Concejo Municipal declinó pronunciarse sobre lapidario informe de la Contraloría
PTO. VARAS. Órgano regional determinó la responsabilidad administrativa del ex alcalde Ramón Bahamonde, quien a su vez cuestionó lo tardío del dictamen.
Con dos votos a favor y tres abstenciones de los concejales Marcelo Salazar, Rodrigo Schnettler y Nataly Schadow, el Concejo Municipal de Puerto Varas declinó emitir un pronunciamiento formal respecto al resultado del sumario emanado desde la Contraloría General de la República, que estableció la existencia de responsabilidad administrativa del ex alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, respecto de tres cargos formulados que derivaron en un perjuicio para las arcas fiscales por más de $31 millones.
El pronunciamiento fue solicitado por la propia Contraloría al Concejo Municipal de Puerto Varas, a fin de que se manifestara sobre la responsabilidad administrativa, pese a que en el informe que se hizo llegar el 10 de julio al municipio lacustre ya concluye que ésta "se encuentra debidamente acreditada en los cargos que le fueron imputados" y que "las conductas acreditadas en este sumario dan cuenta de un actuar negligente", reza el oficio N°E365199/2023.
En el documento, la Contraloría formuló tres cargos en contra del ex jefe comunal. El primero "por no haber ejercido un control jerárquico permanente respecto del adecuado funcionamiento de la Dirección de Finanzas, por cuanto en el periodo entre diciembre de 2016 y enero de 2019, no fue reajustado el monto que debía enterar el concesionario del sistema de tiempo de estacionamientos, la empresa Deco & Gourmet, conforme a las modificaciones tarifarias realizadas en los contratos suscritos entre el municipio y la empresa".
El segundo cargo se relaciona con que "en su calidad de alcalde no ejerció un control jerárquico permanente de las unidades y la actuación del personal de su dependencia por cuanto en el proceso licitatorio denominado 'Convenio de suministro de servicio de difusión de prensa y promoción radial con cobertura urbana de Puerto Varas'", dado que "en su desarrollo y posterior adjudicación no se ajustó a las bases administrativas y sus anexos".
Finalmente, el tercer cargo vuelve a referirse a la concesión del servicio de parquímetros en 2017 para cuestionar una cuarta prórroga de la concesión entregada a la empresa Deco & Gourmet Ltda., sin que se cumpliera la norma que regula los procesos de contratación que realicen los organismos de la administración del Estado. En este ámbito, el ente contralor estimó que se contravinieron los principios de eficiencia, eficacia y control, y a que las renovaciones sucesivas de contratos pugnan con el sistema de propuesta pública".
Responsabilidades
Frente a este último cargo, la concejala Rocío Alvarado realizó una particular observación. "El contrato de la concesión de estacionamientos tiene fecha original del 1 de julio de 2009 y se renovó en cuatro oportunidades por distintos concejos. Pasaron dos periodos municipales entremedio. Y todas esas renovaciones pasaron por el concejo. Por lo tanto, lo que está investigando y declarando Contraloría de que se hicieron de manera contraria a la ley de compras públicas, también me parece que es una responsabilidad que los propios concejales, quizás hoy día, extemporáneamente, debieran asumir", declaró.
Cabe consignar que el informe de Contraloría fue analizado el 17 de julio por la Comisión Jurídica del Concejo Municipal.
Quien tuvo palabras críticas hacia la Contraloría fue el propio aludido en la investigación, el ex alcalde Ramón Bahamonde. "La idea es inhabilitarme y colocar una suerte de desprestigio a la gestión que en todos los conceptos tienen una respuesta lógica, clara y categórica. Si la Contraloría emitió un informe tardío, no es responsabilidad de quien debe defenderse. Estos hechos se suceden en 2017 y Contraloría se pronuncia en un informe después de 6 años. Qué triste el papel de la Contraloría".
7 de julio de 2023
2009 es la fecha en que se despachó desde la Contraloría Regional el sumario administrativo contra el ex alcalde.