Parlamentarios valoran actuar de la Fiscalía, pero le piden diligencia
CASO CONVENIOS. Detención y posterior prisión preventiva decretada para Diego Ancalao hace coincidir a políticos locales en que "la justicia tiene que actuar" para tranquilidad de la ciudadanía.
En los últimos días la Región de Los Lagos ha estado en el centro del huracán político y el fenómeno no ha dejado indiferencias en ningún sector.
El viernes por la tarde se detenía, en Osorno, al ex candidato presidencial y representante de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, en el marco del polémico Caso Convenios.
Y el sábado la noticia se profundizaría aún más luego que el tribunal determinara prisión preventiva para el imputado, por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, estafa en perjuicio del fisco, entre otros.
Serán 120 días de investigación en que los ojos del país estarán puestos en la zona y desde el mundo político local el tema cayó como anillo al dedo para establecer posturas en una materia que lleva semanas remeciendo la actualidad nacional.
Sin sorpresas
Para el diputado Héctor Ulloa (Ind.), por ejemplo, es esperable el trabajo de la Fiscalía tras la detención y prisión preventiva "ante la red de corrupción que hemos visto. Sin duda, es el primero de muchos, de una red donde todos los responsables de estafar al Fisco o malversar fondos públicos deben asumir las penas correspondientes para éste tipo de delitos, que no deben existir en nuestra región ni país".
También valoró el actuar de la Fiscalía el RN Mauro González, para quien "hay que dejar que la justicia haga su trabajo, creo que hasta el momento la investigación ha avanzado en forma correcta, porque la Fiscalía de la región ha realizado un trabajo muy minucioso, pero acabado, con los resultados ya observados en la audiencia que terminó con la prisión preventiva de Diego Ancalao. La idea es aclarar todos los eventuales delitos que se hayan cometido y que si existen responsables sean sancionados, para que estos hechos no se sigan repitiendo".
Aclaración rápida
La importancia de no dañar la fe pública y aclarar rápidamente las situaciones son las miradas que aportan Jaime Sáez, diputado RD y el liberal Alejandro Bernales.
El primero pide que la justicia actúe con rigurosidad, "pero también con celeridad para que la verdad sea esclarecida en un tiempo oportuno, que no tengamos que pasar años esperando porque se aclare la situación en el Gobierno Regional y en general en el Estado de Chile. Los problemas con convenios y traspasos de organismos públicos a fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, es algo que no es exclusivo en esta región, está ocurriendo en todo el país y en la medida que esta incertidumbre se prolonga en el tiempo, se provoca un grave daño a la fe pública".
En tanto Bernales comparte en que "es sumamente importante aclarar rápidamente lo que ha pasado sobre todo con la Fundación Kimün y desde esa perspectiva, lo que está haciendo Fiscalía es el camino correcto, porque acá lo que hay que hacer, como decía justamente, es entregar transparencia a la ciudadanía que es lo que se hace con las platas públicas. Acá la semana pasada en una entrevista de, justamente Diario El Llanquihue, uno de los integrantes del directorio de Fundación Kimün expresó que los dineros se habían utilizado para pagar deudas y contratar personas en otras instituciones y eso evidentemente, a todas luces, por lo menos a mí, me parece que es un delito. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es aclararlo de cara a la opinión pública".
Más enfático en su postura se mostró el senador UDI Iván Moreira, quien además de valorar la investigación de la Fiscalía local calificó al caso en indagación como el "robo del siglo".
Agregó que "ya tenemos a una persona detenida como el señor Ancalao y estamos hablando de delitos de lavado de activos, fraude al Fisco y estafa que demuestran lo torcida de esta operación (...) Sería bueno que se investigara qué parlamentaria o parlamentario tuvo tantas influencias en el Gobierno Regional de Los lagos para que le entregaran estos recursos a esta fundación, sabiendo quién estaba detrás: el señor Ancalao, que no goza de buena reputación".
120 días de investigación decretó el tribunal puertomontino para aclarar la situación de Ancalao.