Conflicto por las "zonas contiguas"
Dado que la vía judicial suele ser larga, se requiere de una solución que evite que el problema de los pescadores bentónicos escale a situaciones más complejas.
En una complicada situación han quedado los pescadores bentónicos de Los Lagos, luego que la Corte de Apelaciones de Coyhaique dictara una orden de no innovar, en respuesta a un recurso de protección presentado por 13 gremios de Aysén y que, en concreto, les prohíbe extraer erizo, luga roja y almeja desde la Región de Aysén. Tal libelo lo interpusieron en contra de un acuerdo firmado por los gobiernos de Los Lagos y de Aysén, y que le permitía a los pescadores de esta región poder ejercer su labor en las denominadas "zonas contiguas", que no es otra cosa que trasladarse a la región aledaña para extraer el recurso marino.
El impacto de tal prohibición, como ya lo han manifestado los parlamentarios de la región, representa un severo perjuicio para los pescadores bentónicos. Se afecta a 1.500 familias de forma directa y, por extensión, a tantas otras que se encuentran en la cadena productiva. Ni siquiera una resolución de la Subsecretaría de Pesca, de mayo de este año, que autorizaba la ampliación del radio de acción, sirvió para que el tribunal de alzada de Aysén le diera la razón a los bentónicos de esta zona, quienes ya han iniciado acciones de protesta para manifestarse en contra del dictamen judicial. Calbuco y Quellón, precisamente, fueron el escenario de las primeras movilizaciones esta semana.
El gran problema ahora es que un conflicto social y político caminará ahora con dos velocidades. Uno con el ritmo que impone cualquier proceso judicial, como lo es un recurso de protección, que resulta alambicado, con plazos que no son urgentes y que muchas veces se resuelve, a favor o en contra, cuando ya el conflicto se superó o se extinguió. El otro es la arista social, con pescadores que exigen ahora ya el respeto a un acuerdo suscrito por autoridades de ambas regiones, para poder trabajar y llevar el sustento a sus hogares.
Este desacoplamiento sin duda es un riesgo evidente de que el conflicto social escale a episodios mayores que requerirán la presencia activa del Gobierno. Para evitar aquello se necesita de la determinación de las autoridades regionales, de la Subsecretaría de Pesca y de los pescadores de ambas zonas, a fin de allanar un camino que al menos sea una solución transitoria.