Correo
Puerto Varas y Fundación
En el último concejo municipal de Puerto Varas, el concejal Antonio Horn solicitó al Alcalde Tomás Gárate que aclare sus vínculos con fundaciones que se habrían visto beneficiadas desde que asumió el cargo.
Sería una verdadera red que llega hasta Urbanismo Social, la conocida fundación que está siendo investigada a lo largo de Chile por beneficiar precisamente a partidarios del Frente Amplio, sector del que el alcalde intenta -fallidamente- desmarcarse desde que el sol ya no le favorece.
Quince días de plazo se iniciaron para que pueda responder por escrito. Estaremos atentos.
Felipe Ignacio Pereira, abogado.
Fundaciones y seguridad
Los acontecimientos derivados del bullado caso Fundaciones han demostrado que en el país, y de forma muy especial en regiones, hay dinero; el problema es cómo a veces se malgasta y lo más grave es que puede haber una finalidad política, es decir, muy diferente a lo que motiva la misma entrega de recursos.
Tal como lo ha dicho el Contralor General de la República, puede ser legal, pero muchas veces no ético, y ese es el gran problema. Ahora, si se contabilizan los recursos entregados a fundaciones queda claro que, de haber un buen uso, la problemática de la seguridad se hubiera atenuado en gran medida. Un buen gasto hubiera sido generalizar las alarmas comunitarias. Muchas comunidades, poblaciones o condominios lo piden, pero raramente tienen respuesta de quien se la debiera otorgar.
En seguridad, los pesos no se malgastan, tiene una diversa utilidad, se podría aumentar la cantidad de guardias municipales, se podría mejorar la iluminación en sectores riesgosos, se podría invertir en mejoramiento de plazas, se podría incentivar el deporte y la cultura, pero sin intermediarios. En fin, molesta mucho lo que escasea y por otra parte lo mucho que se dilapida.
Alberto Contreras Silva.
Velocidad en las calles
Volver a reponer la velocidad máxima en 60 km/h en zonas urbanas, como lo proponen algunos parlamentarios, podría constituirse en un grave retroceso en la estrategia por mejorar los índices en seguridad vial del país.
A lo largo de los años se han desarrollado cruzadas que finalmente han resultado en Leyes, tales como la reducción de velocidad en zona urbana, Ley Emilia, Ley de Convivencia de Modos, entre otros. Sin embargo, las cifras no reflejan el esfuerzo realizado. Sin ir más lejos, en el año 2022 se empinan por sobre los 86 mil siniestros viales, mientras que los fallecidos fueron 1.745 personas, la cifra más alta de los últimos 14 años. Esto a pesar de los importantes esfuerzos realizados en prevención y capacitación. En el mundo laboral el panorama tampoco es muy alentador: el 72% de los accidentes con resultado de muerte en contextos laborales corresponden a accidentes de tránsito.
Si bien 10 km/h suenan poco, lo cierto es que sí hacen la diferencia a la hora de salvar vidas. Estudios internacionales demuestran que el aumento de 1 km/h en la velocidad promedio de una vía aumenta en 5% las lesiones y en 7% la posibilidad de que el siniestro tenga consecuencias fatales. Además, la velocidad incide exponencialmente en factores de riesgo como lo son la severidad del accidente, los tiempos de reacción y la percepción o juicio de la distancia, ya sea para un peatón, ciclista o conductor de un vehículo motorizado.
La seguridad vial siempre debe ir de la mano con políticas públicas claras, contundentes y sostenibles, ya que esa es la única manera de salvar vidas.
Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad
Reforma tributaria
En el contexto de una nueva discusión en torno a una reforma tributaria, y a propósito de las diferentes posturas que existen en torno a ella, es probable que la conversación se torne más técnica (y seamos capaces así de converger a un pacto fiscal) si es que un organismo internacional lleva a cabo un estudio sobre la eficiencia del gasto público en Chile.
Un estudio externo sobre la eficiencia del gasto público, por ejemplo, llevado a cabo por el BID o la OCDE (y validado por Dipres), permitiría objetivar la discusión respecto de cuáles son los recursos con los que cuenta hoy el Estado, cuáles son las posibles oportunidades de mejora en el manejo de los recursos fiscales y, en consecuencia, determinar así cuáles son los ingresos tributarios marginales extra que requerimos para atender adecuadamente y de manera sustentable en el tiempo, las demandas que hoy día están sobre la mesa. Más aún, se podrían definir umbrales en términos del nivel del Producto Interno Bruto, que gatillen la anexión de nuevas políticas o ayudas sociales en el futuro, o la ampliación de las ya existentes.
Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma
Argumento previsional errado
Un punto prioritario del Gobierno con su reforma previsional refiere a eliminar la industria previsional propiamente tal con el fin de mejorar las pensiones, argumentando las altas comisiones de la industria. Pero, en términos prácticos, un estudio de Paula Benavides y Rodrigo Valdés del año 2018 demuestra que este elemento incide poco en la pensión final, ya que si el 50% de las utilidades de la industria previsional se fueran a las pensiones, éstas sólo mejorarían entre un 3% y 4%, lo que en ningún caso cambia la realidad de los pensionados.
La industria previsional en la actualidad cumple una operatoria compleja de manera eficiente, como lo fueron los pagos de los tres retiros previsionales. ¿Por qué incorporar al Estado en algo que sería más oneroso, caro y riesgoso para los chilenos?
Eduardo Jerez Sanhueza