La escena de detectives de la PDI ingresando a las dependencias del Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos ha constituido un episodio más, quizás el más llamativo, de la trama que se abrió hace unas semanas, cuando el Ministerio Público anunció que iniciaba una investigación por los convenios firmados el año pasado por la repartición estatal con tres fundaciones o corporaciones: Kimün, Participa y Chinquihue. Si era esto o no lo que el gobernador Patricio Vallespín quería evitar cuando fue a la Fiscalía a dejar voluntariamente 69 cajas de documentación, quedará ya para la anécdota. Lo relevante ahora es que el proceso investigativo está en marcha y mientras más pronto transcurra, mejor será para quienes les fueron incautados computadores y celulares, como para la propia opinión pública local, que espera certezas en cuanto a si hay responsabilidades penales o no en el traspaso de recursos públicos.

En la diligencia realizada el jueves pasado, la Fiscalía dispuso la incautación de equipos y documentación del gobernador, la administradora regional, tres directivos y un funcionario del Gore, frente a lo cual Patricio Vallespín ha vuelto a aseverar que la asignación directa de los proyectos, sin licitación de por medio, estuvo en plena regla, asegurando que no hay nada que ocultar.

Aunque las autoridades del Gobierno Regional han quedado en la primera línea de la mirada de la opinión pública (más aún con la espectacularidad de la policía arribando a oficinas públicas), hay otra instancia que debiese empezar a arrojar mayores luces acerca de lo que fue el proceso de aprobación de las transferencias, no tanto desde la dimensión penal, sino que desde la política. Asumiendo que no hay ninguna certeza todavía respecto de la eventuales responsabilidades penales, los integrantes del Consejo Regional deben salir del borde del debate y transparentar cuál fue la dinámica de la presentación de proyectos y su aprobación.

¿Votaron sin más lo que se les propuso? ¿Tuvieron tiempo para estudiar las iniciativas? ¿Alguno conocía a las instituciones patrocinantes, en particular las que venían de afuera? ¿No hubo siquiera un asomo de duda? Puede que no haya una dimensión penal, pero sí hay responsabilidades políticas que transparentar y que son cruciales para no retroceder en la lucha por dotar de mayor autonomía a las regiones.

La trata de personas tiene sus orígenes en el comercio de esclavos, esencialmente de personas de origen africano, a la cual se denominó discriminatoriamente como "trata de negros", incurriendo en un estereotipo vejatorio basado en el color de piel de quienes eran víctimas de este tráfico. Posteriormente, el mismo fenómeno fue conocido como "trata de blancas", en el que las víctimas del delito eran mujeres de piel blanca con la finalidad de ser explotadas sexualmente.

La trata consiste en el traslado de personas de un lugar a otro -generalmente de un país a otro- para ser explotada con fines laborales, sexuales e incluso la extracción de órganos para ser comercializados. Este delito se concibe como una cadena compuesta por diversos eslabones que actúan en la captación, transporte, traslado y recepción de las víctimas, en el que participan diversos sujetos, distribuidos en distintos países y/o lugares, actuando como crimen organizado.

Importa una grave vulneración a los Derechos Humanos de las víctimas, pues desconoce su calidad de personas, se les cosifica y se les considera como un bien transable, con tal de obtener réditos monetarios a costa del sufrimiento, el dolor y la explotación. Es un fenómeno relativamente nuevo en Chile, en efecto, su penalización se produjo recién en 2011, y que utiliza a nuestro país, mayoritariamente, como lugar de recepción de las víctimas.

Y pese a que es un crimen de gravedad, su nivel de conocimiento es menor si se compara con delitos como robo u homicidio.

Por ello, con ocasión de que el 30 de julio se conmemora el Día Internacional Contra la Trata de Personas, es relevante visibilizar este delito y concientizar a la ciudadanía sobre él, con la finalidad de prevenirlo e incentivar su denuncia cuando sea detectada su ocurrencia, para que ninguna víctima sea invisibilizada.

Es necesario resignificar a las víctimas de trata desde la perspectiva de Derechos Humanos, puesto que han sido y están siendo vulneradas constantemente, incluso con la existencia de víctimas secundarias, como son las familias al ser desarraigadas o sus hijos cuando son víctimas de trata junto a sus padres.

Este 27 de julio, con el hashtag #ningunavictimaquedaatras, realizaremos un hito de conmemoración por el Día Internacional Contra la Trata de Personas, en el Terminal de Buses de Puerto Montt, al cual están todas y todos invitados a ser parte y difundirlo también en sus redes sociales.

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Recrudece la delincuencia en Calbuco

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