Reunión en Frutillar con Boric explicaría cómo se gestó la búsqueda de fundaciones
REUNIÓN. Patricio Vallespín aseguró que en el acuerdo por la flexibilidad, suscrito el año pasado entre Dipres y los gobernadores regionales, no se "habló de ninguna glosa en particular", sino que reducir los trámites a la hora de adoptar determinaciones.
La firma del acuerdo por más flexibilidad presupuestaria, suscrito por el entonces presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Patricio Vallespín (Los Lagos) y la directora de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez (RD), fue una de las temáticas abordadas en el Segundo Foro para la Descentralización realizado el 9 de agosto del año pasado en el Teatro del Lago, de Frutillar, y que fuera organizado por la asociación de las autoridades regionales electas un año antes.
En el encuentro, los gobernadores regionales se reunieron con el Presidente Gabriel Boric, quien en esa fecha realizó su primera visita a la zona.
En la ocasión, además, el Mandatario destacó la labor de Martínez: "El acuerdo que acaba de firmar la directora de Presupuestos, que yo sé que no le gusta ser protagonista de estas cosas, pero que ha hecho una tremenda pega, y te felicito Javiera, porque sé también que hay muchos que dudaban en el momento cuando decidimos que una persona joven asumiera este desafío".
Transcurrido casi un año de este acuerdo de "flexibilidad", se conoció acerca de los traspasos de recursos que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.
De hecho, en Los Lagos, la Fiscalía indaga las transferencias efectuadas a las fundaciones Chinquihue y Participa, además de la Corporación Kimün.
En total, el año pasado el Gobierno Regional, con aprobación del Consejo Regional, transfirió $30 mil millones para la ejecución de programas sociales y de fomento productivo, a través de fundaciones, corporaciones y universidades.
Consultado sobre si dicho encuentro fue la génesis de las problemáticas que se viven en la actualidad, producto de los traspasos de recursos a entidades privadas, Patricio Vallespín precisó que se trata de dos temáticas distintas las que se acordaron en el protocolo de acuerdo con la Dipres, respecto a que exista mayor autonomía en los gobiernos regionales, en general, y no sobre una situación en particular.
Explica que en aquella oportunidad "no se habló de ninguna glosa en particular, sino que básicamente reducir la cantidad de trámites que había que hacer para tomar decisiones en las regiones", así como evitar pasos redundantes, como que Subdere realizaba lo mismo que Dipres.
Es por ello que el objetivo, precisó Vallespín, fue eliminar procedimientos, "pero en ningún caso guardó relación con esta temática en particular, porque eso fue la ley de presupuesto".
Detalló que la ley de presupuesto lo que hizo fue dar la posibilidad de que los gobiernos regionales, en función de las prioridades de cada territorio, pudiesen trabajar con instituciones públicas o privadas, resguardando todas las condiciones que sean pertinentes.
"Ello fue lo que se estableció en un protocolo marco que se ha ido avanzando, por lo que esperamos que no tenga retroceso, porque en el caso de nuestra región, nada tiene que ver con corrupción, sino que con procedimientos administrativos".
Inquietud
El senador Fidel Espinoza (PS), manifestó que si bien no participó de dicho encuentro "puedo señalar que fui el único, de los 205 parlamentarios, que en la discusión del presupuesto del año pasado comencé a manifestar mi inquietud respecto de la forma en la que se comenzaban a traspasar recursos a las fundaciones". En este sentido, recordó que en el marco de esta ley, le señaló a la directora de Dipres, "lo inaceptable que es que en lugar de entregarle plata directa a la ciudadanía para que mejoren su calidad de vida".
Es por ello, el parlamentario acusó la existencia de un diseño, sumado a que los gobernadores "quisieron flexibilización también para realizar lo que venía haciendo el Ministerio de Vivienda (Minvu), en cuanto a tener procesos de transparencia más directo a las fundaciones".
En su reflexión, manifestó que estima que no cree que el objetivo fuese "defraudar al Estado, pero sí permitió que algunos inescrupulosos vieran una llave abierta para ver la posibilidad de cómo defraudar al Estado y ello es lo que tiene a muchos gobernadores regionales en una condición muy complicada".
En la misma línea, el diputado Alejandro Bernales (PL), quien tampoco estuvo en la reunión, expresó que la intención de lo acordado en Frutillar guarda relación con que en ese tiempo "todo el mundo quería seguir fortaleciendo a los gobiernos regionales".
El objetivo, dice, radicaba en que esta figura descentralizada y electa por la ciudadanía, tuvieran mayor capacidad de decisión a la hora de utilizar los recursos que se les transferían.
En este sentido, Bernales plantea que lo que se generó fue "en torno a la buena fe, entregarle estas nuevas facultades a los gobiernos regionales para entregar los recursos de forma más rápida y menos burocrática".
Por lo mismo, sostuvo que ahora será el gobierno regional el que tiene que ver con cómo opera cada uno de estos gobiernos a la hora de transferir recursos y la forma en la que se adoptan las determinaciones en conjunto con los consejos regionales, así como pasan estos procesos por Contraloría.
Apuntó que "cómo se ha estado en una lógica de traspasar el poder a las regiones, a través de las gobernaciones regionales, estas autoridades han solicitado disponer de una mayor capacidad de decisión para implementar los distintos recursos para destinarlos a programas que ayuden a implementar políticas públicas que resuelvan las problemáticas existentes en la región.
9 de agosto del año pasado fue el encuentro entre el Presidente y los gobernadores regionales en Frutillar.