Cores piden auditorías en medio del escándalo del caso Kimün
EN MAULLÍN. Por primera vez desde que se destapó la polémica de los convenios con fundaciones, los consejeros acordaron pedir información de cómo llegaron y se eligieron a estos ejecutores.
Recién cuando se cumplieron 47 días desde que estallara a nivel nacional el denominado Caso Convenios y menos de 24 horas desde que el Gobierno Regional decidiera presentar la primera querella por defraudación y apropiación indebida en contra de una de las 27 fundaciones y corporaciones a las que se les transfirieron recursos para desarrollar programas, el Consejo Regional de Los Lagos aprobó la solicitud de antecedentes que permitan transparentar cómo llegaron y cómo se eligieron a las entidades ejecutoras.
Al mismo tiempo, los consejeros regionales aprobaron un requerimiento para realizar dos auditorías externas: una dirigida a la unidad de control, para esclarecer cómo se gestó el proceso administrativo de transferencia de recursos a entidades ejecutoras respecto de programas de inversión; y otra destinada a evaluar la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del Gobierno Regional en el marco del mismo proceso de transferencia de programas.
Los acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los cores presentes en la sesión plenaria de ayer realizada en Maullín -con la sola excepción del gobernador regional, quien se encuentra participando en la cumbre del hábitat en Colombia-, a proposición de los miembros de la Comisión de Hacienda, luego de un debate que se extendió por más de dos horas y que estuvo marcado por las observaciones presentadas por Contraloría a 22 convenios, el sumario ordenado por el ente contralor por traspasos realizados desde el Gore a la Corporación El Canelo y a la información proporcionada por el vicepresidente de la Corporación Kimün, respecto de la imposibilidad que tendría la entidad para devolver los $1.200 millones transferidos desde el Gobierno Regional.
La consejera María Angélica Barraza, presidenta de la Comisión de Hacienda, informó que los primeros acuerdos se relacionan con requerir a todas las divisiones del Gore que hayan sido formuladoras de propuestas de programas, que informen pormenorizadamente respecto del origen de la unidad ejecutora de cada uno de los programas aprobados el año pasado, incluyendo, además, la información de quién recomendó la entidad, cómo llegaron y los antecedentes que sirvieron de fundamento para la elección final. Asimismo, se acordó pedir al Gore informar las acciones administrativas que se tomarán respecto de la continuación en la ejecución de los programas que han sido representados por parte de Contraloría en el marco del trámite de toma de razón.
Explicación jurídica
La sesión plenaria de este miércoles fue calificada por algunos cores como "el matinal de los abogados", dado que gran parte del debate, que se extendió por más de dos horas, se relacionó con la exposición de la unidad jurídica respecto de las representaciones de Contraloría a 29 de las 35 resoluciones que aprobaron los convenios de transferencia del Gore a fundaciones, corporaciones y universidades, como asimismo a las dudas de los integrantes del Consejo Regional respecto a las garantías de respaldo presentadas por los ejecutores y la preocupación por el caso específico de Kimün, luego que el Gore rechazara el recurso de apelación de la corporación y presentara una demanda de cobro ejecutivo del pagaré.
En la primera parte, el jefe jurídico del Gore, Alejandro Macías, detalló la cronología de todo el proceso de toma de razón de los convenios ante Contraloría, a partir de la fecha de suscripción en diciembre de 2022.