Aunque el escándalo desatado luego de la advertencia de Kimün, en cuanto a que no podrá devolver los dineros al Gobierno Regional de Los Lagos está todavía en curso y con un final indeterminado (el senador Fidel Espinoza aseguró que pronto habrá formalizados por el Caso Convenios en esta parte del país), ya hay varias lecciones que se deben tomar en lo que se refiere a las decisiones sobre la asignación de los recursos públicos regionales. Sería voluntarista pretender afirmar que el modelo ha funcionado a la perfección hasta ahora y que no merece ningún tipo de reparos. La investigación penal de la Fiscalía a tres convenios que suscribió el Gore (con Kimün, Participa y Chinquihue), el sumario iniciado por Contraloría por el traspaso a una fundación en específico (El Canelo) y las enormes dudas que ha dejado el caso de Kimün y su declarada imposibilidad de restituir los fondos de un convenio que se dio por finiquitado, debiesen instalar forzosamente la necesidad de un debate y reflexión acerca del proceso de asignación de platas y el rol de las unidades del Gore y de los miembros del Consejo Regional.

Pese a que desde hace un mes se venía solicitando claridad acerca del mecanismo que se utilizó el año pasado para escoger a tal o cual fundación, en la perspectiva de que la región no "perdiera" por baja ejecución presupuestaria los dineros, recién esta semana los consejeros regionales acordaron solicitar esta información, además de pedir la realización de dos auditorías. No fue ni cuando el Ministerio Público abrió la investigación, ni a propósito de los allanamientos de la PDI a la Gobernación, tampoco cuando se advirtió en Kimün las primeras fisuras de su estabilidad institucional. Se hizo ahora, cuando esta última fundación declara abiertamente que no tiene forma de devolver los dineros de un proyecto por el cual se le traspasaron $1.200 millones.

Los consejeros regionales no pueden ser meros aprobadores o rechazadores de proyectos, menos si ellos mismos admitieron que el año pasado tuvieron pocas horas para conocer un proyecto y votarlo. Este cuerpo colegiado tiene que revisitar su rol, plantear oportunamente sus dudas, ejercer control y exigir datos apenas algo asome como incierto. De no hacerlo, el proceso de regionalización no sólo acá, sino que en todo Chile, corre serio riesgo de retroceder.

En Chile siempre ha existido el modus operandi del "cuento del tío", técnica que consiste en crear una historia ficticia, de manera presencial o telefónica para, mediante el engaño, robar o defraudar a la víctima. Los llamados "cuenteros" no son nada nuevo en el país, lo nuevo son sus víctimas más recientes.

En el último tiempo estos delincuentes se han dedicado a perpetrar sus acciones en reparticiones públicas, perdiendo el miedo al temido "papá fisco", como se denomina popularmente al Estado.

Las especies sustraídas son diversas, van desde armas hasta computadores, pasando por cajas fuertes, documentos y dinero.

En marzo, una llamada de un presunto coronel engañó a funcionarios del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. En la comunicación nocturna, el falso oficial dio la instrucción de entregar un importante número de pistolas, las que fueron recogidas por un grupo de individuos que llegaron hasta las dependencias ubicadas en calle Pedro Montt en Santiago. Toda una audacia robarle al mismo Ejército de Chile.

La misma técnica se utilizó para sustraer la caja fuerte y los notebooks del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Una llamada del falso ministro Giorgio Jackson, recibida por un guardia de seguridad, permitió la sustracción de computadores y una caja fuerte desde la repartición pública. Equipos que fueron retirados por presuntos sobrinos del secretario de Estado.

Ni Carabineros se libra de estos robos. A mediados de junio, también mediante el cuento del tío, sustrajeron armas y municiones desde los Almacenes Generales de Carabineros que se encuentran en avenida Quilín, en la comuna de Macul. Esta vez no fue una llamada, sino que un sujeto se presentó en la unidad, haciéndose pasar por un coronel de la institución, ordenando a los funcionarios entregar una caja fuerte a un tercero. La caja fuerte contenía dos armas y municiones.

Es curioso, pero aparentemente los delincuentes parecen haber encontrado falencias de seguridad en las reparticiones públicas. O tal vez estamos frente a funcionarios públicos y trabajadores del rubro de seguridad crédulos e ingenuos, que facilitan estas acciones.

En otros casos, sin el cuento del tío como modus operandi, también se ha sustraído armamento fiscal. Como el asalto que a principios de marzo afectó a la Capitanía de Puerto de Cochamó, o el robo de fusiles a infantes de marina en el fundo La Salinas de Viña del Mar, ocurrido en julio.

Quizás estamos frente a una crisis de respeto a las instituciones del Estado, que parece haberse perdido desde el denominado estallido social, crisis que también está afectando seriamente a la seguridad de los organismos públicos.

Ahora, si el Estado que debe garantizar la seguridad es víctima de los delincuentes, ¿qué queda para los simples ciudadanos?

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