Cores y traspaso a fundaciones
Tuvieron un rol crucial a la hora de aprobar los traspasos directos y se espera de ellos más claridades sobre la dinámica.
La escena de detectives de la PDI ingresando a las dependencias del Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos ha constituido un episodio más, quizás el más llamativo, de la trama que se abrió hace unas semanas, cuando el Ministerio Público anunció que iniciaba una investigación por los convenios firmados el año pasado por la repartición estatal con tres fundaciones o corporaciones: Kimün, Participa y Chinquihue. Si era esto o no lo que el gobernador Patricio Vallespín quería evitar cuando fue a la Fiscalía a dejar voluntariamente 69 cajas de documentación, quedará ya para la anécdota. Lo relevante ahora es que el proceso investigativo está en marcha y mientras más pronto transcurra, mejor será para quienes les fueron incautados computadores y celulares, como para la propia opinión pública local, que espera certezas en cuanto a si hay responsabilidades penales o no en el traspaso de recursos públicos.
En la diligencia realizada el jueves pasado, la Fiscalía dispuso la incautación de equipos y documentación del gobernador, la administradora regional, tres directivos y un funcionario del Gore, frente a lo cual Patricio Vallespín ha vuelto a aseverar que la asignación directa de los proyectos, sin licitación de por medio, estuvo en plena regla, asegurando que no hay nada que ocultar.
Aunque las autoridades del Gobierno Regional han quedado en la primera línea de la mirada de la opinión pública (más aún con la espectacularidad de la policía arribando a oficinas públicas), hay otra instancia que debiese empezar a arrojar mayores luces acerca de lo que fue el proceso de aprobación de las transferencias, no tanto desde la dimensión penal, sino que desde la política. Asumiendo que no hay ninguna certeza todavía respecto de la eventuales responsabilidades penales, los integrantes del Consejo Regional deben salir del borde del debate y transparentar cuál fue la dinámica de la presentación de proyectos y su aprobación.
¿Votaron sin más lo que se les propuso? ¿Tuvieron tiempo para estudiar las iniciativas? ¿Alguno conocía a las instituciones patrocinantes, en particular las que venían de afuera? ¿No hubo siquiera un asomo de duda? Puede que no haya una dimensión penal, pero sí hay responsabilidades políticas que transparentar y que son cruciales para no retroceder en la lucha por dotar de mayor autonomía a las regiones.