César Cárdenas

Una acusación por notable abandono de deberes presentaron cinco de los seis concejales de la comuna de Ancud, en contra del alcalde Carlos Gómez (Indep.).

En el escrito, los ediles solicitan la remoción del jefe comunal, al argumentar -entre otras causales- el no pago de cotizaciones previsionales a los trabajadores de la enseñanza pública, como el no pago de remuneraciones al personal de educación, además de obstrucción a la labor fiscalizadora del Concejo Municipal.

Sobre la presentación que quedó a la espera de ser admisible en el Tribunal Electoral Regional (TER) de Puerto Montt, lo que podría producirse en un plazo de dos a tres semanas, el abogado patrocinante, Raúl Oliva, enfatizó en la insistente solicitud de sus representados de información sobre la situación económica del área de educación, la que en muchos casos no ha sido entregada.

El jurista añadió que "lo que señalan los concejales de Ancud con mucha razón, es que ellos han pedido insistentemente información de carácter contable, financiera, y no la reciben. En muchos casos, porque no está. En el caso de la corporación de Ancud, Contraloría dice: 'Mire, aquí no hay un plan de cuentas, no hay contabilidad, no hay información sobre cuánto se debe respecto de las cotizaciones impagas; entonces es un verdadero caos, y ese es un tema de gestión".

En términos administrativos sobre la intervención del órgano contralor en este tipo de casos, el abogado argumentó que "Contraloría hizo hace muchos años una interpretación, señalando que como las corporaciones están dirigidas por el alcalde, porque la norma legal dice que el alcalde las preside, y el alcalde además designa a dos de los miembros de confianza del directorio, los que son el tesorero de la corporación y la otra es el secretario general, los dos ejecutivos más importantes".

Bajo este contexto, Oliva hizo hincapié en que "basándose en eso, la Contraloría dijo: 'Estos entes reciben fondos públicos', entonces lo que hace es ver el uso de los fondos públicos. Allí se ha podido dar cuenta Contraloría, que al pedir información, al hacer auditorias financieras, ha descubierto que no existe una normativa contable fiable".

Respecto a la acción de los concejales, recalcó que es "un notable abandono de deberes. Creo que va a depender de los magistrados, los jueces, los ministros que están a cargo del Tribunal Electoral. Pero aquí se tiene que hacer uso de la ley, que dice que si el alcalde incurre en irregularidades, hay que removerlo".

Sólo en remuneraciones, la deuda en educación en la comuna de Ancud supera los 807 millones de pesos.

El pleno del Consejo Regional (Core) acordó solicitar información respecto a inmuebles fiscales que son utilizados por funcionarios públicos en la región.

Ello luego de debatir sobre solicitudes relacionadas al trámite de concesión de uso gratuito a corto plazo de inmuebles fiscales ubicados en Puerto Montt, Cochamó y Los Muermos.

En la instancia, se resolvió que las solicitudes que involucraban a la capital regional, serían rechazadas.

El presidente de la Comisión Provincial Llanquihue, César Negrón, sostuvo que "hemos rechazado dos solicitudes que nos ha hecho Bienes Nacionales con respecto al uso gratuito a corto plazo de dos inmuebles que están en Puerto Montt. Consideramos que es necesario revisar este tema".

Argumentó que en Puerto Montt hay oferta de arriendo y que los funcionarios que están ocupando esos inmuebles "tienen la capacidad económica de pagar arriendos particulares. Hay que ver si hay solicitudes pendientes que sean de carácter social con respecto a estos inmuebles y no seguir entregándoselo a particulares".

Su par Patricia Rada ratifico esos dichos, al sostener que Puerto Montt "no es una zona extrema ni de difícil acceso, y además tiene oferta de arriendo, compra y venta incluso. Por lo tanto, nos parece necesario hacer una revisión a nivel regional de cuántos inmuebles fiscales hoy día se están utilizando por funcionarios públicos como vivienda".

El Gobierno Regional de Los Lagos ha tomado una decisión excelente al haber puesto término a un contrato que comprometía muchos recursos entregados a una fundación y exigir, como lo hizo el ministro Carlos Montes en el caso de Democracia Viva en Antofagasta, la devolución de lo no ejecutado.

Se espera el mismo nivel de severidad con a lo menos tres fundaciones que, de acuerdo a la ejecución a fines de mayo de la Dirección de Presupuestos, se encontrarían en situación similar.

Nada obsta que sigan los procesos de Fiscalía como el análisis pormenorizado en el Gobierno Regional (Ejecutivo y Consejo) respecto de cómo se tomaron acciones de entrega de volúmenes enormes de recursos a fundaciones hacia finales de 2022. En cada caso habrán de señalarse responsabilidades donde corresponda, buscando evitar cualquier nueva amenaza de "entrega dispendiosa" a fundaciones como modalidad de gasto y/o inversión preferente del Gobierno Regional. Siempre es adecuado distinguir entre fundaciones, puesto que las hay de gran trayectoria, solvencia y probidad.

Inversión efectiva

Todo hace ver que en el debate y en la Ley de Presupuestos de 2024, las disposiciones sobre esta materia aumentarán su exigencia a la luz de los graves hechos ocurridos. En mi opinión, estas transferencias deben ser excepcionales y rigurosamente fiscalizadas. Tanto el Ejecutivo como el Consejo Regional deberán mejorar claramente su accionar al respecto.

Desde mi conocimiento y mi práctica en inversiones regionales, nunca debe perderse el foco en la inversión efectiva, especialmente aquella que beneficia a los sectores sociales y territoriales más desfavorecidos. Los sistemas de agua potable rural (APR), los caminos básicos, los pavimentos participativos, la mejora de la infraestructura social básica y acciones precisas para el fomento productivo eficaz deben estar en la primera línea de dichas inversiones.

Adicionalmente, deben tomarse acciones que optimicen la inversión pública, con el concurso permanente de las Seremi y servicios públicos en la región, que son los que ejecutan las más de las veces la inversión en los territorios. Debe valorarse la acción conjunta con municipios, especialmente los más pobres, rurales y apartados.

Función pública

Debe evitarse el camino de "privatizar la función pública", desplazando recursos a entidades privadas, las que sólo en ocasiones muy calificadas lo pueden hacer mejor. ¿O acaso la Seremi de Bienes Nacionales no está preparada para recibir recursos para la contratación temporal de profesionales, para responder a la gran demanda de títulos de dominio? Y lo haría con recursos regionales modestos, generando títulos en mayor cantidad, oportunidad y rigor que el que eventualmente iba a ser ejecutado por fundaciones.

Se trata de rectificaciones imprescindibles, que requieren del Gobierno Regional decisiones acertadas, autocrítica cuando corresponda y apertura a otros puntos de vista fundados. La soberbia es siempre mala consejera, y lo es más cuando los porfiados hechos nos están llevando a rectificaciones urgentes.

"La soberbia siempre es mala consejera, y lo es más cuando los porfiados hechos nos están llevando a rectificaciones urgentes"