el convenio", dijo. "Por otra parte, nos llama mucho la atención que se adjudique la materia: saneamientos de títulos de dominio, cuando esta fundación primero había sido muy activa desde el punto de vista político a favor del Apruebo y además tenía dos contratos previos con el Fondo Nacional de Seguridad, que los otorgaba la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, la correlación que existe entre el objeto de un convenio y el otro creemos que es muy extraño y que amerita una investigación, sin mencionar además la magnitud de los recursos", enfatizó.
Oyarzún precisó que lo que se busca con la presentación de esta querella es poder hacerse parte de esta investigación, "ponernos a disposición de la fiscalía para eventualmente indagar más convenios u otras fundaciones y además ir pidiendo diligencias investigativas durante el curso de la investigación y finalmente lograr formalizar a los responsables".
NExos políticos
Con respecto a eventuales nexos que pudieran existir entre funcionarios de confianza del Gobierno Regional con la Fundación Participa y el PPD, el abogado Oyarzún fue claro. "Cualquier información que permita a la Fiscalía tener la imagen completa de lo que ha pasado, de cómo se ha ido planificando todo esto, no solamente en la Región de Los Lagos sino que a nivel nacional, nos parece que es útil. Lo que sí es muy importante de recalcar es que tienen que haber formalizados y tienen que pagar con penas quienes incumplieron o cometieron este desfalco de recursos", opinó.
El diputado (Ind-UDI) Fernando Bórquez expresó que debiera ser un órgano externo, como Contraloría o en su defecto el Ministerio Público, el que investigue el trabajo de las fundaciones en la Región de Los Lagos y si el traspaso de recursos a estas se ajustó a la legalidad. "Y transparentar si existen vinculaciones políticas en estas asignaciones. Fiscalía está realizando una investigación, ese es el camino correcto ante cualquier tipo de duda o denuncia. Hay que dejar actuar a los órganos pertinentes, ellos serán quienes sancionarán en el caso que existieran irregularidades en el uso y asignaciones de los recursos fiscales, que son de todos los chilenos", insistió.
Quien también emitió un pronunciamiento fue el diputado Héctor Ulloa, miembro de la bancada Independiente-PPD de la Cámara Baja. El parlamentario aseveró que le "parece grave que existan nexos familiares entre personeros del Partido Por la Democracia y militantes que puedan haber tenido influencia en la asignación de recursos. Es una situación que de todas maneras la Contraloría y Fiscalía deben investigar, a fin de despejar cualquier tipo de duda asociada a probidad, sobre todo ante la entrega de cuantiosas sumas de dineros provenientes de arcas fiscales".
Ulloa se mostró extrañado por el monto asignado a una fundación de Santiago y agregó: "Me parece que no se justifica transferir recursos a una empresa o consultora privada en temas que son propios del Ministerio, y por el cual se pagan sumas muy altas en comparación a lo que le cuesta a la cartera realizar el mismo trámite".
En un tono más crítico se mostró el senador UDI Iván Moreira, quien cuestionó que las fundaciones "están convertidas en verdaderas máquinas del robo armado y en los recaudadores de algunos partidos políticos de izquierda, recibiendo miles de millones para realizar trámites al doble de lo que normalmente costarían. Creemos que incluso la ineficiencia tiene un límite, y estas fundaciones sobrepasaron todo umbral, con una complicidad del Gore que nunca fue capaz de advertir que estos recursos están siendo mal utilizados".
Especulaciones
Por su parte, el gobernador regional Patricio Vallespín se negó a opinar sobre lo que calificó como "especulaciones".
"Yo no me hago cargo de especulaciones, en las noticias se puede especular, en la acción no se puede especular. Lo único que puedo decir claramente es que desde el Gobierno Regional, y desde este gobernador regional no existió ninguna instrucción para buscar fundaciones o corporaciones tipo A, tipo B, ni tipo C", expresó la autoridad.
Vallespín volvió a referirse a la investigación que está realizando la Fiscalía Regional en relación a los convenios entre el Gobierno Regional y fundaciones a las cuales se les traspasaron recursos durante 2022. "El Ministerio Público que indague todo lo que tenga que indagar para tener los antecedentes de lo que está estudiando, me parece súper pertinente y razonable, tendrá sus razones para eso (...) Estamos haciendo todo lo que dijimos, colaborando y entregado toda la información que corresponde", aclaró.
3 de enero 2023 se emitió decreto del Programa Saneamiento Títulos de Dominio para Familias Vulnerables.
22 de junio de 2023 Participa amplió su giro ante el SII a actividades de fundaciones y corporaciones.