Caso convenios: Gobierno Regional no puede ser parte por estar investigado
EXPLICAN MEDIDA DEL TRIBUNAL. El abogado Sergio Coronado, que representa al senador Fidel Espinoza, es el único querellante en la causa. Acción penal es por 6 delitos. Fiscalía investiga lavado de activos, delitos de estafa y apropiación indebida.
Por ser parte investigada, el juez Francisco Almonacid, del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, rechazó la querella presentada por el Gobierno Regional (Gore), en el marco de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público en el llamado Caso Convenios.
En la audiencia de formalización de Diego Ancalao, vinculado a la Corporación Kimün, se revisaron las querellas presentadas por el senador Fidel Espinoza (PS) y por el Gore. Tras el debate, el magistrado rechazó la acción penal de la entidad gubernamental.
"Fuimos los únicos querellantes que participamos, ya que el abogado del Gore fue excluido y sacado de la sala de audiencias, en consideración a que el Ministerio Público y el juez señalaron que el Gobierno Regional es parte de la investigación. Es decir es (un organismo) investigado, por lo que no correspondía que interviniera como querellante. Además que su ley orgánica no los habilita en los términos que lo planteó el abogado para intervenir en la causa", explicó el abogado Sergio Coronado, quien representa a Fidel Espinoza.
Pese a las consultas realizadas por este medio, en el Gobierno Regional, hasta el cierre de esta edición, no se han referido a la determinación adoptada en el Juzgado de Garantía.
Prisión preventiva
De acuerdo a Coronado, la situación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) tampoco es clara, porque no ha presentado querellas, "lo cual es bastante llamativo, así que no pudo intervenir en la causa y solamente estuvo presente como oyente", en la misma audiencia, el abogado penalista del CDE.
Según el ex fiscal, "en nuestra calidad de únicos querellantes, pudimos escuchar la formalización del Ministerio Público, en la que se imputaron delitos al señor (Diego) Ancalao, entre ellos la obtención fraudulenta de prestaciones del Estado, del artículo 470, número 8 del Código Penal, denominado coloquialmente como fraude al Fisco y por lavado de activos del artículo segundo, que es uno de los delitos más complejos y delicados que existe actualmente en nuestra legislación".
Respecto de la prisión preventiva, el único querellante de la causa sostuvo que se sumaron a la petición del fiscal (Marco Muñoz), "alegando que estaban todos los elementos. La existencia del hecho, la participación clara del señor Ancalao en base a antecedentes bien importantes que pudo exponer el fiscal y la necesidad de cautela que hacía imperiosa la prisión preventiva de Ancalao, considerando, entre otras cosas, la naturaleza delicada y urgente de ciertas diligencias que ha dispuesto el fiscal. Así que en base a eso solicitamos esta petición, la cual fue acogida en conjunto con lo que planteó el Ministerio Público", argumentó.
Seis delitos
En la querella presentada por Sergio Coronado, se solicita que se investiguen seis delitos: Fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, lavado de activos y prevaricación administrativa.
"Nosotros apuntamos a la contraparte de la administración pública, porque creemos que es evidente lo que está ocurriendo (y lo que se investiga)", sostiene el abogado.
"El señor Ancalao no actuó solo. Se le dieron una serie de facilidades para hacerse de manera ilícita de recursos de todos nosotros, de todos los chilenos y es por eso que estamos planteando figuras asociadas justamente a eso, partiendo por el cohecho, el tráfico de influencia y también por la materia administrativa y la asociación ilícita, que es un tema no menor, que esperemos que la Fiscalía analice y pueda eventualmente plantear imputaciones respecto a eso", anotó Coronado.
Reserva
El magistrado Francisco Almonacid, del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, explicó los motivos de la reserva de la causa y por qué se ejecutó en la audiencia.
Dijo que las causas sobre lavado de activos tienen una norma especial que permite a los fiscales del Ministerio Público solicitar la reserva y luego evaluarla por el tribunal.
"Esta reserva ya había sido solicitada, en su oportunidad, por lo que estaba vigente y por lo mismo no tienen acceso a los antecedentes ni los medios de comunicación, ni tampoco terceros ajenos al proceso. Esto es una excepción porque los actos judiciales, entre ellos, las audiencias, son eminentemente públicas".