Redacción

Las relaciones entre el Gobierno y la oposición pasan por su peor momento luego de que se destapara el Caso Convenios y tras el robo de computadores que afectó el jueves pasado a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer se profundizó la crisis después de que se revelara una nueva sustracción de especies, esta vez desde la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Culturas, lo que generó una furiosa reacción de parlamentarios de Renovación Nacional (RN).

Un dato que condimentó este nuevo caso fue que la repartición está bajo el mando de Carolina Pérez, militante de Revolución Democrática, el partido del que también eran parte los involucrados en los convenios entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la exsubsecretaria de Vivienda y una serie de personeros más, entre los que la oposición acusa también al ministro Giorgio Jackson (Mideso).

Lo que empeora la situación es que Pérez fue colaboradora de Democracia Viva.

El delito en la subsecretaría del Patrimonio, con sede en el Palacio Pereira de calle Huérfanos, en el centro de Santiago, consistió en el robo de dos computadores. Luego, el Ministerio Público anunció que se nombró a Tania Sironvalle como fiscal especial para investigar los robos en ministerios.

Consultado por el nuevo robo en dependencias del Gobierno, el diputado Andrés Longton (RN) expresó el enojo de su partido con este hecho: "Este es un escándalo. No resiste más. El Gobierno no puede hacerse el desentendido y tratar de atribuir esto a una cuestión política. Están riéndose de todos los chilenos".

"Sigue la dinámica de eliminar la evidencia que puede ser vital para la Fiscalía. El llamado para la Fiscalía, pero también al Gobierno, es que se haga cargo de este espectáculo bochornoso. Acá están desfalcando al Estado de Chile, platas de los más vulnerables y la evidencia de que eso está ocurriendo está siendo ocultada o derechamente desaparecida. No puede ser que sea otro delito común", agregó.

El secretario general del mismo partido, Diego Schalper, advirtió que "vamos a recurrir a la Contraloría y la Fiscalía para investigar cada una de las aristas (...) por qué hemos sumado una tercera arista respecto a una nueva subsecretaria de Revolución Democrática. Son unos descarados, unos sinvergüenzas".

No devolverán fondos

Además, ayer se supo que el ministerio de Desarrollo Social dio término por anticipado al contrato con la empresa HM Seguridad SpA, burlada el jueves pasado, luego de que se detectara "una nueva irregularidad tras el ingreso de una persona no identificada ni registrada".

Para aumentar aún más las tensiones, al cierre de esta edición el ministerio de Vivienda reportó que la fundación Democracia Viva, a través de un recurso de reposición, se niega a devolver el dinero entregado por la seremi del Minvu en Antofagasta y que el Ejecutivo pidió reponer tras reventar el caso.

Ante ello, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reafirmó la decisión de su partido de no volver a la mesa de trabajo que busca un acuerdo para la reforma previsional mientras no se aleje al ministro Jackson del Gobierno porque "lo que ocurrió en sus narices para mí no es aceptable" y "nadie, con un mínimo de criterio, puede creer que lo que ocurrió en el ministerio de Desarrollo Social haya sido un delito normal".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que con esta decisión "la UDI de ha aislado sola" y que "no hay nada que se haya hecho incorrecto después de que el delito se cometió" (robo de notebooks y caja fuerte).

Sin embargo, tan sola no está la UDI tras la reacción de RN y el anuncio del Partido Republicano de que no participará más de la mesa de pensiones con sus parlamentarios y solo enviará a sus representantes técnicos.

La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de resolución donde se les pide a los partidos del Frente Amplio, en especial a Revolución Democrática, pedir perdón por el Caso Convenios. La iniciativa fue presentada por la bancada UDI, que emplaza al bloque a "que les pidan perdón a las miles de familias vulnerables del país que han sido vergonzosamente despojadas de millonarios recursos a manos de fundaciones ideológicamente falsas que fueron creadas con el único objetivo de defraudar al Estado para fines electorales o beneficio propio, y cuyo monto asciende, solo por ahora, a más de 8.800 millones de pesos".

El gobierno ha creado lo que denominó Comisión asesora contra la desinformación. La iniciativa ha despertado suspicacias de variada índole y algunas acciones legales (como la interpuesta ante el Tribunal Constitucional alegando reserva de ley en la materia). Se ha temido que la libertad de expresión pueda ser amagada o que este sea el primer paso para hacer enmudecer ciertas voces o controlar la información.

¿Es para tanto?

Una lectura desapasionada del decreto supremo que creó la Comisión no provee motivos para temer esos efectos. Después de todo, la Comisión deberá analizar el fenómeno de la desinformación, identificar las buenas prácticas para evitarla y el impacto que, de no ponerle atajo, podría producir a la democracia (eso y poco más dispone el artículo segundo del decreto). No será tarea de la Comisión ejecutar acción alguna, ni proponer proyectos de ley, ni nada que se le parezca.

Y el tema del que se ocupará no parece, sin más, desdeñable. Pero que no sea desdeñable no significa que la iniciativa no esté erizada de peligros conceptuales o intelectuales que son muy dañinos.

Hay dos bastante obvios que si la Comisión, a pesar de los embates, perdura, habrá que tener en cuenta.

La democracia, al menos en una de sus versiones (la conocida como democracia deliberativa) supone idealmente que la esfera pública es un ámbito donde se raciocina acerca de los asuntos comunes, acerca de lo que es mejor para todos. Conforme a una imagen que se ha presentado en múltiples estudios, el origen de esa esfera son los cafés y la prensa masiva, que brindaron, hacia el siglo XVII, la oportunidad de que ese diálogo deliberativo comenzara a producirse. Es obvio, sin embargo, que la esfera pública actual está lejos de ese modelo ideal. Hoy las redes han fragmentado las audiencias, las han estratificado hasta la minucia, y cada estrato funciona con sesgos de confirmación que los algoritmos estimulan. Esto no significa, desde luego, que ese tipo de esfera pública fragmentada sea necesariamente mala para la democracia (por el contrario, podría ayudar a que todos los intereses plurales y distintos de la sociedad contemporánea se expresen); pero plantea una pregunta acerca de la que urge meditar ¿cómo se forma la voluntad común que es propia de la vida democrática cuando las audiencias están fragmentadas y cada una, merced a las redes, vuelta de espaldas a la otra?

El fenómeno anterior no es propiamente desinformación, sino multiplicación de puntos de vista y de intereses. El peligro en esta materia (un peligro en el que la Comisión es cierto puede incurrir) es confundir la pluralidad de voces y de intereses y las divergencias que poseen a la hora de representarse la realidad, como si en vez de tratarse de la inevitable diversidad, fuera nada más que una sarta de mentiras a la que es necesario corregir. Basta pensar en el fenómeno de la política de la identidad con su idea de que cada grupo posee una forma de ver el mundo, para advertir hasta qué punto la inevitable diversidad de puntos de vista no puede ser tratada bajo el simplismo del binomio verdad o mentira. No hay en la sociedad moderna, en temas como los morales o los sociales, nadie, ni ministerio ni comisión, ni ministra, ni académico, que tenga ventajas epistémicas es decir mayor capacidad intrínseca que cualquier otra para detectar la verdad o repudiar la mentira.

En suma, el tema es del mayor interés; aunque no es claro (y por lo que se ha visto despierta muchas sospechas) por qué el gobierno debiera encargarse de él cuando carece de las competencias y los medios para hacerlo. Es probable que eso sea el fruto de una mala comprensión del asunto. Y es que para examinar este tipo de temas están, desde luego, la propia esfera pública y las instituciones autónomas de la cultura como, por lo demás, se advierte fácilmente al revisar la literatura existente relativa a la actual arquitectura del espacio público.

Habría motivos para erizarse, claro, y ponerse en pie de guerra si esta Comisión estuviera animada por el designio oculto de dar el primer paso para inhibir el debate y ahogar lo que, a partir de un famoso fallo, se llama el mercado de las ideas. Pero -la verdad sea dicha- decir eso o insinuarlo sí que parece desinformación.