Según este detalle, las primeras observaciones de Contraloría regional se presentaron en enero de 2023 y se relacionaban, por ejemplo, con no haber indicado metas y plazos del programa, no haber indicado un plazo para la restitución de los recursos no utilizados o cuestionados, o no indicar la obligación de los ejecutores de publicar el convenio y estado de resultados en su página web.

Las respuestas a las observaciones fueron ingresadas a Contraloría el 14 abril y un mes después, el 16 de mayo, se devolvieron las resoluciones con nuevas objeciones. Tras conversar una solución directamente con la Contraloría Regional, según el Gore, esta tomó razón sin alcances de seis resoluciones afectas que correspondían a programas de la Fundación Prodemu, Codesser, Instituto de Fomento Pesquero, UACh, USS y la Fundación Superación de la Pobreza.

Sin embargo, a juicio de Macías, el 29 de junio -mismo día en que se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía de Los Lagos por el Caso Convenios- el contralor general instruyó la prórroga del plazo de toma de razón de 29 resoluciones que se encontraban en trámite. Aquí es donde en opinión de los funcionarios del Gobierno Regional se produce un "cambio de criterio de la Contraloría y la aplicación de un estándar más elevado" para los convenios.

"A partir del 29 de junio vinieron las 29 representaciones con cosas absolutamente nuevas, cosas absolutamente distintas de lo que antes nos habían dicho. La verdad que nosotros no podríamos cuestionar el actuar de Contraloría, en el sentido que ahora, con este nuevo criterio, porque digamos las cosas como son, sí lo es, que incluso dista de lo que ellos actuaron al tomar razón de nuestros resoluciones, nos están en el fondo pidiendo nuevas exigencias y el Gobierno Regional se encuentra hoy abocado a la tarea de solucionar estas cosas que ahora nos observa Contraloría. Lo que es importante rescatar, y lo decimos con total firmeza desde la Dirección Jurídica, nosotros no hemos mentido acá", expresó el abogado Ernesto González.

Estalla el Caso Kimün

La información que este miércoles publicó Diario El Llanquihue, acerca de la compleja situación por la que atraviesa la Corporación Kimün, cuyo CFT e IP que administraba hasta el 17 de julio pasó desde esa fecha a manos de la Fundación para el Desarrollo y el Liderazgo Indígena (Fundelin), que preside Diego Ancalao; esto, sumado a las declaraciones del vicepresidente de la entidad, Arnoldo Ñanculef, sobre que "no existe posibilidad alguna" que la corporación pueda devolver los $1.200 millones traspasados desde el Gore, motivó la incertidumbre de los cores y las críticas hacia el Gobierno Regional.

El consejero (RN) de Osorno, Alexis Casanova, expresó su descontento debido al hecho que "el Gobierno Regional de Los Lagos ha estado en la palestra aproximadamente durante dos semanas y media. No es agradable como consejero regional aparecer en los medios por este tipo de cosas", dijo, a lo que agregó sus dudas por el caso de Kimün. "Me llama profundamente la atención que se entreguen 1.200 millones sin de por medio firmar un convenio", observó.

"Kimün usó la plata para cualquier cosa menos para ejecutar el programa", fue la frase que utilizó el core César Negrón (RN) para describir la molestia.

En tanto que la consejera UDI Andrea Iturriaga apuntó a la responsabilidad administrativa en el Gobierno Regional y a la eficacia de los instrumentos de resguardo financiero. "En Corfo hasta con el más mínimo proyecto se exigía boleta de garantía. Yo creo que el pagaré no corresponde a un instrumento de un Gobierno Regional por $1.200 millones. Es insuficiente y me pregunto qué pasa con los otros seis que están con pagarés. ¿También van a empezar a traspasar todos sus fondos? ¿Por qué una Corporación como Kimun puede hacer el traspaso de sus fondos porque dicen que ya no me corresponden a mí, porque ya fueron utilizados para otra cosa? ¿Cómo ocuparon fondos que eran para un saneamiento de títulos en procesos internos de ellos, si era para que se ocuparan en lo que nosotros dijimos para lo que era?", cuestionó la representante de Osorno, quien al cierre de su exposición se mostró preocupada por las palabras del contralor nacional en cuanto a la existencia de corrupción. Por tal motivo, volvió a inquirir, ¿existe o no existe corrupción en este Gobierno Regional? Y si el contralor nacional dice que hay corrupción, bueno decirle no hay corrupción en este Gobierno Regional", enfatizó.

Por su parte, el core Francisco Paredes (PDG) también fue crítico con la gestión interna del ejecutivo. "Acá se presume desprolijidad en la parte administrativa, hay un descuido que se posicionó en nuestro Gobierno Regional, también por parte del Core, que hemos sido desmesurados, descuidados también. Acá hay complacencia, hay condescendencia y eso no debe pasar. Acá estamos para fiscalizar", dijo y del mismo modo cuestionó la existencia de programas a los cuales se transfirieron recursos sin toma de razón de Contraloría. Frente a este punto fue tajante: "Ya no podemos ser tan descuidados y asumir nuestro rol como corresponde. Nunca más votaré ni aprobaré algún programa a fundaciones cuando esto sea de rápida votación. Aquí hay que hacer las cosas bien".

Respecto al tema de la Corporación Kimün, el abogado del Gore, Alejandro Macías, informó que previo a poner término al convenio se les solicitó a todos los ejecutores informar el saldo que tenían en sus cuentas corrientes. La respuesta recibida la primera semana de julio por Kimün dio cuenta de que mantenía la suma de mil millones y fracción en la cuenta donde se le habían transferido los recursos, "lo que era concordante con lo que ellos habían rendido a la fecha a la Dirección de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir)", recalcó.

"Se establece una medida de embargo que no sirve de nada porque los recursos ya fueron traspasados y hablamos de $1.200 millones"

Rodrigo Wainraihgt, Consejero Regional de RN.

"Nunca más votaré ni aprobaré algún programa a fundaciones cuando esto sea de rápida votación"

Francisco Paredes, Consejero Regional PDG

5 de julio de 2023, Corporación Kimün informó al Gore que tenía la suma de mil millones en la cuenta donde se le habían transferido los recursos.

35 resoluciones de convenios emitidas por el Gore de la Región de Los Lagos la Contraloría prorrogó su toma de razón a partir del 27 de junio.

29 resoluciones de convenios fueron representadas por la Contraloría por razones que son distintas a las observaciones que ya había presentado antes.

Macías defendió la presentación -este martes- de una demanda de cobro ejecutivo para asegurar los recursos en el caso que el Gore solicite la devolución íntegra y aseveró que tal medida "en la práctica surtiría el mismo efecto de una medida prejudicial". Tal afirmación fue rebatida por el presidente del Core, Rodrigo Wainraihgt. "Si tú hoy vas a embargar no vas a embargar nada. Si la fundación ya no tiene nada. Y cuando tú te das cuenta que hay incumplimientos y tú le pones término al contrato porque hay incumplimientos, inmediatamente generas la medida precautoria prejudicial (…) Hoy en día se establece una medida de embargo que no sirve de nada porque los recursos ya fueron traspasados y estamos hablando de 1.200 millones de pesos", subrayó el representante de Llanquihue.